El ELN levanta una semana después el paro armado en Chocó, en el oeste de Colombia

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, manifestó que cerca de 6.000 habitantes estuvieron en un estado de confinamiento durante casi ocho días a causa de las restricciones impuestas por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en ese departamento. Córdoba, citada por el medio Europa Press, denunció que estas limitaciones repercutieron directamente en los derechos fundamentales de la población afectada y rechazó públicamente las acusaciones del ELN hacia su gestión. La noticia principal, según informó Europa Press, es que el ELN confirmó el levantamiento del paro armado desde la medianoche del lunes, permitiendo nuevamente la libre circulación en varias zonas del municipio de Bajo Baudó, en el oeste de Colombia.

De acuerdo con Europa Press, el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN comunicó que los ríos Orpúa, Ijuá y Ocampado volverán a estar abiertos a la movilidad a partir de la medianoche entre el lunes y el martes. El grupo agradeció a los pobladores por acatar la medida, argumentando que durante los días de paro no se produjeron incidentes graves. Según el comunicado divulgado por el ELN y citado por Europa Press, la decisión de restringir el tránsito buscaba evitar riesgos de hostilidades y llamar la atención sobre lo que denominaron una crisis humanitaria en la región.

El ELN justificó el bloqueo por la supuesta colaboración entre las fuerzas de seguridad estatales y el grupo paramilitar Clan del Golfo, a quienes consideran responsables directos de la inseguridad en el área. La organización insurgente señaló directamente al comandante de brigada, William Caicedo, acusándolo de mantener contactos con el Clan del Golfo y señalando, además, al Ejército de obstaculizar las actividades tradicionales de los civiles, como la pesca y la caza.

En su declaración, el ELN acusó a los medios de comunicación de no pronunciarse sobre la presencia de mercenarios en la zona, además de tildar a la gobernadora Córdoba de “protectora” y “cómplice” de estos grupos. Europa Press detalló que la líder regional rechazó estas aseveraciones mediante publicaciones en redes sociales y reafirmó su compromiso de enfrentar la crisis derivada del conflicto armado por el control del territorio. Córdoba también anunció el envío de equipos médicos a la zona para atender a la población tras la finalización del confinamiento.

La región de Chocó ha experimentado episodios recurrentes de violencia y disputas territoriales en los últimos años. Europa Press reportó que, aunque este fue el primer paro armado del ELN en Chocó en 2026, la conflictividad persiste a causa del enfrentamiento entre distintas organizaciones armadas, que buscan controlar rutas estratégicas del narcotráfico, especialmente en las zonas de Alto, Medio y Bajo Baudó. El medio subrayó que la tensión generada por el paro actual se suma a otros hechos similares, como el cese de actividades decretado en diciembre pasado en respuesta a amenazas geopolíticas, tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas. Esa jornada de 72 horas dejó al menos cinco personas muertas y alteró la vida en cerca de quince departamentos a través de ataques, bloqueos y otras restricciones impuestas por el ELN.

El levantamiento del paro no elimina el clima de temor en la región, donde miles de habitantes permanecen bajo un sistema de vigilancia. Autoridades y líderes comunitarios han manifestado la persistencia del riesgo debido a la rivalidad entre grupos armados ilegales, lo que ha llevado a la adopción de restricciones en la movilidad y la realización de labores productivas cotidianas. Según publicó Europa Press, la situación humanitaria y de seguridad en Chocó continúa siendo motivo de preocupación tanto para las autoridades locales como para los habitantes de las zonas rurales afectadas por las disputas.

Las acusaciones cruzadas entre los actores armados, las fuerzas de seguridad y las autoridades políticas reflejan la complejidad del conflicto en esta parte de Colombia. El ELN insiste en denunciar la presencia de mercenarios vinculados a estructuras paramilitares, mientras que las autoridades departamentales y nacionales rechazan esa versión, responsabilizando a la guerrilla por las graves afectaciones sobre la vida civil durante los días que duró el confinamiento. Europa Press reiteró que la respuesta institucional tras el levantamiento del paro incluye medidas de atención sanitaria y un llamado a la protección de los derechos fundamentales en las comunidades más vulnerables.

En las zonas ribereñas del Bajo Baudó, la reactivación de la libre circulación traslada el foco de atención a la expectativa por el restablecimiento de las actividades sociales, comerciales y agrícolas. No obstante, líderes sociales y defensores de derechos humanos, citados en el reporte de Europa Press, expresaron preocupación por la volatilidad de la situación, pues las disputas entre el ELN y otras organizaciones armadas no han llegado a una resolución definitiva. La población local, a pesar del término del confinamiento, demanda acciones efectivas y continuas para garantizar su protección y el retorno a la normalidad.

La relación de tensión entre la gobernación y el ELN se suma a la falta de confianza en las instituciones y la permanencia de factores de vulnerabilidad en el departamento. Europa Press relató que la gobernadora Córdoba reiteró su rechazo a la violencia y anunció el despliegue de programas para atender las secuelas sociales y de salud ocasionadas por el paro armado, enfatizando su responsabilidad ante la crisis institucional que genera la disputa armada en el territorio.

El desarrollo de estos acontecimientos sugiere la persistencia de un entorno de conflictividad y vigilancia en la región, donde la intervención estatal se enfrenta a desafíos significativos para restaurar la seguridad y la confianza de la población. Mientras tanto, la reapertura de los ríos y caminos en Bajo Baudó marca un punto de inflexión en el más reciente episodio de violencia, aunque no disipa la incertidumbre sobre la estabilidad futura en el Chocó, según reflejaron las declaraciones recogidas por Europa Press.