Estados Unidos expresó este domingo su preocupación por el aumento de la violencia en El Salvador, que se encuentra bajo régimen de excepción tras una oleada de asesinatos a finales de marzo, e instó al gobierno de Nayib Bukele a respetar las libertades civiles.
“Condenamos el aumento de la violencia de las bandas y los homicidios en El Salvador. También instamos al gobierno de El Salvador a que respete el debido proceso y proteja las libertades civiles, incluidas las libertades de prensa, reunión pacífica y expresión”, indicó el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en su cuenta de Twitter.
En respuesta a la violencia de las pandillas, la policía y el ejército iniciaron arrestos masivos el 26 de marzo y un día después el Congreso, controlado por los oficialistas, aprobó un estado de excepción que da cobertura legal a las detenciones sin orden judicial.
Además, el Congreso aprobó, a petición de Bukele, reformas para aumentar de nueve a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas y castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.
El relator de la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Serafín Valencia, dijo el miércoles que la enmienda es contraria a la Constitución, al representar una “censura previa”, prohibida en la carta magna. La APES indicó que es una reforma mordaza que “amenaza con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad que desde la actual administración” de Bukele “se busca esconder”. A su vez, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), consideró recientemente que la reforma “busca silenciar a los medios de comunicación independientes”.
La reforma a la ley también permite que infantes y adolescentes permanezcan detenidos hasta que se dicte sentencia firme y limitan que sus sentencias sean modificadas o anuladas.
El jueves, la Unicef advirtió que las violentas pandillas ponen a niños y adolescentes en riesgo de entrar al mundo del crimen, y la respuesta del Estado con cárcel no es la solución. “La violencia de pandillas (maras) es inaceptable; daña significativamente a las comunidades y pone a muchos niños, niñas y adolescentes en riesgo de vincularse al mundo del crimen”, consigna en un comunicado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Sin embargo, “encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no es la solución”, advierte la entidad.
En su comunicado Unicef censuró la reciente reforma a la ley penal juvenil para que niños y adolescentes pertenecientes a pandillas que tengan entre 12 y 15 años de edad enfrenten hasta 10 años de prisión. Los mayores de 16 años podrían tener hasta 20 años de prisión. La ONG Human Rights Watch también criticó la legislación por violar derechos de los niños.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este sábado que se puede “esperar” que en las más de 8.500 detenciones de supuestos pandilleros bajo el régimen de excepción que vive el país haya un “error” del 1% de personas sin vinculaciones con las pandillas.
Las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, suman unos 70.000 miembros, y hasta marzo 16.000 de ellos están en prisión, pero de acuerdo con los informes de las últimas detenciones, la cifra ascendería a más de 25.000 privados de libertad.
El Salvador cerró 2021 con 1.147 homicidios (18 por cada 100.000 habitantes), mientras que en 2020 registró 1.341 muertes violentas.
(Con información de EFE y AFP)
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