San José, 8 jul (EFE).- Al menos siete periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica han sido víctimas de vigilancia y amenazas por parte de agentes del Gobierno de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció este miércoles en un informe la ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
El informe titulado "El exilio deja de ser un refugio seguro: periodistas nicaragüenses enfrentan amenazas transnacionales y desprotección" revela que varios comunicadores fueron alertados por el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) sobre riesgos graves contra su vida e integridad en este país.
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La FLED, que forma parte de la red regional Voces del Sur, dijo que fue informada sobre casos de vigilancia, seguimientos cerca de viviendas, amenazas en redes sociales, exposición de información personal, intimidaciones en espacios públicos, fotografías de vehículos y llamadas de números desconocidos al menos a 7 periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica.
Uno de los casos más graves derivó en la salida de emergencia de una periodista de Costa Rica, luego de recibir advertencias sobre el peligro que enfrentaba si permanecía en el país.
Según la información documentada, otros comunicadores han tenido que cambiar de domicilio o desplazarse internamente por razones de seguridad, luego de recibir recomendaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos que les brindan acompañamiento y de autoridades policiales que conocen sus casos.
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Por tanto, esa ONG urgió a Costa Rica fortalecer sus mecanismos de protección y adoptar respuestas diferenciadas frente a posibles casos de "represión transnacional" por parte del Gobierno de Nicaragua.
Para ese organismo, la cercanía geográfica entre Costa Rica y Nicaragua, sumada a antecedentes recientes como el asesinato del opositor nicaragüense desnacionalizado Roberto Samcam -un mayor en retiro del Ejército de Nicaragua naturalizado español, asesinado a tiros hace un año en San José, donde se había exiliado-, "obliga a analizar estos riesgos con mayor atención".
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"La respuesta debe contemplar la identificación de periodistas en mayor situación de vulnerabilidad, protocolos claros de comunicación y actuación, así como condiciones que permitan proteger su vida e integridad sin obligarlos al silencio ni impedir la continuidad de su trabajo", recomendó la ONG.
Ese organismo hizo un llamado a la comunidad internacional a mantener la denuncia sobre la situación del periodismo nicaragüense dentro del país y en el exilio.
Asimismo, la FLED exigió al Estado de Nicaragua poner fin a la persecución contra periodistas y medios independientes, garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo y respetar el derecho de la ciudadanía a recibir información.
Esa ONG, con sede en Costa Rica, documentó 24 casos de agresiones contra medios y periodistas independientes en Nicaragua o en el exilio en el período de abril a junio, 20 menos que las reportadas en el primer trimestre de este año.
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Entre 2018 y lo que va de 2026 el Gobierno de Ortega y Murillo ha cerrado al menos 54 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscadas sus propiedades, incluido el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y la Trinchera de la Noticia, según esa ONG.
Además, al menos 310 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses, en su mayoría comunicadores, han abandonado su país por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018. EFE
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