Aumento de inversión minera del nuevo gobierno de Perú generará conflictos, dice estudio

Lima, 15 jul (EFE).- La intención de aumentar la inversión minera y destrabar proyectos del nuevo gobierno de la presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, puede generar en los próximos años tensión en los territorios y crear conflictos sociales.

Así lo concluye el 38.º Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú del primer semestre de 2026 que señala la existencia de "un nuevo escenario minero" caracterizado por dinamismo y bonanza pero también pérdida de soberanía del Estado y la expansión de la minería ilegal.

Ante el aumento internacional del precio de minerales, en lo que va de 2026 el sector minero registra una inversión valorada en 1.500 millones de dólares, un aumento del 43,7 % respecto al mismo periodo de 2025, con un total de 67 proyectos activos.

El informe revela que el cobre es el metal rey (71 % del total) y la mayoría de inversiones se localizan en el sur (45,5 %), frente al 37 % del norte, y 17,2 % del centro.

Según expuso el exviceministro del Ambiente y representante de CooperAcción, José de Echave, hay indicios de que el próximo gobierno va a querer incentivar aún más el potencial minero del país andino.

En este sentido, recordó que el equipo de Keiko Fujimori ha prometido que pretende destrabar y desregularizar los proyectos mineros para fomentar la inversión, lo que podría rebajar los estándares sociales y ambientales, y generar tensión en los territorios.

"Vamos a entrar en un quinquenio cuya apuesta minera es sacar adelante la mayoría de proyectos mineros, la hipótesis que manejamos, teniendo en cuenta la historia reciente, es que va aumentar la tensión en los territorios y eso se va a expresar en conflictividad social", indicó De Echave.

Además, señaló que algo parecido pasó durante el segundo gobierno del expresidente Alan García (2006-2011), cuando el intento de priorizar numerosos proyectos coincidió con un fuerte incremento de conflictos sociales.

De hecho, el estudio revela que en el sur, donde hay más presencia minera, es la zona donde menos apoyo recibió Fujimori en las elecciones.

"Este desbalance entre el peso del territorio minero y la representación política es considerado por el OCM como un factor de alto riesgo: los proyectos llegan a zonas que no respaldaron electoralmente al gobierno, lo que puede generar un clima de tensión social", indica.

Otra de las conclusiones del informe es "la tendencia preocupante" del avance de las concesiones mineras en regiones amazónicas como Ucayali, Loreto y Amazonas, algo que no debería estar ocurriendo por el alto impacto ambiental.

En este sentido, el informe advierte que las políticas de concesiones se deberían revisar pues están basadas en una legislación de hace 35 años y favorecen al acaparamiento de las mismas.

De hecho solo el 1 % de los titulares de concesiones mineras maneja más del 50 %.

También advirtieron que cada vez serán más frecuentes los conflictos de mineros ilegales o informales tanto con comunidades como con las grandes mineras.

Por ejemplo, alertaron que la presencia de mineros irregulares en territorios amazónicos provoca el sometimiento de pueblos indígenas a estas bandas, pues el Estado ha perdido soberanía en parte de la Amazonía. EFE