Nueva York, 8 jun (EFE).- La gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill, divulgó este lunes que logró acceder al centro migratorio de Newark que está en el centro de las protestas contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU., pero se le impidió hablar con los detenidos.
"Tras semanas de obstáculos, finalmente se me permitió el acceso a Delaney Hall, pero lo que recibí fue un recorrido controlado, restringido y cuidadosamente maquillado. Eso es completamente inaceptable", indicó la política en un comunicado en español.
"Lo más alarmante de todo: no se me permitió reunirme ni hablar directamente con los detenidos, lo que continúa generando serias interrogantes sobre las verdaderas condiciones de la instalación y el trato que reciben quienes están recluidos allí", agregó.
Delaney Hall ha concentrado protestas en las últimas semanas tras una huelga de hambre iniciada por una parte de los 300 inmigrantes detenidos allí para denunciar unas supuestas condiciones inhumanas que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega.
Este fin de semana hubo nuevos choques violentos entre manifestantes y agentes federales en los alrededores del centro, que dejaron al menos cinco detenidos, según indicó la Policía a medios locales.
Sherrill dijo que seguirá "luchando por transparencia total y rendición de cuentas por parte del ICE", lo que incluye "garantizar el acceso completo del Departamento de Salud para inspeccionar" las instalaciones tras una demanda de la Fiscalía general del estado.
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Según dijo una portavoz de ICE al medio Gothamist, la visita de la gobernadora comenzó en torno a las 8 de la mañana y abarcó la biblioteca, la unidad médica, la cocina, la cafetería, el área de visitas y las unidades de alojamiento masculinas 2A y 2B.
Sherrill también expresó su oposición a la construcción de nuevos centros de detención, reivindicó que los agentes del ICE trabajen sin ir enmascarados y abogó por un trato digno de los detenidos, así como por el cierre "definitivo" de Delaney Hall.
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El alcalde Ras Baraka anunció el martes pasado que pediría a los tribunales el cierre del lugar al acusar a la empresa privada que gestiona el centro, Geo Group, de "infringir desde el principio las leyes municipales y estatales". EFE
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