Díaz asegura que seguirá adelante con el nuevo registro horario "a pesar de los intentos de Economía"

Las medidas propuestas contemplan un periodo de adaptación de tan solo veinte días desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado para que las empresas pongan en marcha el nuevo sistema de registro horario, una exigencia que ha sido criticada tanto por el Ministerio de Economía como por el Consejo de Estado. Según informó Europa Press, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reafirmó en la intención de su departamento de impulsar la reforma, insistiendo en que se trata de una cuestión prioritaria para garantizar la remuneración de las horas extraordinarias trabajadas en España.

De acuerdo con Europa Press, Díaz declaró que persistirá con el desarrollo de la normativa “a pesar de los intentos del Ministerio de Economía” de frenar su implantación. En un mensaje publicado en su cuenta de Bluesky, la ministra remarcó que en la actualidad se registran 2,5 millones de horas extra no pagadas cada semana en España. La titular de Trabajo defendió que estas horas deben remunerarse y subrayó el compromiso del Ejecutivo con la protección de los derechos de los trabajadores.

El dictamen emitido por el Consejo de Estado, difundido por Europa Press, señala que el Ministerio de Economía expresó su disconformidad con la propuesta de Trabajo, principalmente por considerar insuficiente el plazo para la adaptación. Este órgano consultivo del Gobierno incidió en la necesidad de evaluar el impacto que podría tener el Real Decreto sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes), en especial por las posibles complicaciones operativas que acarrearía la implantación del sistema y por las cargas burocráticas adicionales.

Según publicó Europa Press, el Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, advirtió de que obligar a las pymes a adquirir sistemas digitales para cumplir con el registro horario podría suponer la contratación de licencias de software, costes de puesta en marcha, problemas iniciales para la integración y la consecuente formación de empleados. Por ese motivo, propuso que la administración pública desarrolle una herramienta o aplicación asequible para las empresas, tomando como referencia el modelo utilizado para la factura electrónica.

El Ministerio de Trabajo plantea con esta reforma reforzar el control y el pago de las horas extraordinarias, dada la alta cifra de horas no remuneradas que registra el país semanalmente. Reportó Europa Press que la iniciativa de Trabajo sigue adelante pese a los informes desfavorables y las advertencias sobre el impacto que podría recaer especialmente en las pymes, que representan un porcentaje elevado del tejido productivo nacional.

En la postura expresada por Yolanda Díaz, recogida por Europa Press, se refleja la voluntad política de avanzar en el control efectivo de la jornada laboral y de facilitar mecanismos que garanticen el pago de todas las horas trabajadas. Según la vicepresidenta segunda, la medida responde a una reivindicación histórica de los trabajadores y del propio Ministerio, que considera fundamental combatir la práctica de no abonar las horas extra.

En la valoración del Ministerio de Economía consignada por Europa Press, también se hace hincapié en la conveniencia de ampliar el plazo para la adaptación de las empresas y de modular los requisitos en función de las características de cada sector, evitando una aplicación uniforme que no contemple la diversidad empresarial existente.

El debate sobre el registro horario y el control de las horas extra continúa abierto entre las distintas áreas del Ejecutivo, especialmente entre los departamentos de Trabajo y Economía, así como en los órganos consultivos como el Consejo de Estado. Europa Press recogió que la propuesta de un sistema público de registro adaptado a las necesidades empresariales ha recibido el apoyo de Economía, que insiste en la importancia de evitar cargas excesivas para las pymes y de asegurar la viabilidad técnica y económica de la implementación.

La reforma del registro horario propuesta ha puesto de manifiesto las diferencias en el seno del Gobierno sobre la mejor forma de abordar el control de la jornada laboral, equilibrando la protección de los trabajadores con la realidad operativa de las empresas. Europa Press precisó que la polémica gira en torno al modo en que se puede lograr un control efectivo sin que las empresas, en particular las pequeñas y medianas, tengan que enfrentar barreras tecnológicas y costes elevados de implantación.

Según detalló Europa Press, el dictamen desfavorable del Consejo de Estado se apoya en la necesidad de repensar parte de la regulación, dando mayor margen a las empresas para su adaptación y considerando la posibilidad de soluciones digitales que no impliquen un alto desembolso económico. Mientras tanto, Trabajo mantiene su hoja de ruta y defiende la urgencia de legislar para atajar el incumplimiento sistemático en el pago de las horas extraordinarias.