Suspendido hasta 2027 el juicio contra un grupo criminal por engañar a mujeres de Nicaragua y mantenerlas ilegales

En los registros domiciliarios vinculados a la causa, agentes hallaron pruebas como un cuaderno que, según la acusación, operaba como registro de los cobros exigidos a las víctimas. Ese documento, oculto tras una cómoda en una de las viviendas investigadas en Alfaro, contenía anotaciones detalladas con referencias a varios años, en las que podían leerse las cantidades reclamadas a las mujeres nicaragüenses que se encontraban en situación irregular en España. Según reportó Europa Press, este hallazgo forma parte de la evidencia utilizada por la Fiscalía para sostener la acusación contra siete personas que, presuntamente, mantenían una estructura familiar dedicada a introducir y explotar a compatriotas bajo promesas de trabajo en el sector de cuidados.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja anunció la suspensión del juicio previsto para este miércoles contra las personas imputadas por delitos relacionados con inmigración ilegal, coacciones y blanqueo de capitales. Según informó Europa Press, la vista quedó pospuesta hasta mediados de febrero de 2027, luego de que las partes no alcanzaran un acuerdo durante las negociaciones previas. De acuerdo con la información divulgada por el tribunal, la medida busca facilitar la posibilidad de alcanzar una sentencia de conformidad en futuras conversaciones y evitar la celebración de un proceso oral sin consenso entre las partes involucradas.

La acusación, encabezada por el Ministerio Fiscal, recoge que la investigación alcanzó a siete integrantes de un grupo familiar de origen nicaragüense, a los que se responsabiliza de haber diseñado y mantenido, al menos desde 2016 o 2017, un esquema recurrente de captación, traslado y explotación de mujeres de su mismo país. La trama comenzó, indica el escrito de acusación citado por Europa Press, cuando dos hermanas, una con residencia en Alfaro y otra en Huesca, ambas con situación regularizada en España, detectaron la alta demanda en el mercado de trabajo doméstico, en particular el cuidado de personas mayores.

Según la acusación del Ministerio Fiscal, las hermanas y otros familiares comenzaron a ofrecer intermediación a mujeres interesadas en migrar a España, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad socioeconómica en Nicaragua. En su municipio natal, familiares de las principales acusadas actuaban como enlace directo con las futuras víctimas. La oferta prometía la gestión integral del viaje, incluyendo billetes de avión, traslados y los trámites para la entrada como supuestas turistas, incluso con la entrega de dinero en efectivo (alrededor de mil euros) para simular solvencia. Según explicaron fuentes judiciales a Europa Press, parte del procedimiento implicaba la realización de reservas hoteleras ficticias, destinados a convencer a las autoridades de la finalidad turística del viaje.

El escrito de acusación detalla que, al llegar a España, las mujeres ingresaban en viviendas bajo el control del grupo familiar en las provincias de Alfaro y Huesca. Allí se procedía a la exigencia "brusca" del reintegro del dinero prestado y se generaba una deuda por los gastos de gestión, billetes, alojamiento y otras supuestas necesidades, la cual oscilaba entre 5.000 y 6.000 euros. Las cantidades reclamadas incluían sobreprecios por servicios como el alojamiento y la manutención, y cargos elevados incluso para artículos de primera necesidad, como 60 euros por unos analgésicos, siempre según el relato recogido por Europa Press.

El Ministerio Fiscal señala que estas prácticas situaban a las mujeres en un estado de indefensión y obligadas a aceptar las condiciones estipuladas, dada su situación irregular y la urgencia por integrarse al mercado laboral. El cobro de la deuda se realizaba de manera insistente, tanto de forma directa como a través de otros integrantes del núcleo familiar.

Según el desglose presentado por la Fiscalía, la principal responsable de la trama sería F.D.C., a quien se atribuyen delitos continuados de inmigración ilegal, coacciones, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. El Ministerio Público solicita para ella una pena de seis años de prisión y una multa de 40.000 euros. Su marido, S.A.C., enfrenta cargos idénticos salvo por el blanqueo de capitales, solicitándose una condena de cinco años y nueve meses de prisión y la misma multa. La estructura delictiva presuntamente incluía además a la sobrina T.D.C. y al hijo O.D.S., imputados por inmigración ilegal, coacciones y asociación para delinquir, con una petición fiscal de cuatro años y medio de pena privativa de libertad.

La colaboración entre las acusadas y otros familiares abarcaba la captación en Nicaragua, la recepción de dinero y la insistencia para el cobro de deudas en territorio español. En la estructura operaban también la hermana residente en Huesca, Z.M.T., y su esposo, F.J.G., quienes enfrentan cargos similares y la misma petición de pena. Una tercera hermana, L.M.T., está procesada únicamente por coacciones y se solicita para ella una condena de seis meses.

Las ganancias generadas por estas prácticas, detalló Europa Press, presentaban un carácter extraordinario y no coincidían con los ingresos lícitos declarados por los acusados, generando sospechas de opacidad fiscal y dificultades para el rastreo de los fondos percibidos. Según la investigación, la actividad se mantuvo de manera habitual y con un número de víctimas considerablemente alto, cuyos casos se fueron sumando en la instrucción judicial.

Las actuaciones judiciales resultaron en la detención de Z.M.T. el 30 de julio de 2019 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en el momento en que retornaba a España desde Nicaragua acompañada de tres mujeres que, supuestamente, ella misma había trasladado. A raíz de esta intervención, se realizó un registro exhaustivo de los domicilios relacionados, donde se localizaron numerosos documentos y anotaciones referidas tanto a los viajes como a las sumas adeudadas.

Europa Press indica que, según la acusación, la modalidad consistente en facilitar el acceso con apariencia de turismo, para luego mantener a las mujeres bajo una deuda abusiva, representó una constante en el modus operandi de la organización. El escrito fiscal resalta que los beneficios entregados a los acusados no podían justificarse con actividades regulares fuera de la trama delictiva. En el proceso de investigación se documentó la colaboración con la policía por parte de 26 mujeres, lo que ilustra el alcance de la presunta actividad criminal.

La suspensión del juicio implica que las negociaciones entre la acusación y las defensas seguirán abiertas hasta la fecha fijada. Si logra alcanzarse un acuerdo que contemple las responsabilidades imputadas, la resolución judicial podría plasmarse en una sentencia de conformidad, sin necesidad de celebrar vista oral, conforme detalló el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja a Europa Press.