
La oficina de las Naciones Unidas para América del Sur criticó el viernes la aprobación en Chile de un proyecto de ley que protege con una legítima defensa privilegiada a los policías cuando usan sus armas.
En medio de una crisis por el aumento de la violencia, agravada por el asesinato de dos policías en sólo 12 días, el gobierno y el Congreso de Chile aceleraron la tramitación de iniciativas de ley sobre protección policial.
La oficina de la ONU para América del Sur afirmó en un comunicado que la tramitación acelerada del proyecto con disposiciones sobre la “legítima defensa privilegiada” de los policías en el uso de las armas abre espacios a nuevas violaciones a los derechos humanos o a la impunidad y no se ajusta al derecho internacional.
Agregó que el proyecto “reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad”.
El proyecto fue aprobado el miércoles en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser tratado en el Senado.
El comunicado indicó que el legítimo objetivo de fortalecer el combate al crimen “no puede abrir espacios” a nuevas violaciones a los derechos humanos.

El gobierno del presidente Gabriel Boric ya había anticipado problemas en el proyecto y presentó una serie de indicaciones para modificar la iniciativa, que será votada en el Senado el próximo martes. Si se aprueban los cambios, el proyecto será visto en una comisión mixta de diputados y senadores.
El objetivo, dijo la ministra del Interior Carolina Tohá, es establecer un protocolo sobre uso de las armas que incluya la defensa personal y no en cualquier circunstancia, como aprobaron los diputados.
En Chile cada vez que miembros de la policía uniformada y carcelaria usan sus armas estando en servicio, automáticamente son investigados judicialmente y en ocasiones apartados de sus funciones sin sueldo hasta que concluye la indagación del Ministerio Público.
Varios diputados de la coalición izquierdista Apruebo Dignidad, la más cercana a Boric, votaron en contra o se abstuvieron porque tienen reparos de una eventual exención de responsabilidad criminal de los policías.
El proyecto, que también aumenta las condenas para los agresores de policías, se tramitó en apenas 48 horas tras el asesinato de una agente el domingo. Algunos de los proyectos sobre seguridad esperaban su tramitación desde hace casi un año.
(Con información de AP)
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