Un juez de EEUU rechaza retirar los cargos a Maduro, que alega no poder pagar el litigio por las sanciones

El juez Alvin Hellerstein solicitó al fiscal adjunto Kyle Wirshba investigar si Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, pueden recurrir a fondos alternativos para cubrir los gastos legales que enfrenta el mandatario venezolano en el proceso penal por narcotráfico. Esta solicitud surgió luego de que la Corte Federal de Manhattan evaluase la imposibilidad de Maduro para financiar su defensa debido al bloqueo de sus cuentas por parte del Gobierno de Estados Unidos. En ese contexto, el juez mencionó que, si existieran recursos, estos probablemente se encontrarían sujetos a decomiso o afectarían las sanciones vigentes. Sobre esta base, Hellerstein resolvió no retirar los cargos contra el presidente venezolano, manteniendo activo el proceso judicial abierto tras el arresto de Maduro en Caracas a principios de enero de 2026, según consignó CNN.

La segunda audiencia del juicio, realizada este jueves, estuvo marcada por el intento de la defensa de Maduro de desestimar los cargos alegando que las restricciones financieras, originadas por las sanciones estadounidenses, imposibilitan sufragar los costes del litigio. El magistrado fue tajante: "No voy a desestimar el caso", resolución que mantuvo el foco en las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre Maduro.

De acuerdo con lo publicado por CNN, durante la sesión judicial quedó claro que el Gobierno de Venezuela también tiene prohibido hacerse cargo de los gastos, lo que añade dificultad a la situación financiera de la defensa. Hellerstein abrió la posibilidad de que el tribunal consulte a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para examinar si es factible autorizar una exención de las sanciones que permita a Maduro acceder a fondos para costear su defensa, aunque reconoció que cualquier recurso identificado probablemente estaría bajo sospecha de ser objeto de incautación o seguiría sujeto a medidas restrictivas.

Por su parte, el fiscal Wirshba manifestó dudas sobre la capacidad del tribunal para ordenar a la OFAC levantar sanciones. En palabras transmitidas por CNN, el fiscal argumentó que la vía adecuada sería que Maduro presentara una acción civil para impugnar específicamente las sanciones, en lugar de buscar una solución desde el propio proceso penal. Este punto dejó en claro que existe un debate sobre las competencias del tribunal para intervenir ante el régimen de sanciones impuesto.

Las restricciones financieras derivadas de las sanciones estadounidenses han tenido un impacto directo en la estrategia de defensa de Maduro, quien se halla detenido en Estados Unidos desde la operación de captura en Caracas, calificada como histórica. El arresto activó de inmediato el proceso penal en Manhattan, que ahora avanza con el obstáculo de la financiación de la defensa legal.

La postura del juez Hellerstein y la petición de indagar sobre otras fuentes de financiamiento podrían tener repercusiones en futuros litigios en los que las sanciones internacionales impidan el pago de asesoría legal. CNN destacó que la respuesta del tribunal marca un precedente sobre la relación entre sanciones financieras en procesos de alta relevancia política y la administración de justicia en Estados Unidos.

La imposibilidad de cubrir los gastos legales influye tanto en la defensa de los acusados como en las garantías procesales dentro del sistema judicial estadounidense, cuestión sobre la cual la corte federal de Manhattan deberá seguir pronunciándose mientras el caso continúe su curso.