Expertos de la ONU tildan de "grave golpe" la revocación masiva de abogados en Nicaragua

San José, 13 jul (EFE).- El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, calificó este lunes como un "grave golpe" a los derechos humanos de los nicaragüenses la revocación masiva de credenciales de abogados en ese país centroamericano, gobernado por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega desde 2007.

"Durante la última semana, se ha acumulado evidencia que corrobora motivos razonables para considerar que el gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión”, señaló en un comunicado el presidente del grupo de expertos, Jan-Michael Simon.

Al menos 2.000 abogados habrían sido eliminados del registro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, según han denunciado los profesionales afectados y fuentes judiciales a la prensa nicaragüense, lo que en la práctica significa que no podrán ejercer la profesión.

Ni el Gobierno ni el Poder Judicial ofrecieron una explicación al respecto.

“Hemos condenado reiteradamente la injerencia del gobierno de Nicaragua en el Poder Judicial, pero la eliminación de una parte considerable de la profesión jurídica representa una nueva escalada”, alertó Simon.

El grupo de expertos, creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2022 para investigar violaciones de las libertades fundamentales en Nicaragua desde las protestas antigubernamentales de 2018, advirtió que la medida ha eliminado de un día para otro a una parte esencial de la profesión jurídica de ese país y ha privado a la población de su derecho a la defensa.

Además, indicó que la injerencia en el ejercicio de la profesión jurídica en Nicaragua no es nueva, puesto que en 2023 las autoridades suspendieron de manera arbitraria y permanente a por lo menos 28 abogados, y desde entonces han rechazado arbitrariamente renovar los “quinquenios” notariales (la renovación periódica obligatoria requerida para ejercer como notario) obligatorios de otros abogados impidiéndoles continuar ejerciendo funciones notariales.

Para el grupo, las medidas recientes se producen tras una amplia depuración del sistema judicial que está en marcha desde octubre de 2023, cuando la Policía tomó el control de la Corte Suprema de Justicia y varios altos funcionarios fueron destituidos, incluyendo ocho magistrados y magistradas que renunciaron o fueron obligados a dejar sus cargos.

También, recordaron que la reforma constitucional de 2025 despojó al Poder Judicial de su condición de poder independiente del Estado, redefiniéndolo como un "órgano" que la Presidencia "coordina," y redujo el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 16 a 10, todos nombrados luego de ser propuestos por los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Esta depuración silenciosa de la profesión jurídica es un clavo más en el ataúd de la independencia de la justicia en Nicaragua: primero fueron los jueces; ahora son los abogados y las abogadas”, advirtió, por su lado, Reed Bródy, miembro del grupo, quien subrayó que "las normas internacionales son inequívocas: nadie puede ser privado del ejercicio de la abogacía sin una audiencia imparcial ante un órgano independiente".

"En este caso no hubo audiencia, ni órgano independiente; solo una tecla de borrar”, puntualizó el experto, para quien toda injerencia injustificada en las credenciales profesionales socava gravemente las instituciones de justicia y crea importantes obstáculos para la prestación de servicios jurídicos.

Entre las presuntas víctimas figuran exmagistrados y abogados en el exilio, así como antiguos miembros del partido gobernante sandinista y otras personas sin una afiliación política claramente identificable.

"Los abogados han sido víctimas de la persecución política en Nicaragua desde 2018 (...). Han sido objeto de amenazas, hostigamiento, detenciones y exilio. Se les ha negado sistemáticamente el acceso a sus clientes y ahora también se les priva del ejercicio mismo de su profesión", comentó la también integrante del grupo de expertos, Ariela Peralta.

El grupo subrayó que la exclusión arbitraria de abogados y notarios de los registros oficiales tiene graves consecuencias para el derecho a un juicio justo y el acceso a la justicia. EFE