Guillermo Lasso ofreció un indulto a presos por delitos menores que hayan cumplido al menos el 40% de la pena

Como medida para descongestionar las sobrepobladas prisiones del Ecuador, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto que brinda el indulto a los reos que tengan una sentencia condenatoria ejecutoriada por haber cometido delitos como robo, hurto, abuso de confianza y estafa. Para que los presos puedan acceder a este beneficio deberán cumplir varios requisitos, como haber cumplido un porcentaje de la pena acorde a la ley. Antes, Lasso ya firmó un decreto que ofreció el indulto a presos con enfermedades terminales y a personas que fueron condenadas por faltas relacionadas a accidentes de tránsito.

Según la información del decreto suscrito por Lasso, actualmente existen 34.821 personas privadas de libertad en todo el sistema penitenciario que tiene capacidad para 30.169 presos. El Decreto Ejecutivo “permitirá acelerar los indultos para quienes podrían acceder a este proceso, pero han seguido detenidos por trámites burocráticos y actos de corrupción de anteriores gobiernos”, de acuerdo al comunicado emitido por la Secretaría General de Comunicación.

Para acceder al indulto, los presos deberán cumplir con los siguientes requisitos: deben tener sentencia ejecutoriada por robo, hurto, estafa y abuso de confianza. Además, deben haber cumplido el 40% de la pena, para los sentenciados con el Código Penal anterior; y el 60% para los condenados con el Código Orgánico Integral Penal que está vigente en el país. No deben tener otras sentencias. Tampoco deben tener procesos penales o investigaciones previas en curso y no deben haber sido sancionados por la comisión de faltas al interior de las cárceles.

“Con profundo sentido de responsabilidad firmo este decreto, como una acción de respeto a los derechos humanos de muchas personas privadas de la libertad. El objetivo es reducir el hacinamiento en las cárceles, siempre cumpliendo exactamente los requisitos legales que permitan hacerlo”, indicó Lasso durante el evento, donde además se presentó la política pública del sistema de Rehabilitación Social con enfoque de Derechos Humanos, elaborada por la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador.

El mandatario ecuatoriano lamentó que el sistema penitenciario del país, que tiene 36 centros carcelarios, haya permanecido en el olvido durante 15 años. Para el jefe de Estado, se ha afectado a la correcta rehabilitación de los internos y se ha impedido el ejercicio de sus Derechos Humanos: “No podemos olvidarnos de todos esos ecuatorianos; al contrario, debemos trabajar para que vuelvan con sus familias, con sus hijos, que tengan un trabajo y otra oportunidad en la vida”, sostuvo. Por eso, Lasso explicó que la política busca corregir problemas como el hacinamiento y la violencia interna; al tiempo de impulsar la repatriación de presos en el extranjero.

La nueva política pública para el sistema penitenciario tiene 12 ejes y más de 300 acciones que implican la labor conjunta de los sectores de trabajo, justicia, educación, cultura, deporte, asistencia social, derechos humanos, entre otros. Para su ejecución, informó la Presidencia, habrá un presupuesto de aproximadamente USD 27 millones, en una primera fase.

Además, en su construcción participaron 17 instituciones del Estado, 40 organizaciones de la sociedad civil y academia, dos instituciones internacionales, 2.600 personas privadas de libertad y sus familiares, y se realizaron nueve visitas a los Centros de Privación de Libertad y de Adolescentes Infractores. Lasso explicó que la elaboración de esta propuesta contó con el apoyo de Estados Unidos, Colombia, Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Con firmeza y decisión, estamos poniendo orden al descontrol y la violencia. Pero no es suficiente, debemos ir más allá, para construir un verdadero sistema penitenciario. Como caracteriza a nuestro Gobierno, queremos dar soluciones permanentes, con una auténtica e integral rehabilitación social”, dijo Lasso, quien desde el inicio de su mandato ha enfrentado las masacres más sangrientas registradas en el sistema carcelario ecuatoriano, además del aumento de la violencia asociada al crimen organizado en las calles.

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