Las aguas de marzo bajan embravecidas en Chile

“Piñera conchetumad…, asesino igual que Piñochet”, gritan desde las gradas del anfiteatro de la Quinta Vergara. Comienza el Festival de Viña del Mar con un canto de protesta contra el gobierno de Sebastían Piñera y el modelo social y económico que dejó la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990). Lo desató una chica que se coló en el escenario y se tapó un ojo con la mano, la señal de condena contra los Carabineros que dispararon a mansalva dejando a decenas de jóvenes sin uno o los dos ojos. La gran figura que abrió el festival, Ricky Martin, también se solidarizó: “Yo estoy contigo Chile, nunca callados, siempre con amor y con paz”, dijo y el público estalló en un enorme aplauso. Al día siguiente vino Mon Laferte con otro discurso explosivo y la cosa se puso aún más caliente afuera y adentro del festival. “Renuncia Piñera, renuncia Piñera”, corea la gente como si estuviera en la ahora emblemática Plaza Italia de Santiago. Las manifestaciones y la violencia que se iniciaron en octubre por el aumento de las tarifas del metro (subte) tuvieron un paréntesis en el verano. Pero todo hace prever que volverán con ímpetu en marzo, en el medio de la campaña por el plebiscito para una nueva constitución convocado para el 26 de abril. Viña del Mar es el preludio.

Afuera, en las calles de Viña y Valparaíso –dos ciudades conectadas- ya ardían autos, otros caían de los pisos superiores de una cochera y se registraban saqueos. El hotel donde se hospedan las figuras del festival que se realiza cada año desde 1960, también fue atacado y tuvo que ser evacuado. Hubo varios manifestantes y 23 carabineros heridos. Lo peor de las protestas de octubre/noviembre volvía como un boomerang sobre la conciencia chilena. “Chile ya ha tenido demasiada violencia. Llegó el tiempo de un gran acuerdo por la democracia, contra la violencia y por la paz”, lanzó Piñera apenas regresó de vacaciones y se enfrentó con la dura realidad. Su imagen es casi tan baja como la que tenía Pinochet al final de la dictadura. En las últimas semanas, el nivel de rechazo de su figura se incrementó cinco puntos y llegó al 83%.

En las redes sociales ya están convocadas un completo calendario de marchas para marzo. Las destacadas son la del día 8, que es cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, y la del 29, cuando en Chile se conmemora el llamado “Día del Joven Combatiente”, en memoria de dos hermanos asesinados por la dictadura militar, fecha en la que cada año termina con una enorme violencia en los barrios periféricos de Santiago. “Marzo: ¿mes de acuerdos o de violencia? Muchos anticipan un marzo violento. El Gobierno se ha preparado para resguardar el orden público e impulsar un marzo de acuerdos”, escribió Piñera en un tuit.

Las protestas de los últimos cuatro meses dejaron oficialmente 31 muertos, miles de heridos y decenas de miles de arrestados. Todo esto hizo disminuir la aprobación de la continuación del levantamiento. De acuerdo a la encuestadora Cadem, ahora es del 56% de la población cuando había llegado al 72% en octubre. Pero la cifra sigue siendo muy alta y las diferentes posturas ante el plebiscito amenazan con desatar las fuerzas que ahora parecen ser más moderadas. La convocatoria del 26 de abril tendrá dos papeletas, cada una con una pregunta y dos opciones. La primera, preguntará: ¿Quiere usted una nueva Constitución? Las alternativas serán: «Apruebo» o «Rechazo». Y la segunda: ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Las alternativas serán: «Convención Mixta Constitucional», una asamblea conformada en un 50% por constituyentes elegidos directamente y 50% por miembros del actual Congreso o «Convención Constitucional», una asamblea conformada por 100% de constituyentes elegidos. En caso de que la opción «Apruebo» resulte ganadora, la elección de los convencionales constituyentes (50% o 100%, según el mecanismo determinado en el plebiscito) se realizará el 25 de octubre de 2020, conjuntamente con las elecciones municipales y de gobernadores regionales.

Según la última encuesta de Pulso Ciudadano, un 77,2% cree que ganará la opción “apruebo” y un 10,3% está convencido de que ganará el “rechazo”. De igual modo, un 49,9% estima que se impondrá la opción “Convención Constitucional”, mientras que un 29,2% cree que ganará la opción “Convención Mixta Constitucional”. Los partidos están divididos en bloques y en líneas generales, el centro y la izquierda apoyan la redacción de una nueva ley suprema, mientras que los de la derecha, entre ellos los que apoyan al gobierno de Piñera la rechazan. Como es tradicional en Chile desde las elecciones de 1989, habrá una franja televisiva de propaganda que será transmitida diariamente entre el 27 de marzo y 23 de abril, en dos bloques de 15 minutos: uno en el que se podrán ver las campañas por el Apruebo y Rechazo y el otro por las opciones Convención mixta constitucional y Convención constitucional. Las franjas irán entre las 12:45 y las 13:00 y las 20:45 y las 21:00.

