
El Parlamento francés ha aprobado de forma definitiva este miércoles un proyecto de ley que garantiza el derecho a la muerte asistida para personas adultas con enfermedades incurables, culminando así con años de debate sobre una medida que ha dividido el país presentada en abril de 2024 por el presidente, Emmanuel Macron.
El nuevo texto --aprobado en una cuarta votación en la Asamblea Nacional con 291 votos a favor y 241 en contra-- permite a los pacientes administrarse la medicación que acabará con su vida, exceptuando cuando no estén físicamente capacitados para hacerlo, en cuyo caso un médico o una enfermera podrán encargarse de ello.
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Entre los estrictos criterios que contempla la norma se encuentra: ser ciudadano francés o residir de forma permanente y legal en el país; padecer una enfermedad grave e incurable que ponga en peligro la vida; encontrarse en una fase terminal o avanzada y experimentar un sufrimiento físico que no pueda aliviarse con ningún tratamiento o con cuidados paliativos.
El paciente tendrá también que expresar su deseo de poner fin a su vida con "pleno conocimiento" y de "forma libre" e "informada", por lo que la muerte asistida deja fuera a personas que permanecen en coma o que padecen demencia.
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La ley también establece un protocolo concreto para todo el proceso, que va desde presentar alternativas al solicitante, como los cuidados paliativos, recordarle que el proceso se puede interrumpir en cualquier momento y la consulta con otros profesionales durante un plazo de 15 días por parte del médico que se encargue de la solicitud, según ha recogido la cadena TF1 Info.
La legislación recoge, asimismo, la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios, si bien el médico en cuestión que se niegue a llevar a cabo el proceso tendrá que remitir al paciente a otro compañero dispuesto a hacerlo.
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Hasta ahora, la ley Claeys-Leonetti adoptada en 2016 permitía la sedación profunda y continua para personas con enfermedades terminales que tuvieran un pronóstico de vida corto. La Asamblea Nacional había aprobado el proyecto de ley tres veces por amplia mayoría, si bien en el Senado, de mayoría conservadora, sufrió varios retrocesos y reveses, con cambios y reformas que han prolongado la aprobación de la norma.
Francia se une así a los países europeos que autorizan, bajo ciertas condiciones, el suicidio asistido o la eutanasia, como Bélgica, Países Bajos, Suiza, Canadá o Uruguay. La reforma fue impulsada por Macron con la puesta en marcha de una convención ciudadana que dio 'luz verde' a establecer la "ayuda para morir".
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La legislación tendrá ahora que ser remitida al Consejo Constitucional, donde se decidirá si ciertas cláusulas contenidas en la norma, como el periodo mínimo de reflexión de dos días desde que se concede al paciente el visto bueno para la muerte asistida, son compatibles con los "principios de libertad individual y dignidad".
ESCUCHA, DIÁLOGO Y DEBATE
Macron ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales que "con una cuestión tan íntima como grave, que toca la vida, el sufrimiento y la dignidad", solo hay un método posible, que es "tomarse el tiempo de la escucha, del diálogo y del debate".
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"En 2022, me comprometí a abrir este camino con los franceses. Con gravedad, con humildad y en el pleno respeto a nuestra democracia, este compromiso se ha cumplido. Las remisiones al Consejo Constitucional seguirán su curso según los principios de nuestro Estado de derecho", ha dicho.
El mandatario ha expresado su agradecimiento a los parlamentarios por permitir "un debate constructivo y respetuoso". "También quiero saludar a todos aquellos que han participado en esta reflexión colectiva: los ciudadanos de la convención ciudadana, los cuidadores, las asociaciones", ha precisado.
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"Tengo un pensamiento para todas aquellas y aquellos que me han interpelado personalmente, que han compartido sus historias, sus dudas, sus convicciones y sus esperanzas. Sus testimonios han nutrido profundamente este texto", ha zanjado.
REACCIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL FRANCESA
Por su parte, la Conferencia Episcopal de Francia ha denunciado que la medida representa una "grave ruptura" en la historia del país, ya que rompe "con la larga tradición de cuidados cuyo propósito es aliviar el sufrimiento y acompañar a cada persona hasta el final natural de su vida".
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"Los efectos de esta legislación aún no se han medido por completo, pero ya se están haciendo sentir. Nuestra relación con la vulnerabilidad, la vejez, la discapacidad y la enfermedad cambiará. El vínculo de confianza entre generaciones, así como entre cuidadores, pacientes y sus familias, se debilitará, y la percepción social de la fragilidad se verá perjudicada", ha indicado.
Asimismo, ha argumentado que "los más pobres probablemente serán los primeros en pagar las consecuencias". "Para no ser una carga para sus hijos o nietos, las personas mayores en situaciones precarias pueden sentirse presionadas a morir. Además, la experiencia de otros países demuestra que los criterios para acceder a la muerte asistida tienden a ampliarse, en detrimento de los cuidados paliativos", ha argüido.
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