Desarticulada en Navarra una trama de falsificación documental y fraude laboral en el sector del metal

La revisión minuciosa de decenas de miles de archivos y documentos permitió a los investigadores detectar la existencia de operaciones con un valor aproximado de un millón de euros y demostrar la implicación de empresas y particulares en una compleja actividad fraudulenta. Según detalló la Guardia Civil de Navarra, la investigación puso al descubierto un entramado dedicado a la simulación de transacciones con material metálico, la utilización no autorizada de identidades de terceros y la alteración de registros laborales, que perjudicó a numerosas personas y vulneró derechos fundamentales en el sector del metal.

El origen de la investigación, reportó la Guardia Civil según el medio, se remonta a la detección de una serie de robos de cobre en tendidos eléctricos y cableado telefónico en Tierra Estella. Este hecho motivó un incremento de inspecciones en centros de reciclaje de la zona, donde los agentes centraron la atención en un establecimiento ubicado en la Merindad de Estella. El análisis de la documentación generada en este centro reveló un patrón irregular en las operaciones: múltiples albaranes indicaban ventas sucesivas con importes inferiores a 1.000 euros, sumando globalmente menos de 3.000 euros por cada supuesto vendedor. De acuerdo con la información publicada por la Guardia Civil, estos indicios apuntaban a la existencia de un fraccionamiento sistemático de operaciones cuya finalidad habría sido sortear los controles administrativos y fiscales establecidos para este tipo de actividades.

El seguimiento documental permitió descubrir que muchas de las personas que figuraban como vendedoras en los registros, en realidad no tenían ningún conocimiento de las transacciones realizadas a su nombre. Posteriores indagaciones constataron que entre los nombres utilizados figuraban trabajadores y extrabajadores de las empresas investigadas, así como clientes, proveedores e incluso personas sin relación alguna con el sector del metal. Según informó el Instituto Armado, la utilización no autorizada de estos datos personales constituía una parte esencial de la estrategia desplegada por el entramado empresarial desarticulado.

Entre los años 2020 y 2024, la investigación fue ampliando su alcance hasta involucrar a varias empresas del sector metalúrgico. La Guardia Civil detalló que estas empresas, además de simular operaciones de compraventa, se valieron de identidades ajenas para registrar ventas ficticias de chatarra y material reciclable. El registro minucioso de documentos contables, nóminas y archivos informáticos permitió a los agentes reconstruir el método de operación adoptado por la red, que consistía en fragmentar las operaciones bajo diversas identidades con el objetivo de brindar una apariencia de legalidad y dificultar la trazabilidad de los movimientos económicos ante los órganos de control.

El análisis interno de las empresas reveló otros aspectos. Según recogió la Guardia Civil, se detectaron irregularidades laborales consistentes en el encubrimiento de horas extraordinarias bajo conceptos retributivos como dietas. Esta práctica habría resultado en un perjuicio para los derechos de los trabajadores, afectando además las cotizaciones a la Seguridad Social y generando un fraude laboral de consideración.

Durante la fase operativa de la investigación, los agentes realizaron entradas y registros en varias empresas y en el mencionando centro de reciclaje, incautando abundante documentación física y digital. El material recopilado incluyó más de 83.000 archivos digitales, alrededor de 10.000 documentos escaneados, aproximadamente 800 albaranes y unos 2.000 tickets de pesaje. La revisión sistemática de este conjunto documental permitió trazar relaciones entre empresas, personas involucradas y operaciones vinculadas con la trama.

Como resultado de estas actuaciones, informó la Guardia Civil, se investigó a 17 personas físicas y a siete personas jurídicas, y se contabilizó un total de 155 afectados. Los delitos esclarecidos alcanzaron la cifra de 32 e incluyeron usurpación de estado civil, falsedad documental, corrupción entre particulares, administración desleal, delitos contra los derechos de los trabajadores, revelación de secretos y fraude a la Seguridad Social, de acuerdo con las fuentes policiales.

La investigación fue coordinada en el ámbito judicial por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella, Plaza número 2, que asumió la instrucción de la causa tras la presentación de las diligencias policiales y la documentación recabada en el marco de la operación.

La investigación se prolongó durante cerca de dos años y movilizó a distintas unidades especializadas de la Guardia Civil en Navarra, así como a organismos técnicos encargados del análisis de delitos económicos y laborales. El operativo permitió esclarecer de qué manera una estructura empresarial, mediante una compleja combinación de simulaciones documentales, fraccionamiento de operaciones y empleo de datos personales ajenos, condujo a una actividad fraudulenta con importantes repercusiones económicas y sociales para el sector del metal y para decenas de afectados a lo largo del periodo investigado.