La OCDE reclama a Argentina que proteja a los denunciantes de cohecho internacional y que contrate más jueces

Mientras que en 2025 se resolvió por primera vez en Argentina un caso de cohecho internacional contra una persona física, la mayoría de las denuncias relacionadas con sobornos en el extranjero siguen sin llegar al enjuiciamiento y enfrentan significativos retrasos que afectan la obtención de pruebas y el cumplimiento de plazos legales. Según informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estos obstáculos se deben a la falta de protección jurídica para quienes exponen estos delitos y a la insuficiente dotación de jueces en el país. La OCDE insistió en que Argentina debe tomar medidas urgentes para mejorar el combate contra la corrupción transnacional.

De acuerdo con la OCDE, los avances realizados por Argentina en la persecución del cohecho internacional evidencian un progreso, pero el país aún afronta barreras estructurales que limitan la eficacia en la detección y aplicación de la ley. El organismo internacional subrayó en un informe reciente que una de las principales deficiencias es la carencia de un marco legal integral que resguarde a los denunciantes tanto en el sector público como en el privado.

Tal como publicó la OCDE, la organización recomendó que el Estado argentino diseñe con urgencia un sistema robusto para proteger a las personas que denuncian hechos de soborno internacional o, alternativamente, asegure la existencia de mecanismos que permitan que los casos reciban una resolución fiscal sin dilaciones indebidas. Además, reclamó que se aplique completamente el Código Procesal Penal Federal en aquellas jurisdicciones federales que aún no lo han incorporado, a fin de uniformar criterios procesales y reducir vacíos legales.

El informe de la OCDE, citado al inicio de la semana, también remarcó la necesidad de disminuir de manera significativa el número de vacantes en el sistema judicial, tanto de jueces titulares como suplentes, porque este déficit contribuye a la acumulación y estancamiento de causas relacionadas con delitos económicos y soborno transnacional. La escasez de jueces titulares y de apoyo debilita la respuesta judicial ante hechos delictivos complejos y facilita la impunidad en los casos de corrupción internacional.

Sobre las instituciones argentinas dedicadas a la persecución del cohecho internacional, la OCDE señaló logros recientes. El medio internacional consignó que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) han fortalecido sus capacidades de análisis, adoptando estrategias más activas que fomentan la cooperación con contrapartes extranjeras. Este fortalecimiento ha permitido una mayor articulación en investigaciones, aunque los resultados en materia de enjuiciamiento permanecen limitados.

A pesar de estos avances, la OCDE observó que los atrasos en la tramitación judicial continúan generando dificultades para recolectar pruebas y ajustarse a los plazos de prescripción, lo que afecta el éxito de la persecución penal. Según reportó la organización, solo un número muy reducido de expedientes judiciales vinculados a sobornos internacionales llegó a la etapa de juicio oral y ninguna empresa —persona jurídica— ha enfrentado hasta el momento una investigación o sanción bajo la Ley de Responsabilidad Empresarial, a pesar de que esta legislación fue adoptada hace ocho años en el país.

En sus recomendaciones, la OCDE solicitó que las autoridades argentinas revisen y refuercen las garantías legales para quienes denuncian delitos de cohecho, ya que la falta de protección implica riesgos de represalias, obstaculizando la denuncia y, en consecuencia, la investigación de estos hechos. El organismo internacional instó también a que todas las jurisdicciones federales apliquen de forma íntegra el Código Procesal Penal Federal, aspecto que considera imprescindible para una respuesta judicial ágil y homogénea.

El medio internacional señaló que, aunque en 2025 Argentina logró resolver el primer caso de cohecho internacional contra una persona física sin demoras excesivas, los desafíos persisten en relación con la impunidad de las empresas implicadas y con la duración de los procesos judiciales. La OCDE advirtió que sin una mayor dotación de jueces y sin la implementación de sistemas adecuados de protección a denunciantes, será difícil que el país logre una reducción efectiva de la corrupción transnacional y que se garantice la adecuada aplicación de las leyes vigentes.

En sus declaraciones, la OCDE hizo hincapié en la urgencia de que el gobierno argentino ponga en marcha las reformas recomendadas y fortalezca su capacidad institucional, no solo para detectar y sancionar más eficientemente los casos de soborno en el extranjero, sino también para prevenir nuevos hechos a partir de un marco legal que promueva y proteja la denuncia responsable.

El organismo, a través de su último informe, ratificó su disposición a apoyar técnicamente a Argentina y seguir monitoreando los avances realizados, reiterando que la construcción de un sistema judicial sólido y la protección efectiva para los denunciantes son elementos centrales para erradicar la impunidad en los delitos de cohecho internacional.