La reciente captura en Paraguay de miembros de una organización internacional que llevó 17 toneladas de cocaína de Bolivia y Colombia a Europa por un valor de 700 millones de dólares es una noticia más en este país dominado por el narcotráfico.
Un total de 855 pistas clandestinas y 31 escuelas de pilotaje, además de todos los parques nacionales tomados por los productores de coca y las fábricas de cocaína, mientras el gobierno se niega a activar los 13 radares que compró en 2017, han creado una realidad similar a la de Afganistán.
Andrés Flores, diputado de la tendencia de Luis Arce acaba de acusar a la gestión de Evo Morales de haber protegido a narcotraficantes, en respuesta a acusaciones similares, en sentido contrario, hechas desde el bando del cocalero del Chapare.
Carlos Romero, ex ministro de gobierno de Morales, había alertado de la existencia de una pista clandestina que tiene iluminación artificial para operaciones nocturnas en Bajo Paraguá, cerca de la frontera con Paraguay, y el gobierno demoró tres meses en llegar al lugar.
El informe dice que allí operaba una moderna fábrica de clorhidrato de cocaína que producía una tonelada por día, con instalaciones muy modernas y cómodas, que incluían un gimnasio para sus empleados, y que contaba con un sistema de seguridad que había sido capaz de mantener alejada a la policía durante años. Era un territorio tomado, como lo siguen siendo otras instalaciones del narcotráfico en otros parques nacionales.
El gobierno ha negado que en Bolivia estén operando cárteles extranjeros, pero el diario O Estado de Sao Paulo informó que el Primer Comando da Capital, PCC, no solamente opera en Bolivia, sino que tiene en este país incluso plantaciones de coca y fábricas para producir la droga que debe enviar a Europa en una operación con la mafia calabresa Ndranghetta.
Las acusaciones que se hacen los dirigentes del partido MAS, entre las facciones de Arce y Morales, sobre las conexiones que ambos tendrían con el narcotráfico, refuerzan las sospechas de que el cocalero líder de ese partido ha marcado la política boliviana desde principios de siglo.
Ahora, esas acusaciones se intercalan con las que los “arcistas” y los “evistas” se lanzan sobre el mal manejo de la economía, cuando la escasez de dólares en el mercado tiene paralizada las actividades legales debido a que el Banco Central no puede dar abasto a toda la demanda de la moneda norteamericana, provocando un mercado negro por primera vez en once años.
El gobierno ha sido capaz de controlar y cambiar a la moneda nacional los dólares que reciben los exportadores e incluso las remesas que llegan a las familias de sus parientes radicados en otros países. Pero es imposible hacer lo mismo con los millones que llegan al narcotráfico porque deben legalizarse, o “lavarse” previamente, lo que complica la llegada de ese torrente de dólares al flujo financiero legal.
El ministro de economía, Marcelo Montenegro, acaba de decir que la crisis económica se debe a que el país está “pagando las facturas” del mal manejo de la economía durante la gestión de Evo Morales, lo que ha sido replicado por los seguidores de este último recordando a Montenegro que quien manejó la economía por encargo del cocalero fue Luis Arce Catacora, como ministro de economía de 2006 a 2017.
La crisis ha convertido a La Paz en una ciudad sitiada porque los maestros protestan contra la ideologización del sistema educativo y los jubilados protestan porque el gobierno decidió echar mano a los aportes de los trabajadores para cubrir los huecos del ya crónico déficit fiscal.
Y todo esto cuando una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está de visita y debe escuchar protestas que reflejan las diferencias políticas de los bolivianos, entre los que detestan al gobierno y los que quieren defenderlo.
Por sus premuras, el gobierno no ha podido frenar, en el parlamento, el tratamiento de una ley que definirá como “terrorista” a todo aquel ciudadano que proteste contra las autoridades, como en Cuba o Nicaragua. Además, esa ley incluye la intención del gobierno de aplicar la censura previa en las actividades periodísticas y en las redes sociales.
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