Amnistía critica el endurecimiento de la posición de la Eurocámara y el apoyo a medidas "nocivas y excluyentes"

El apoyo del Parlamento Europeo a la creación de centros de deportación en países fuera de la Unión Europea implica, en opinión de Amnistía Internacional, un aumento del riesgo de vulneraciones graves a los derechos humanos. Según informó la propia organización a través de un comunicado citado por diversos medios, la reciente decisión de la Eurocámara de avanzar en su postura para negociar con los 27 estados miembros la reforma de la directiva de retorno refuerza medidas migratorias consideradas “nocivas y excluyentes”. Amnistía advierte que, además de limitar el control y la transparencia en el proceso, este cambio puede fortalecer un marco de sanciones y restricciones desproporcionadas para quienes reciben una orden de devolución.

De acuerdo con el comunicado difundido por Amnistía Internacional, la directora de la Oficina de Amnistía ante las Instituciones Europeas, Eve Geddie, manifestó preocupación ante la aprobación de estos planes en el Parlamento Europeo. Geddie expresó que “este acuerdo, resultado de la colaboración entre el Partido Popular Europeo y grupos políticos que apoyan políticas antiinmigración, se ha alcanzado de forma apresurada mediante negociaciones sin un escrutinio adecuado ni evaluaciones significativas en materia de Derechos Humanos”. Según publicó la organización, la decisión de la Eurocámara consolida una tendencia hacia políticas cada vez menos inclusivas y más duras en materia de migración.

La reforma en cuestión, destacó Amnistía Internacional, prevé una ampliación considerable del uso de la detención para personas sujetas a procesos de devolución, en períodos mucho más extensos de los contemplados por las actuales normas jurídicas internacionales. El medio recoge declaraciones de Geddie sobre la posibilidad que plantea la Eurocámara de que las personas sean enviadas a “centros de devolución” ubicados en países donde nunca han estado. Sobre este punto, la directora afirmó que estos centros “implican graves riesgos de violaciones de derechos, no pueden implementarse de una manera que respete los derechos humanos y deben ser rechazados de manera categórica”.

La organización subrayó que el mandato votado por el Parlamento Europeo no reduce la irregularidad migratoria y, por el contrario, incrementa la probabilidad de que más personas queden atrapadas en situaciones precarias. Según detalló Amnistía, lejos de garantizar el debido proceso, las nuevas propuestas adoptadas corren el riesgo de debilitar la protección jurídica y la transparencia en la elaboración de estas políticas.

Amnistía Internacional expresó su preocupación respecto a la falta de evaluaciones independientes y exhaustivas de derechos humanos en el marco de las negociaciones políticas que llevaron al acuerdo. En el texto difundido se puntualizó que “la tendencia en aumento a políticas cada vez más nocivas, excluyentes y draconianas en materia de migración, tiene repercusiones preocupantes para el debido proceso y la formulación de políticas basada en pruebas”. El medio informa que la organización ve en este proceder una señal de falta de control efectivo del proceso legislativo y político sobre asuntos que afectan directamente a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.

La medida respaldada por el Parlamento plantea la externalización de la gestión migratoria mediante la creación o el uso de instalaciones de detención fuera del territorio de la Unión Europea. Según describen fuentes de Amnistía Internacional citadas por medios internacionales, este tipo de centros ya han concentrado importantes críticas por parte de organismos defensores de derechos humanos, dada la imposibilidad de garantizar la seguridad jurídica y la supervisión adecuada sobre las condiciones y trato de las personas allí recluidas.

En la comunicación oficial reproducida por Amnistía, Geddie reiteró que la postura de la organización es “inequívoca” respecto a la implementación de centros de devolución en terceros países. Amnistía ha solicitado que los legisladores europeos rechacen categóricamente estas propuestas y garanticen que todas las medidas migratorias se ajusten a la protección internacional de los derechos humanos y a los estándares jurídicos vigentes.

De acuerdo con la información publicada, las medidas propuestas incluyen un refuerzo en los requisitos y sanciones para quienes estén sujetos a órdenes de devolución y el establecimiento de períodos de detención más prolongados, incluso en instalaciones ubicadas fuera de la Unión Europea. Organizaciones especializadas han remarcado que esta combinación de endurecimiento normativo y limitación de garantías puede implicar una vulneración sistemática de derechos básicos.

El medio detalla además que este paquete legislativo fue impulsado principalmente por el acuerdo entre el Partido Popular Europeo y otras formaciones políticas afines a una línea más restrictiva en materia migratoria. Representantes de Amnistía consideran que el proceso se ha llevado adelante con premura y con insuficiente escrutinio parlamentario y ciudadano.

Diversos analistas consultados por Amnistía sostienen que la tendencia hacia una mayor externalización del control migratorio responde a la presión de sectores políticos y sociales que reclaman mecanismos más rígidos para la gestión de los flujos migratorios, pero que estas iniciativas no han mostrado hasta ahora una reducción significativa de la migración irregular y sí han producido efectos adversos sobre las condiciones de vida de migrantes y personas en situación de asilo.

Por último, el comunicado de Amnistía Internacional insiste en la necesidad de reevaluar el enfoque de las políticas migratorias europeas y de priorizar el respeto de los derechos humanos y la transparencia en todos los procesos legislativos y administrativos relacionados con la movilidad internacional dentro y fuera de la Unión Europea. Nuestra redacción seguirá informando sobre las próximas etapas de la negociación y los posicionamientos de las fuerzas políticas y organizaciones sociales implicadas, conforme se desarrollen los debates en el ámbito europeo.