El Gobierno prepara una norma para que indemnizaciones a víctimas de abusos en la Iglesia no tributen en el IRPF

Una de las novedades derivadas de la firma del protocolo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Defensor del Pueblo es la creación de un mecanismo dirigido a aquellas víctimas de abusos en la Iglesia cuyos casos no pueden seguir un curso judicial, ya sea por prescripción o por el fallecimiento del agresor. A partir del 15 de abril, estas personas podrán presentar solicitudes con el objetivo de acceder a medidas de reparación que podrán consistir en compensaciones económicas, gestos simbólicos, acciones restaurativas o acompañamiento espiritual, según informó la prensa.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció que el Gobierno trabaja actualmente en la elaboración de una norma con rango de ley destinada a eximir del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a quienes reciban indemnizaciones por haber sido víctimas de abusos sexuales en ámbitos eclesiales. De acuerdo con lo publicado por diversos medios, Bolaños señaló: “El Gobierno está ya trabajando en llevar a cabo, aprobar, una norma con rango de ley donde estas exenciones fiscales para víctimas que perciban o hayan percibido indemnizaciones no tengan que tributar por IRPF, vamos a hacer el trabajo y en unas fechas razonablemente tempranas podremos aprobar esa norma con rango de ley”.

El anuncio se realizó en la rueda de prensa posterior a la firma del protocolo en la sede del Defensor del Pueblo, una iniciativa formalizada un mes después de lo previsto en el acuerdo entre el Ejecutivo y la Iglesia, firmado el 8 de enero. Este protocolo establece un nuevo recorrido para la reparación de las víctimas cuando la justicia ordinaria no puede intervenir.

Durante el acto, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, recordó la postura de la Iglesia, manifestando que el clero considera relevante que el Gobierno avance hacia la exención fiscal de las indemnizaciones que puedan percibir las personas afectadas. Argüello precisó que, para que la exención fiscal sea efectiva, es imprescindible que la condición de víctima esté reconocida oficialmente, y no por una entidad privada: “Para que esta desgravación, que esperamos se produzca si el Ministerio de Hacienda, ahora con nuevo responsable, da este paso, hace falta que esa condición de víctima sea reconocida y no por una entidad privada”.

El arzobispo insistió en la necesidad de que una “oficina pública” sea la encargada de conceder este reconocimiento a fin de que las víctimas puedan acceder a los derechos que puedan establecerse en el ámbito público. En palabras recogidas por el medio, Argüello añadió: “Nosotros lo deseamos esto para las víctimas en el ámbito eclesial pero también para otras víctimas”. La propuesta pretende evitar disparidad de criterios en la determinación del reconocimiento y busca ofrecer garantías en la concesión de derechos asociados, según detalló la fuente.

El protocolo suscrito responde al compromiso adquirido anteriormente entre el Gobierno y la Iglesia para abrir nuevas fórmulas de reparación a quienes no pueden acudir a los tribunales debido a que sus casos han prescrito o porque el acusado ha fallecido. Según informó la prensa, las solicitudes empezarán a recibirse desde el 15 de abril. El documento establece que estas reparaciones podrán ser económicas, pero también incluyen medidas de carácter simbólico, acciones restaurativas o acompañamiento de tipo espiritual según las circunstancias de cada caso.

El documento firmado también incorpora la participación del Defensor del Pueblo, institución que velará por la aplicación y supervisión del nuevo sistema en materia de reconocimiento y reparación de víctimas vinculadas a abusos sexuales en el contexto eclesial. Según publicó la prensa, el objetivo es garantizar atención efectiva en aquellos casos donde la justicia ordinaria no puede ofrecer respuesta debido a barreras legales o materiales.

La mencionada medida gubernamental sobre las exenciones en el IRPF representa un cambio en el tratamiento fiscal que han enfrentado hasta ahora las víctimas de abusos en instituciones religiosas. Según fuentes oficiales citadas por la prensa, en el pasado, quienes percibían compensaciones económicas debían declarar dichos ingresos en su declaración anual de la renta, lo que podría suponer un obstáculo adicional a la hora de obtener la reparación. Con la aprobación de la futura normativa, el Gobierno pretende eliminar esta carga fiscal, proporcionando un marco legal específico para este colectivo.

La propuesta, según adelantó el propio ministro Félix Bolaños, se encuentra en fase de elaboración y su calendario de aprobación dependerá de la coordinación entre los distintos organismos competentes dentro del Ejecutivo, incluido el Ministerio de Hacienda. El proceso legislativo involucrará la emisión de un texto legal con efecto normativo, cuya aplicación permitirá la exención específica del IRPF para indemnizaciones relacionadas con estos casos en el ámbito eclesial, detalló el ministro según la prensa.

En el contexto de la firma del protocolo, la prensa también subrayó el papel de las organizaciones religiosas, tanto la Conferencia Episcopal como CONFER, en el avance de iniciativas conjuntas para el reconocimiento y reparación de las víctimas. Las instituciones firmantes manifestaron su intención de cooperar en el desarrollo y aplicación de estos mecanismos de reparación, y en la promoción de medidas que reconozcan formalmente a quienes han sufrido abusos en el seno de instituciones religiosas.

Además del impacto inmediato en el régimen fiscal, las medidas trabajan en paralelo al proceso de reconocimiento público de las víctimas. La implementación del nuevo protocolo implica que, a partir de 15 de abril, cualquier persona que denuncie haber sido víctima de abusos en el ámbito eclesial y cuyo caso quede fuera del alcance judicial podrá presentar su solicitud para optar por una reparación, ya sea de tipo económico, simbólico, restaurativo o espiritual, conforme estipula el documento adoptado.

De este modo, el proceso legislativo y administrativo implicará la integración de la normativa eximentes en el ámbito fiscal, la creación de mecanismos de reconocimiento público de las víctimas y la articulación de acciones coordinadas entre organismos gubernamentales y eclesiásticos. Todo ello forma parte de los compromisos detallados por el Gobierno y refrendados por la Conferencia Episcopal Española, CONFER y el Defensor del Pueblo en la jornada que marcó la formalización del nuevo protocolo, detalló la prensa ese lunes.