Migrantes cubanos se amotinan en estación migratoria Siglo XXI de Tapachula tras conocer que serían deportados

Alrededor de 40 migrantes cubanos que permanecían bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM) en la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, se amotinaron tras enterarse de que serían deportados y prendieron fuego al interior de las instalaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, los migrantes no pudieron acreditar su estancia legal en México y presuntamente incendiaron las colchonetas del inmueble como protesta ante el proceso de repatriación.

El incidente movilizó a elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno y reavivó el debate sobre las condiciones en las que permanecen las personas migrantes dentro de las estaciones migratorias del país.

Instituto Nacional de Migración responde sobre el incidente

Tras los hechos registrados entre la noche del sábado 1 y la madrugada del domingo 2 de agosto, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que la situación fue controlada mediante el diálogo y la coordinación con autoridades federales y estatales.

En una tarjeta informativa, el organismo señaló que el incidente se originó por la inconformidad de un grupo de personas extranjeras respecto a su proceso migratorio y aseguró que el orden fue restablecido al interior del inmueble.

Asimismo, el INM informó que dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes al ser identificadas como probables responsables de intentar provocar un incendio mediante la quema de una colchoneta.

La dependencia también precisó que no se registraron personas lesionadas durante el incidente y sostuvo que, en todo momento, se privilegió el respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.

¿Qué ocurrió en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula?

Tras el inicio del incendio, las autoridades solicitaron el apoyo de fuerzas federales, que desplegaron un operativo preventivo en el perímetro de la estación migratoria Siglo XXI.

Mientras un grupo de elementos resguardó el exterior del inmueble, otro ingresó para controlar la situación y restablecer el orden entre las personas alojadas en el centro migratorio.

Hasta la noche del sábado, las autoridades federales no habían informado si había personas lesionadas ni si el proceso de deportación de los migrantes involucrados continuaría tras los hechos.

En el lugar permanecieron policías municipales, estatales y federales, mientras el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) mantuvo bajo resguardo a los migrantes.

Activistas denuncian incomunicación en la estación migratoria

Al exterior del inmueble acudió Luis Rey García Villagrán, integrante del Centro de Dignificación Humana, quien aseguró que a la estación migratoria son trasladadas personas deportadas provenientes de distintos estados del país, entre ellas ciudadanos de Cuba, Venezuela y otras nacionalidades.

El activista afirmó que los migrantes pueden permanecer hasta 10 días en el centro migratorio y pidió a las autoridades transparentar lo ocurrido tras el motín.

García Villagrán también denunció que las personas migrantes permanecen incomunicadas y aseguró que, en algunos casos, son obligadas a contratar abogados durante su estancia.

Además, estimó que actualmente existen alrededor de 65 mil migrantes varados en la frontera sur de México, en espera de una resolución favorable o negativa sobre su situación migratoria.

El hecho ocurre en un contexto en el que el flujo migratorio hacia Estados Unidos ha disminuido debido al endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses, mientras miles de personas permanecen en el sur de México a la espera de opciones de regularización, asilo o retorno.

Antecedente del incendio en Ciudad Juárez

El motín en la estación migratoria Siglo XXI revive el recuerdo del incendio ocurrido en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes.

Por ese caso, el entonces comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad, junto con otros funcionarios, en uno de los episodios más graves relacionados con la política migratoria mexicana en los últimos años.