El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones económicas contra tres altos cargos del régimen de Nicaragua por su implicación en “abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción”, a la vez que exigió “elecciones pronto y libres” en el país centroamericano.
Los sancionados son Ramón Avellán Medal, subdirector general de la Policía de Nicaragua; Lumberto Campbell Hooker, presidente del Consejo Electoral Supremo; y Roberto López Gómez, director del Instituto de Seguridad Social (INSS).
“Estamos apuntando a miembros del régimen del presidente Daniel Ortega que se han implicado en abusos de derechos humanos y corrupción”, afirmó el secretario adjunto del Tesoro, Justin Muzinich, en un comunicado.
Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados en EEUU y prohíbe transacciones financieras con entidades estadounidenses.
Previamente, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, había impuesto sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad financiera vinculada a los sandinistas; a Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta del país, y a uno de sus hijos, Laureano Ortega Murillo.
También han sido sancionados el tesorero del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de la petrolera Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), Francisco López; y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
El ex asesor presidencial estadounidense John Bolton ubicó a finales de 2018 a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, dentro de “la troika de la tiranía” en Latinoamérica.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
Los funcionarios que ya habían sido sancionados por EEUU
Roberto Rivas: el 21 de diciembre de 2017, EEUU sancionó al entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) en el marco de la ley Global Magnitsky, que implica cancelar visas, congelar bienes y activos a personas privadas acusadas por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Francisco López: el 5 de julio de 2018, sancionó el tesorero del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y presidente de las juntas directivas de Petróleos de Nicaragua (Petronic) y de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) por corrupción y por “usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno”.
Fidel Moreno: el secretario general de la Alcaldía de Managua fue sancionado por dirigir “actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales” durante las protestas que comenzaron en abril de 2018 contra el gobierno.
Francisco Díaz: EEUU lo señala como responsable de dirigir la represión contra la población desde abril de 2018.
Rosario Murillo y Néstor Monca: la vicepresidenta y el secretario privado de Ortega fueron sancionados el 27 de noviembre de 2018, señalados de corrupción desenfrenada, desmantelamiento de las instituciones democráticas, conflictos a los derechos humanos y la explotación de recursos públicos de Nicaragua para beneficio personal.
Laureano Ortega Murillo: el hijo de la pareja presidencial fue sancionado el 17 de abril del 2019 junto al Banco Corporativo (Bancorp) por estar involucrado en una vasta red de corrupción y lavado de dinero.
Gustavo Porras: el pasado 21 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional fue sancionado junto a Sonia Castro, ministra de Salud, Orlando Castillo, director de Telcor y Óscar Mojica, director del MTI, como parte del programa “Sanciones relacionadas con Nicaragua” por corrupción y violaciones a derechos humanos.
Ramón Avellán: el subdirector de la Policía Orteguista fue sancionado por violaciones de los derechos humanos.
Lumberto Campbell Hooker: el presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua fue señalado como organizador de las órdenes del “Vamos con todo” de Rosario Murillo para reprimir las protestas.
Roberto López Gómez: el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) fue sancionado por investigaciones que demostraron que bajo su mandato como presidente ejecutivo del INSS se realizó una serie de “transacciones que involucran prácticas involucradas o corrupción por parte de o en nombre del Gobierno de Nicaragua”.
(Con información de EFE)
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