Roma, 15 abr (EFE).- La Fiscalía italiana investiga a trece altos cargos, entre ellos el actual ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, y tres expresidentes de la región de Sicilia (sur), por el corrimiento de tierra que abrió un enorme barranco en la localidad de Niscemi.
El fiscal de la ciudad de Gela, Salvatore Vella, informó este miércoles que la investigación busca depurar responsabilidades por la falta de obras de prevención de riesgos en el municipio que quedó al borde de un barranco de diez metros tras un temporal.
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Las pesquisas se centran en la acción de los últimos 4 presidentes de la isla de Sicilia: Musumeci (2017-2022), actual ministro de Protección Civil, Raffaele Lombardo (2008-2012), Rosario Crocetta (2012-2017) y el actual, Renato Schifani.
Todos en calidad de comisarios especiales de la región contra el riesgo hidrológico.
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Según la fiscalía, las autoridades habrían omitido un plan de intervención dotado con 12 millones de euros presupuestados a principios de los años 2000.
Pese a que el contrato de obras se firmó en 1999, este se resolvió por incumplimiento en 2010 sin ejecutarse las infraestructuras necesarias para frenar el movimiento de tierras, un riesgo que los geólogos ya advirtieron en 1997.
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Niscemi sufrió un gran corrimiento de tierra tras días de intensa lluvia que abrió un barranco por el que colapsó parte de un barrio, llevándose consigo edificios y vehículos y obligando a desplazar a unas 1.500 personas.
El fenómeno de los corrimientos de tierra afecta a gran parte del territorio italiano.
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El último informe del Instituto Superior para la Protección y la Investigación Ambiental (ISPRA) cuantifica en un 94,5 % el número de municipios italianos que se encuentran en áreas en riesgo por corrimientos, aludes, aluviones o la erosión.
Otro caso reciente es la localidad de Petacciato (Molise, sur), donde una grieta de cuatro kilómetros mantiene cortados varios tramos de la autovía A14 y ha deformado las infraestructuras ferroviarias.
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De acuerdo con un informe de la patronal italiana de constructores (Ance) y el centro Cresme difundido hoy, el Estado ha comprometido en solo tres meses más de 1.200 millones de euros para emergencias climáticas, cifra que ya supera todo el presupuesto previsto para 2026.
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