El Departamento de Comercio de Estados Unidos agregó el martes a la Policía Nacional de Nicaragua a una lista de control de exportaciones del Gobierno, después de que Washington dijera que la institución está involucrada en graves abusos contra los derechos humanos en el país.
La semana pasada, el Departamento de Estado citó informes creíbles de ejecuciones arbitrarias, arrestos y torturas en Nicaragua, así como condiciones duras y potencialmente mortales en las prisiones del país, en un reporte anual sobre derechos humanos.
La designación de la “Lista de entidades” del Departamento de Comercio prohíbe a las empresas vender tecnología estadounidense sin un permiso, el cual es difícil de obtener.
Sigue la persecución a las ONG
El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este martes la personalidad jurídica a una asociación que brindaba atención a mujeres con cáncer y a otras 23 ONG, incluidas 8 que solicitaron su disolución voluntaria, bajo el argumento de que incumplieron con las leyes que las regulan.
La disolución de la Asociación María Auxiliadora Pro-Mujeres con Cáncer, inscrita desde el 28 de junio de 2004, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, de Nicaragua.
Según Gobernación, esa asociación benéfica que atendía el cáncer cérvico uterino y de mamas en pacientes de escasos recursos, según su página web, fue ilegalizada por incumplimiento, debido a que “no reportaron estados financieros del periodo 2020 al 2022″, y su junta directiva estaba vencida desde el 29 de mayo de 2021.
Con el cierre de esas 24 ONG, suman al menos 3.372 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
En general, Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral 15 ONG “por estar en abandono y tener entre 3 a 14 años de incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que las regulan”, 8 por “disolución voluntaria” y la estadounidense Forward Edge International “por incumplir con sus obligaciones conforme las Leyes de Nicaragua”.
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría General de la República con el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.
Entre las nuevas ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación Campesina de Cultura y Producción Ecológicas en la Región Autónoma del Atlántico Sur y Central; la Asociación Catalana Nicaragüense de Amistad y Solidaridad, y la Asociación de Veteranos de Guerra por el Desarrollo de La Dalia.
Miles de nicaragüenses salieron a las calles en abril de 2018 a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el Gobierno de Ortega reconoce “más de 300″.
Los sandinistas también argumentaron que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
(Con información de EFE y Reuters)
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