Eurocámara endurece posición sobre retornos y valida los centros de deportación, tras pacto del PPE con ultraderecha

El mandato aprobado por el Parlamento Europeo modifica la directiva de retorno y exige a todos los Estados de la Unión Europea que reconozcan y apliquen las decisiones de expulsión y órdenes de retorno emitidas por otro país miembro antes del 1 de julio de 2027. Según detalló el medio El País, esto significa que cada país será responsable de garantizar el retorno de las personas en situación irregular que tengan una orden de expulsión, incluso si la decisión fue tomada en un Estado diferente. Esta propuesta, que fue apoyada por el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de ultraderecha, ha generado un debate intenso en el Parlamento Europeo, con posiciones divididas entre los diferentes grupos políticos y organizaciones humanitarias que han advertido sobre el impacto que tendrá en los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo y migrantes.

De acuerdo con lo publicado por El País, el pleno del Parlamento adoptó este jueves la posición para negociar la reforma con los 27 países miembros, validando el uso de centros de deportación en terceros países. La reforma plantea que los demandantes de asilo a quienes se deniegue la protección tienen la obligación de cooperar con las autoridades para facilitar su expulsión del territorio europeo. Si estas personas no colaboran o si las autoridades detectan riesgo de fuga, podrán ser detenidas durante un máximo de 24 meses. Este plazo extenderá la detención a menores no acompañados y familias con niños, aunque el texto pide que esas medidas sean de “último recurso” y tengan en cuenta el interés superior del menor, sin establecer límites inferiores al plazo general de 24 meses.

El medio también informó que los eurodiputados establecieron que los motivos y plazos de detención quedarán sujetos a la legislación nacional y la decisión final corresponderá a las autoridades judiciales de cada país. Los Estados miembros podrán optar por alternativas a la detención, como la obligación de presentar informes periódicos a las autoridades, declarar una residencia fija o depositar una garantía financiera.

Una de las novedades del mandato del Parlamento consiste en que cualquier incumplimiento de las órdenes de retorno conllevará la expulsión inmediata y la prohibición de entrada o reingreso a territorio comunitario, según cada caso específico. Esta prohibición podría llegar a ser permanente dependiendo de la evaluación de las autoridades nacionales, reportó El País.

Otro de los puntos centrales de esta iniciativa es la consolidación de mecanismos para externalizar procesos de retorno a países terceros mediante centros de deportación. El Parlamento respaldó modelos como el acuerdo negociado por Italia y Albania para trasladar a migrantes sin derecho a asilo a territorio albanés mientras se resuelve su expulsión. Tales acuerdos podrían negociarse tanto por uno o varios países como por la Unión Europea en su conjunto. La única excepción explícitamente establecida en el mandato es la exclusión de menores no acompañados de los traslados a estos centros fuera del territorio de la UE.

El debate en el pleno registró una fuerte oposición de los grupos de Socialistas y Demócratas (S&D), Verdes e Izquierda europea, quienes intentaron frenar el inicio del proceso de negociación impugnando el mandato respaldado por el PPE y las formaciones de ultraderecha, anunció El País en su cobertura. Sin embargo, la mayoría conseguida permitió avanzar con las negociaciones con el Consejo de la UE. Malik Azmani, eurodiputado liberal neerlandés, encabezará estas negociaciones por parte del Parlamento, aunque su informe fue sustituido por un texto más estricto elaborado por el eurodiputado del Partido Popular François-Xavier Bellamy y acordado con la conocida como “mayoría Venezuela”.

La propuesta de eliminar la disposición que obligaba a los Estados miembros a detectar de manera activa a extranjeros en situación irregular dentro de sus fronteras también resultó aprobada. Según el medio, ahora la prioridad recae en la coordinación entre países para reconocer y ejecutar órdenes de expulsión de manera armonizada.

El Comité Internacional de Rescate (IRC) manifestó su preocupación ante la decisión adoptada. La organización, según recogió El País, calificó la medida como “un revés histórico para los derechos de los refugiados”, exhortando a la Unión a mantener sus principios jurídicos y éticos a lo largo de las negociaciones. Caritas Europa expresó en un comunicado que la Eurocámara apoya “medidas aún más estrictas que socavan la dignidad humana, los derechos fundamentales y las garantías legales”.

Tras la aprobación, representantes del PPE defendieron la reforma como un elemento clave para “reforzar la credibilidad” de la política migratoria europea y reducir la inmigración irregular a través de normas más estrictas y coordinación reforzada. Javier Zarzalejos, presidente de la comisión europarlamentaria de Libertades Civiles, Justicia e Interior y eurodiputado del Partido Popular, declaró que “no podemos avanzar en una política migratoria creíble y eficaz si las decisiones de retorno no se cumplen”, apuntando que el nuevo reglamento contrasta con la política migratoria y de regularización extraordinaria del Gobierno.

Vox, por medio de su jefe en la Eurocámara, Jorge Buxadé, celebró la adopción de un mandato “más duro” y destacó que una vez aprobado será obligatorio para todos los países de la UE. Según reportó El País, Buxadé puso énfasis en que la reforma ofrece a los gobiernos nacionales mayor autonomía en la ejecución de deportaciones forzosas, permitiéndoles decidir en función de sus propias evaluaciones y no únicamente bajo criterios uniformados de la UE.

La iniciativa recibió críticas directas desde los sectores socialdemócrata y verde. Ana Catarina Mendes, vicepresidenta de los socialdemócratas en la Eurocámara, denunció que la nueva orientación “no representa un enfoque europeo equilibrado, sino un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha”, avisando de que los derechos fundamentales recogidos en los Tratados no pueden ser considerados “opcionales”. Mélissa Camara, la eurodiputada encargada de la negociación por parte de Los Verdes, manifestó su disconformidad con el resultado y describió la aprobación como “una vergüenza” y “una traición a los valores fundamentales de la Unión Europea”.

La votación se saldó con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. El resultado permite el inicio inmediato de los contactos entre el Parlamento y el Consejo de la UE para las negociaciones formales de la reforma de la directiva de retorno, un proceso clave para el futuro de la gestión migratoria en la Unión, según describió El País en su seguimiento parlamentario.