Delcy Rodríguez acusa a la Corte Penal Internacional de agredir a Venezuela

Caracas, 24 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) de acumular expedientes para agredir a los pueblos del "sur global", entre ellos el país suramericano, por lo que reiteró la decisión de retirar definitivamente a su nación de este organismo.

"Creemos en una justicia verdadera, pero en su historial ha acumulado un expediente para agredir al sur global, a los pueblos del sur, incluida Venezuela", indicó la mandataria en un acto de ascensos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez dijo que no cree en ese tipo de institución porque, a su juicio, la corte internacional ha agredido a Venezuela.

"Creemos en un relacionamiento basado en el respeto del derecho internacional", subrayó.

Hora antes, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, anunció la decisión "firme e irrevocable" del Gobierno de renunciar al Estatuto de Roma, al considerar que la CPI actúa con un "sesgo" que concentra su labor de forma "desproporcionada" en países africanos y latinoamericanos y responde a intereses ajenos a la justicia internacional.

La decisión fue comunicada, según Caracas, al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Por su parte, la CPI lamentó la decisión de Venezuela de retirarse como miembro del tribunal y le recordó que la renuncia no tendrá efectos inmediatos, ya que el país seguirá siendo parte del organismo durante un año, y mantendrá también sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados en los últimos años.

En una reacción compartida con la prensa en La Haya, la Corte señaló que todavía no ha recibido la notificación formal de la retirada a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, aunque subrayó que adherirse o abandonar un tratado internacional "sigue siendo un derecho soberano de los Estados conforme al derecho internacional".

El tribunal recordó que, de acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Roma, su tratado fundacional, la retirada solo surtirá efecto un año después de que la notificación sea depositada ante Naciones Unidas.

La investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, abierta en 2018 tras una remisión de varios Estados, permanece activa.

Aunque la Fiscalía cerró en diciembre pasado su oficina técnica en Caracas por la falta de "progreso real" en materia de complementariedad, dejó claro entonces que los investigadores de la oficina del fiscal en La Haya continuarán con las pesquisas.

En 2023, la Corte rechazó los intentos del Gobierno venezolano de frenar la investigación al considerar insuficientes las actuaciones de la justicia nacional y autorizó a la Fiscalía a reanudar plenamente las pesquisas sobre los presuntos crímenes cometidos desde 2017.

Caracas, 24 jul (EFE).- El Gobierno de Venezuela anunció este viernes su decisión "firme e irrevocable" de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), por considerar que ese organismo responde a un "sesgo" que ha concentrado su labor de manera "desproporcionada" en países africanos y latinoamericanos.

"Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía", señaló el canciller venezolano, Félix Plasencia, en un comunicado publicado en X.

Además, dijo que por órdenes de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comunicó de esta decisión al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Plasencia sostuvo que el "sesgo" de la CPI no es una simple coincidencia procesal, "sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger".

"Por eso rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir", agregó.

Asimismo, el canciller reiteró el compromiso de Venezuela con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos".

En diciembre pasado, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma con el fin, según dijo el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, de "denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje" de la CPI.

La norma fue sancionada por el Parlamento después de que la Fiscalía de la CPI anunciara, el pasado 1 de diciembre, el cierre de su oficina técnica en Caracas, al advertir una falta de "progreso real" con Venezuela en materia de "complementariedad", principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.

Rodríguez afirmó entonces que esta institución "debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano".

Al comunicar el cierre de su oficina en Caracas, la Fiscalía de la CPI dejó claro que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país "permanece activa" y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.

La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países.

El entonces Gobierno de Nicolás Maduro, hoy preso en EE.UU., intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.

La Haya, 24 jul (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) lamentó este viernes la decisión de Venezuela de retirarse como miembro del tribunal y le recordó que la renuncia no tendrá efectos inmediatos, ya que el país seguirá siendo parte del organismo durante un año, y mantendrá también sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados en los últimos años.

En una reacción compartida con la prensa en La Haya, la Corte señaló que todavía no ha recibido la notificación formal de la retirada a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, aunque subrayó que adherirse o abandonar un tratado internacional "sigue siendo un derecho soberano de los Estados conforme al derecho internacional".

No obstante, la CPI expresó su pesar por "cualquier decisión de abandonar el esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves".

El tribunal recordó que, de acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Roma, su tratado fundacional, la retirada solo surtirá efecto un año después de que la notificación sea depositada ante Naciones Unidas.

“La retirada no afecta a las obligaciones de cooperación ya existentes por investigaciones o procedimientos penales que se hubieran iniciado antes de que la retirada entrara en vigor, ni perjudica en modo alguno el examen continuado por parte de la Corte de cualquier asunto que ya estuviera siendo considerado antes de la fecha en que la retirada se haga efectiva”, agregó.

La reacción llega después de que el Gobierno venezolano anunciara este viernes su decisión "firme e irrevocable" de renunciar al Estatuto de Roma, al considerar que la CPI actúa con un "sesgo" que concentra su labor de forma "desproporcionada" en países africanos y latinoamericanos y responde a intereses ajenos a la justicia internacional.

La decisión fue comunicada, según Caracas, por instrucciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

La investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, abierta en 2018 tras una remisión de varios Estados, permanece activa.

Aunque la Fiscalía cerró en diciembre pasado su oficina técnica en Caracas por la falta de "progreso real" en materia de complementariedad, dejó claro entonces que los investigadores de la oficina del fiscal en La Haya continuarán con las pesquisas.

En 2023, la Corte rechazó los intentos del Gobierno venezolano de frenar la investigación al considerar insuficientes las actuaciones de la justicia nacional y autorizó a la Fiscalía a reanudar plenamente las pesquisas sobre los presuntos crímenes cometidos desde 2017.

La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una campaña diplomática para “desmantelar” la CPI y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses.