Consumo avisa a 13 fondos e inmobiliarias de que han de aceptar prorrogar alquileres en sus 100.000 viviendas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha comunicado a importantes gestoras inmobiliarias y fondos de inversión la obligación de aplicar la extensión extraordinaria de los contratos de alquiler para más de 100.000 viviendas en toda España, siempre que así lo soliciten los arrendatarios, según informó el medio que aporta el texto fuente. El anuncio se centra en la aplicación del Real Decreto-ley aprobado el pasado 20 de marzo en el Consejo de Ministros, cuyo objetivo es ofrecer medidas de protección a personas con vivienda habitual ante el impacto económico derivado de la guerra en Irán.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, la Dirección General del Consumo ha remitido este lunes una carta a trece grandes actores del sector residencial —entre fondos e inmobiliarias— para notificarles que deben aceptar la prórroga de los alquileres cuyos contratos venzan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, en caso de que los inquilinos lo pidan. La carta detalla que estos contratos podrán extenderse hasta por dos años más, a razón de prórrogas anuales, en las mismas condiciones pactadas originalmente, tal como lo exige el nuevo marco legal.

El medio indicó que la medida forma parte de una batería de respuestas adoptadas por el Gobierno para paliar los efectos económicos negativos vinculados con el contexto internacional. La carta enfatiza que se trata de una medida ya en vigor, si bien la convalidación definitiva por parte del Congreso de los Diputados se realizará en las próximas semanas. El ministro Pablo Bustinduy y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han alentado a los inquilinos que cumplan las condiciones a solicitar esta prórroga antes del cierre del plazo.

Según reporta el medio que difunde la noticia, la extensión de los contratos de alquiler debe realizarse obligatoriamente por parte del arrendador ante la petición del inquilino, manteniéndose los derechos y obligaciones que figuraban en el contrato anterior. Así, las empresas implicadas ya han sido avisadas para que adopten con urgencia los procedimientos necesarios que garanticen la aplicación inmediata de la medida, cumpliendo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley.

La carta enviada a las empresas recuerda que la nueva normativa genera un derecho específico para los inquilinos de viviendas habituales, siempre que la fecha de vencimiento del contrato esté comprendida entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. De esta forma, durante el periodo señalado será posible ampliar la permanencia en el domicilio por hasta dos años adicionales, bajo las mismas condiciones pactadas al inicio.

El origen de la medida se sitúa en la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros del 20 de marzo, en la que miembros del bloque Sumar condicionaron el inicio de la reunión a la inclusión de la prórroga en los contratos de arrendamiento entre las decisiones del día. Según consignó la fuente informativa, esta extensión contractual no fue incorporada en el decreto de medidas fiscales anticrisis —que ya ha recibido la convalidación parlamentaria— sino en un decreto específico que aún aguarda el trámite definitivo en el parlamento.

El medio explica que, aunque el Gobierno prevé contar con apoyos suficientes para la aprobación definitiva, podría darse el caso de que el periodo de solicitud de prórrogas por parte de los inquilinos quede limitado al mes en que la norma ha estado en vigor, motivo por el que tanto el ministro Bustinduy como la vicepresidenta Díaz insisten en gestionar la solicitud cuanto antes.

La comunicación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recalca la importancia de que los grandes arrendadores implementen mecanismos internos concretos que aseguren su cumplimiento, recordando a las entidades destinatarias su papel en el sector e instándolas a ejercer la máxima diligencia para evitar demoras en la aplicación de los nuevos derechos de los arrendatarios.

Con la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, el Gobierno busca ofrecer estabilidad en el acceso a la vivienda habitual durante el periodo de vigencia de la nueva normativa, enfrentando las dificultades provocadas por la coyuntura internacional y asegurando que las familias beneficiadas no queden expuestas a cambios adversos en las condiciones de su arrendamiento mientras perduren los efectos derivados del conflicto en Irán.

Tal como remarcó el Ministerio en su carta a las empresas, la novedad legislativa implica una obligación para los arrendadores de aceptar la petición de renovación por parte de los inquilinos en los términos previstos, consolidando temporalmente una medida excepcional dentro del marco normativo vigente mientras se resuelve su convalidación en el Congreso.