Por la opción Apruebo, harán campaña la Convergencia Progresista (conformada por el Partido Socialista, el PPD y el Partido Radical), la coalición Apruebo Chile Digno (en el que están el Partido Comunista, PRO y la Federación Regionalista Verde Social) y Chile Decida (del Frente Amplio de agrupaciones de izquierda, conformado al estilo de Podemos de España). Para la opción del Rechazo a la nueva constitución están los antiguos partidos de la derecha (UDI, Renovación Nacional y el Partido Republicano), así como un comando del remanente pinochetista y militarista que quiere preservar la carta magna que dejó el generalísimo chileno.

Más allá del mecanismo y si la nueva constitución va a ser sólo discutida por los políticos profesionales o van a participar también las fuerzas sociales, en Chile hay una reforma pendiente y una promesa inclumplida desde la caída del régimen militar en 1989. A pesar de los 30 años de democracia y algunas reformas a la Constitución de 1980, el modelo de capitalismo salvaje impuesto por la dictadura todavía da forma a la economía y la política del país. Por ejemplo, las privatizaciones del sistema de pensiones, la salud y la educación modernizaron una estructura demasiado antigua en la que todavía vivía el país. Pero estas privatizaciones perpetuaron la desigualdad y reforzaron las divisiones sociales extremas. Además, Chile es el único país del mundo con agua casi completamente privatizada: el Capítulo III, Cláusula 24 de la Constitución de 1980 establece el “derecho” a la propiedad privada del agua. La sequía, junto con la monopolización corporativa de los recursos hídricos concesionados a las industrias mineras y agrícolas, provocaron escasez de agua para buena parte de la población en los últimos dos años.

Los gobiernos electos tampoco reformaron ni democratizaron a los carabineros desde la dictadura, y la policía militarizada continúa tratando a sectores del pueblo chileno como “el enemigo interno”. Poco después de que comenzaran las protestas en octubre, el presidente Piñera expuso esta situación cuando se presentó rodeado por militares y aseguró: “Estamos en guerra”. Llamó a a las tropas del ejército a patrullar las calles por primera vez desde la dictadura, para hacer cumplir un toque de queda de 10 días, evocando recuerdos del terrorismo de Estado de Pinochet. Pero la indignación por la represión solo provocó manifestaciones más masivas. El 25 de octubre, 1,2 millones de chilenos se reunieron para protestar en la Plaza Italia de Santiago. “¡Chile despertó!” fue la consigna. El mundo se asombró y puso la lupa sobre el que hasta ese momento había sido el país modelo de América Latina. Y no es que no tuviera una macroeconomía envidiable ni que millones de chilenos no hayan salido de la pobreza. Pero todo fue a un costo extraordinario de una mayoría de personas en beneficio de unos pocos.

Una muestra de lo que sucede fue detectado en un estudio de 2019 de la prestigiosa revista científica The Lancet. Mostró que una mujer en un distrito pobre de Santiago vive unos 18 años menos que una mujer en un barrio rico de la misma ciudad. La brecha de desigualdad de ingresos de Chile es un 65% más amplia que el promedio de la OCDE, y tiene una de las proporciones más altas entre el ingreso promedio del 10% más rico y más pobre de la población. El destripamiento de los servicios públicos alimenta esa desigualdad desenfrenada. El país tiene dos sistemas de salud: un excelente sistema privado para aquellos que pueden pagar las tarifas del Primer Mundo, y un sistema público con fondos insuficientes que atiende a alrededor del 80 por ciento de los chilenos. Los tiempos de espera en los hospitales públicos pueden durar años y no hay suficientes suministros. Casi 10.000 personas murieron en la primera mitad de 2018 mientras esperaban una operación o tratamiento en el sistema público.

El sistema de pensiones privatizado, que ha producido una bonanza de riqueza para sus inversores, paga una miseria a las personas mayores que trabajaron toda su vida. Según un informe de 2015 de La Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, el 80 por ciento de los jubilados reciben menos del salario mínimo de 414 dólares por mes. El sistema educativo reproduce las divisiones de clase, ya que los jóvenes de las clases altas ingresan fácilmente a universidades prestigiosas, mientras que los de orígenes modestos provienen de escuelas de calidad inferior. La educación universitaria, considerada un producto de mercado y no un derecho o un bien público, es costosa y las familias se endeudan durante años para pagar la matrícula. Los salarios son bajos y el costo de vida continúa aumentando. La subida de las tarifas del metro que provocó el levantamiento social en octubre fue la gota que colmó el vaso. Como cantaban los manifestantes, “¡No son 30 pesos (el aumento), son 30 años!”.

Esto es lo que hará que las aguas de marzo bajen embravecidas por las laderas de las montañas chilenas y todavía queden dudas de que el plebiscito por la nueva constitución vaya a calmar realmente la protesta. Chile despertó y no quiere de ninguna manera regresar a la cama.

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