El juez que investiga el 'caso Plus Ultra' prorroga un mes el secreto de sumario en la causa

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez enfrentaron detención el pasado diciembre por orden de la jueza que, antes de inhibirse en la causa originalmente radicada en Madrid, instruyó las investigaciones relativas a la gestión de fondos transferidos por el Estado a la compañía aérea. La investigación, según informó Europa Press, sigue centrada en determinar si existió un uso indebido de los 53 millones de euros aportados por el Gobierno a Plus Ultra, así como la posible implicación en el blanqueo de capitales procedentes de fondos públicos venezolanos y de operaciones de venta de oro.

El magistrado José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, prorrogó por un mes el secreto de sumario en estas diligencias referidas al denominado ‘caso Plus Ultra’, reportó Europa Press. Esta medida implica que la documentación relacionada con el proceso judicial no estará disponible para las partes implicadas durante al menos un mes más, al considerar que la confidencialidad resulta necesaria para el avance de la investigación sobre supuestos movimientos de capital de origen ilícito relacionados con Venezuela. El juez Calama decidió mantener la instancia bajo secreto tras aceptar la competencia del caso a principios de marzo, requiriendo todas las actuaciones que hasta el momento había realizado el juzgado de Madrid.

Europa Press detalló que el caso se remonta a la concesión de 53 millones de euros entregados por el Consejo de Ministros en marzo de 2021 a modo de rescate para Plus Ultra como respuesta al impacto de la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia por considerar que estos fondos se emplearon en la devolución de préstamos previos concedidos a Plus Ultra por otras sociedades presuntamente vinculadas a una trama delictiva. Según la acusación del Ministerio Fiscal, existía una posible organización criminal operando en Francia, Suiza y España, implicada en estos movimientos financieros.

El medio Europa Press indicó que la Fiscalía señala a siete personas en la investigación, centrándose en el delito de blanqueo de capitales, con la sospecha de que los fondos ilícitos procederían de malversaciones de funcionarios públicos venezolanos. Específicamente, los investigadores rastrean la procedencia de capitales extraídos de los programas de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) destinados al reparto de alimentos de primera necesidad subsidiados, así como de ventas de oro del Banco de Venezuela.

La Audiencia Nacional asumió la tramitación de la causa solo después de que, años atrás, la instancia rechazara por cuestiones de competencia la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, derivándola entonces al juzgado de Madrid. Durante el tiempo en que la instrucción permaneció allí, se ordenaron varias diligencias bajo secreto. Una de las actuaciones más relevantes fue la detención de altos responsables de Plus Ultra, enmarcada en la sospecha de desvío y ocultamiento del dinero público destinado al rescate empresarial.

Europa Press recalcó que, para la Fiscalía, la “utilización indebida” de los fondos estatales consistía en devolver créditos que Plus Ultra había recibido de otras sociedades identificadas dentro de la posible trama. En su denuncia y tras las primeras diligencias, la Fiscalía sostuvo que el flujo de fondos evidenciaba una operativa orientada al blanqueo, apoyando su tesis en la existencia de una organización transnacional.

Las pesquisas buscan clarificar la ruta del dinero transferido por el Gobierno español a Plus Ultra y determinar la eventual implicación de redes internacionales dedicadas al blanqueo de capitales y a la canalización de recursos provenientes de Venezuela. Los investigadores, según lo informado por Europa Press, consideran que los hechos bajo escrutinio podrían estar entrelazados con delitos de malversación cometidos por altos funcionarios venezolanos, así como con la comercialización de oro estatal de ese país.

Con la extensión del secreto decretada por el juez Calama, se impide por el momento el acceso al sumario a las partes, en tanto continúan las indagaciones para esclarecer tanto el destino final de los fondos públicos entregados a Plus Ultra como la posible conexión con operaciones ilícitas internacionales. Una vez concluido este plazo, la documentación recabada será, eventualmente, puesta a disposición de los implicados y se decidirán los siguientes pasos procesales.