El Defensor recibe quejas por la "escasez" de taxis adaptados para personas con movilidad reducida en ciudades y pueblos

El informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2025 incluye un dato relevante acerca del descenso del número de taxis adaptados en Madrid, donde la cifra ha disminuido de 564 en 2019 a 360 en 2025, lo que representa una bajada significativa en la disponibilidad de estos vehículos para personas con movilidad reducida. El documento, entregado recientemente por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, resalta que este volumen de taxis adaptados en la capital española no alcanza ni siquiera la mitad del mínimo del 5 por ciento establecido en el artículo 8.1 del Real Decreto 1544/2007, que regula las condiciones de accesibilidad y no discriminación en los medios de transporte para personas con discapacidad. A partir de estos datos, el informe revela el alcance nacional del problema, subrayando la insuficiencia de las acciones implementadas para corregir esta situación.

Según consignó Europa Press, el Defensor del Pueblo recibe quejas por la “escasez” de taxis accesibles no solo en Madrid, sino también en otras ciudades y pueblos de distintos puntos del territorio español. Tal como recoge el informe, la denuncia de la población afecta a distintas localidades y se ha convertido en una constante para la institución, que observa cómo las políticas puestas en marcha hasta ahora no han logrado revertir la tendencia al descenso en la flota de taxis adaptados.

El informe detalla que entre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid figuran la mejora en las subvenciones para la adquisición de vehículos adaptados, la flexibilización de los turnos de descanso para los conductores de este tipo de taxis, la autorización para portar publicidad y la obligación de renovar la flota únicamente con unidades adaptadas en determinados casos. Pese a estos intentos, el texto entregado por Gabilondo subraya que estos mecanismos “parecen haber resultado insuficientes a la vista de los datos indicados”.

La normativa actual, recogida en el Real Decreto 1544/2007, estipula que al menos el cinco por ciento de los taxis de cualquier área deben ser accesibles para personas con movilidad reducida, lo que busca garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al transporte público. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Madrid se sitúa actualmente muy por debajo de ese mínimo obligatorio, incluso tras las modificaciones incorporadas por la administración local.

El reporte de la institución recoge además que estas carencias han motivado una actuación específica ante el Ayuntamiento de Madrid que, tras la publicación de los datos, recibió una recomendación clara del Defensor del Pueblo: “intensificar sus esfuerzos para revertir la fuerte caída que viene produciéndose” y recuperar el porcentaje de taxis adaptados exigido por la ley. El texto añade que el Ayuntamiento ha aceptado esta recomendación y que la institución mantiene un seguimiento sobre su cumplimiento y sobre la ejecución de nuevas iniciativas destinadas a corregir el desfase.

El documento también vincula la disponibilidad de taxis adaptados, no solo con el cumplimiento de la normativa, sino con el objetivo mayor de eliminar las barreras que encuentran las personas con movilidad reducida para desplazarse de manera autónoma y segura. El Defensor del Pueblo enfatiza que la falta de una cobertura suficiente afecta el acceso al trabajo, la educación y diversas actividades esenciales de la vida cotidiana, atendiendo a las demandas numerosas y reiteradas de los ciudadanos que han reportado la carencia.

Europa Press puntualiza que la escasez no es un fenómeno aislado de Madrid, ya que el propio informe advierte de que las quejas se extienden a ciudades y pueblos en toda España. El Defensor interpreta este fenómeno como un indicio de una tendencia generalizada, a pesar de las iniciativas oficiales promovidas para corregir el déficit.

De acuerdo con la información del informe anual, el Defensor continuará monitorizando la respuesta del Ayuntamiento de Madrid, así como la evolución de la flota accesible en otras localidades. El objetivo apunta a alcanzar el cumplimiento de la normativa y a solucionar las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad en sus desplazamientos urbanos e interurbanos. El texto señala que se mantiene la interlocución permanente con las administraciones responsables para que los planes de acción presentados incluyan una programación efectiva, acompañado de recursos suficientes para incrementar el parque de taxis adaptados en todo el país.

El Defensor del Pueblo incide en la importancia de las medidas preventivas y correctivas que permitan aumentar la presencia de estos vehículos y responde a la preocupación expresada desde las asociaciones de personas con discapacidad, que consideran prioritario eliminar las limitaciones derivadas de la falta de transporte accesible. Según detalla Europa Press, la institución recuerda la obligación legal vigente y la necesidad de aplicar herramientas que posibiliten la movilidad inclusiva para todos los ciudadanos.