La fiscalía de Nicaragua acusó el jueves de conspiración a ocho líderes opositores, entre ellos tres aspirantes a participar en los comicios de noviembre, en los que Daniel Ortega busca reelegirse por tercera ocasión consecutiva.
En los últimos tres meses las autoridades nicaragüenses han arrestado a 35 antagonistas del mandatario, lo cual que ha sido catalogado por organizaciones de derechos humanos, autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea como una persecución en contra de las voces críticas del Gobierno.
“Son presuntos autores del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, dijo la fiscalía en un comunicado.
Entre los acusados se encuentran los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, quienes se encuentran actualmente presos en una cárcel de Managua.
No fue posible obtener inmediatamente comentarios de la fiscalía sobre los casos, ni de los representantes legales de los acusados.
Esta semana, la fiscalía nicaragüense acusó también a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y a sus hermanos Carlos y Pedro Joaquín de lavado de dinero.
Ortega, un exguerrillero izquierdista de 75 años, gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer mandato durante la década de 1980.
Por otra parte, las organizaciones sociales Urnas Abiertas y Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más calificaron el pasado miércoles de “persecución judicial” el arresto de varios dirigentes políticos y sociales opositores nicaragüenses, investigados por supuesta traición a la patria o lavado de dinero.
Las acusaciones e investigaciones contra el grupo de opositores, en su mayoría líderes de la disidencia, son “prueba de la persecución judicial, guerra jurídica o lawfare, que ha sido utilizada como estrategia represiva desde mayo con el objetivo de eliminar toda competencia electoral, utilizando el Poder Judicial con fines extrajudiciales a favor de los intereses del Ejecutivo” que preside Daniel Ortega, señaló Urnas Abiertas.
La más reciente acusación fue emitida el martes por la Fiscalía de Nicaragua contra el periodista Carlos Fernando Chamorro, crítico de Ortega, por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva.
Chamorro es investigado dentro de la causa contra la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirige su hermana Cristiana, arrestada en junio pasado luego de mostrar su interés en ser candidata a la Presidencia.
“La Policía y Fiscalía, en complicidad con el Poder Judicial, actúan de forma arbitraria e inconstitucional con acusaciones que confirman el estado de terror dirigido a silenciar a la sociedad que demanda libertad, verdad, justicia y el derecho a vivir en democracia”, señaló, por su lado, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El Colectivo también condenó la decisión estatal de ordenar arrestos de 90 días a los opositores, quienes sufren “aislamiento equivalente a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, sin comunicación con sus familiares y su defensa, en consecuencia, se trata de verdaderos secuestros que violentan todos sus derechos”.
Urnas Abiertas relacionó las acciones judiciales con las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega busca su tercera reelección consecutiva y segunda con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
(Con información de Reuters)
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