La persecución del régimen de Daniel Ortega contra las organizaciones sin fines de lucro ha dejado a unas 3,4 millones de personas desatendidas, según informó la Fundación del Río en su último informe.
Desde abril de 2018, cuando comenzó la arremetida contra estos organismos, en Nicaragua ya han sido canceladas 3.363 entidades benéficas, lo que derivó, a su vez, en pérdidas por USD 255 millones y unas 24.483 personas desempleadas.
Esto “representa la reducción de un 46% de las personalidades jurídicas en Nicaragua”, advierte el escrito que detalló que, del total, 2.948 de las instituciones son nicaragüenses mientras 347 son internacionales. De las locales, el 52% estaban radicadas en el departamento de Managua y las provenientes del exterior eran originarias de Estados Unidos.
A su vez, el 98% de estos cierres se dio durante el último año y fueron oficializadas en 73 publicaciones en el diario oficial, La Gaceta. Para llevar a cabo estos mecanismos de represión, el régimen se valió de decretos de la Asamblea Nacional, acuerdos con el Ministerio de Gobernación, la Ley especial de Cambio Jurídico y una resolución administrativa.
La Fundación del Río es una de las más de 3.000 ONG disueltas por órden del régimen sandinista y formaba parte del 38% que destinaba sus esfuerzos a atender temáticas de derechos humanos. Otro de los aspectos abordados por una gran parte de estas organizaciones (74%) era el desarrollo en general del país y su población.
De todas formas, el impacto a largo plazo de estos entes no ha sido tan evidente ya que su promedio de operación era de unos 19 años y tan sólo un 39% de las 3.363 estaba activa al momento de su cierre,
Más allá del deseo del régimen de Ortega de controlar a sus ciudadanos y perseguir a estos organismos extragubernamentales, la Fundación identificó cuatro motivos detrás de las cancelaciones. La primera fue la criminalización de su labor; la segunda, la desarticulación del tejido territorial; la tercera, el control de la cooperación al desarrollo; y la cuarta, la hegemonía sobre el bien común y la ayuda humanitaria.
En ese sentido, en el informe titulado como “La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua” y elaborado en conjunto con la Fundación Popol Na -también cancelada- se mencionó la existencia de “datos y evidencia de la situación de violación a la libertad de asociaión y su impacto en el país, con el objetivo de mantener informado al pueblo de Nicaragua, a los medios de comunicación y a la comunidad internacional sobre la reducción del espacio cívico en el país”.
“También forma parte de las acciones de documentación y de construcción de memoria histórica que en algún momento necesitará el país para su reconstrucción”, agrega.
Por su parte, funcionarios del régimen han rechazado las acusaciones y han sostenido que las cancelaciones de estas ONG se debieron a que destinaban recursos de las donaciones que recibían a intentar derrocar a Ortega -principalmente tras las manifestaciones de abril de 2018-.
Entonces, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar tras las controvertidas reformas de seguridad social que el régimen había implementado. La brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad elevó la tensión de las manifestaciones, en las que se comenzó a exigir la renuncia del dictador sandinista.
Estos episodios dejaron al menos 355 muertos, según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que organismos locales elevan la cifra a 648. En tanto, el oficialismo ha reconocido vagamente “más de 300″.
Por otro lado, los sandinistas han argumentado que el cese de actividades de estas organizaciones responde a un proceso de ordenamiento nacional, ya que -sostienen- una gran parte de las 7.227 ONGs registradas en 2018 no estaba realmente operando.
(Con información de EFE)
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