Sin acuerdo para un monitoreo conjunto, Uruguay controlará el vertido de aguas cloacales argentinas en el Río de la Plata

Uruguay controlará de manera unilateral los vertidos de Buenos Aires en el Río de la Plata producto del Sistema Riachuelo, según dijo el presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) a El País. Esto ocurre luego de que el año pasado la propuesta de realizar un “monitoreo permanente y conjunto” entre ambos países fuera rechazada por la Delegación Argentina (Delar).

El Sistema Riachuelo es una mega obra, considerada como la primera “gran ampliación del sistema troncal de cloacas” del área metropolitana bonaerense en 70 años. Es llevada a cabo por Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) y, con un costo aproximado de US$ 1.200 millones, mejorará el servicio brindado a más de seis millones de habitantes de la capital argentina.

El proyecto incluye una planta de pretratamiento y un caño de 14 kilómetros que libera los residuos —ya pretratados— en el Río de la Plata, así disminuyendo la contaminación del Riachuelo.

Con el avance de la obra, la Delegación Uruguaya (Delur) propuso en junio del año pasado la implementación de un “monitoreo permanente y conjunto de las aguas y sedimientos del Río de la Plata en la zona de afectación derivada de la operativa”. Esta propuesta fue rechazada por la Delegación Argentina (Delar), según informó el semanario Búsqueda en su momento.

La Delar explicó que se opone al pedido porque ya se dio la información necesaria y el proyecto fue aprobado por la CARP en 2009. “La evaluación del impacto de la obra sobre el régimen del río ya ha sido llevada a cabo en los términos requeridos por ese instrumento”, expresó esta delegación en una carta, en la que concluye que “no considera necesario el establecimiento de un mecanismo como el propuesto”.

En agosto, la Delur respondió manifestando la preocupación del gobierno uruguayo respecto a los fundamentos utilizados por la delegación argentina para rechazar la propuesta de monitoreo permanente y conjunto.

Según las autoridades uruguayas, estos argumentos representan desconocimiento de lo dispuesto en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo que, según dispone, a pesar de que ya haya habido una instancia previa de evacuación de dudas, no implica que hayan desaparecido las obligaciones respecto a la “prevención de la contaminación, de información y cooperación”.

En el artículo 66 del tratado, citado por la Delur en la carta, se coloca a la CARP como responsable de “promover la realización conjunta de estudios e investigaciones de carácter científico, con especial relevancia en la evaluación, conservación y preservación de los recursos vivos y su racional explotación y la prevención y eliminación de la contaminación y otros efectos nocivos que puedan derivar del uso, exploración y explotaciones de las aguas del río”.

En ese sentido, Uruguay entiende que no solo es responsabilidad de la CARP, sino que también es necesario debido a la cantidad de efluentes que involucra la puesta en marcha de esta iniciativa.

Según dijo el presidente de la CARP, Alem García, en una entrevista publicada el domingo en El País, “Uruguay hará un monitoreo unilateral de las aguas, cuando comience a funcionar la planta y el emisor, sin perjuicio de la información que debe dar la empresa Aysa. Nuestro país tiene los recursos materiales y humanos para hacer ese monitoreo, que es una necesidad imperiosa”.

La Delur y la Delar mantienen otros roces y discrepancias en temas como el dragado del puerto de Montevideo. Actualmente el canal de acceso tiene 13 metros de profundidad, pero, según entienden las autoridades uruguayas, deberá dragarse a 14 metros en el corto plazo.

García comunico la intención de hacerlo ante la CARP hace más de un año y se encuentra “esperando el proyecto desde la Administración Nacional de Puertos para darle de inmediato el trámite que corresponde”. Por otra parte, aseguró que la Delar “tomará una posición cuando tenga la oportunidad de considerar el proyecto de profundización a 14 metros”. En marzo de 2021, el gobierno de Alberto Fernández había negado la posibilidad de ampliar el dragado de 13 metros a 14.

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