
Como parte del acuerdo alcanzado entre el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena, el subsidio de combustibles tendrá criterios de exclusión que permitirán que el gasto del Estado en este rubro se reduzca entre USD 150 millones y USD 250 millones, así lo explicó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera.
En una reunión con medios de comunicación nacionales, Herrera, junto al viceministro de Economía, Leonardo Sánchez, y al coordinador estratégico del Sector Fiscal, Leandro Chalela, indicó que el subsidio que financia el Estado podría alcanzar este año los USD 4.000 millones. La reducción se resume en dos criterios amplios de exclusión, que las autoridades esperan que ayuden a disminuir este gasto. Las proyecciones que compartió el gobierno tienen como base los actuales precios de los combustibles en el mercado internacional.
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El subsidio a los combustibles fósiles era una de las 10 peticiones de los manifestantes, liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que salieron a las calles por 18 días en junio de este año, paralizando al país. En el 2019, la intención del gobierno de liberar el precio de los combustibles también provocó 11 jornadas de protestas en octubre, que terminaron en una mesa de diálogo con el entonces presidente Lenín Moreno.
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En esta ocasión, para alcanzar este acuerdo con las organizaciones indígenas y otros movimientos sociales, los funcionarios tuvieron al menos 150 horas de trabajo con el sector indígena, entre reuniones, visitas a instituciones y otras actividades. En estos encuentros se determinó que las personas que reciban un salario mensual mayor a los USD 3.466 y los vehículos con un cilindraje mayor a 2.201 centímetros cúbicos (cc) serán excluidos del subsidio, así como los vehículos de una sola persona.
Para el ministro Herrera, llegar a este acuerdo con el movimiento indígena fue una suerte de baile, donde aprendieron a danzar sin pisarse: “Yo le dije al señor (Leonidas) Iza (de la Conaie), esto no es una guerra de propuestas, tenemos que construir una en conjunto”.
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Herrera explicó que los criterios de exclusión para que ciertos ciudadanos dejen de beneficiarse del subsidio era la manera más sencilla de focalizar el gasto, porque actualmente el subsidio es generalizado. El funcionario resaltó que las categorías de exclusión no afectan directamente a los hogares de la ruralidad.

Para los funcionarios gubernamentales, la reducción del subsidio a los combustibles fósiles es necesaria para la economía del Ecuador, pues actualmente el parque automotor se lleva el 49 % del total de los subsidios que ofrece el Estado, según explicó el ministro Herrera. Actualmente, el 80% del subsidio beneficia a sectores económicos prósperos que podrían costear el valor completo de los combustibles.
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Del subsidio total al parque automotor, el 30% se destina a vehículos livianos y el 70% a vehículos pesados. Es sobre ese 30 %, equivalente al 14,7 % del total de subsidios que ofrece el Estado en distintas áreas, se aplicará el parámetro de exclusión referente al cilindraje.
Alrededor del 10 % de vehículos del país perderán el subsidio a los combustibles. Los vehículos livianos con un cilindraje mayor a 2201 cc y de 2.401 cc en jeeps; además de las camionetas de 3001 cc, perderán el beneficio. Quienes tengan más de tres vehículos también estarán exentos del subsidio.
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En cambio, de acuerdo al criterio salarial, el gobierno espera retirar el subsidio a unas 81.000 personas.
A pesar de que el gobierno retirará los subsidios a estos grupos, se acordó con los movimientos indígenas y sociales que la opción de liberar los precios de los combustibles está prohibida. El presidente Guillermo Lasso podrá fijar los precios con base en los datos de la petrolera estatal Petroecuador, para obtener la reducción decidida por el gobierno.
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