Dignidad y Justicia denuncia que la semilibertad de Anboto es "el resultado del pacto entre PSOE y Bildu"

Dignidad y Justicia ha señalado que Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto y exdirigente de ETA, aún continúa bajo investigación de la Audiencia Nacional por su posible implicación en alrededor de una decena de asesinatos sin resolver. Según especificó la asociación, a pesar de estos procesos abiertos, la progresión de Iparraguirre al régimen de semilibertad se concretó recientemente, lo que para la organización constituye una muestra de crisis institucional y una forma de traición a las víctimas de terrorismo.

De acuerdo con el comunicado difundido por Dignidad y Justicia, la concesión de este tercer grado a Iparraguirre no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una serie de decisiones similares a favor de otros miembros de ETA. El medio detalló que esta medida sigue a la semilibertad otorgada a una treintena de personas calificadas como terroristas, entre quienes figura Garikoitz Aspiazu Rubina, también conocido como Txeroki y exjefe de la organización armada. Dignidad y Justicia afirmó que todas estas progresiones penitenciarias responden al “pacto de gobernabilidad vigente entre el PSOE y Bildu que permite que Pedro Sánchez se mantenga en La Moncloa”.

Según publicó el medio, la organización sostiene que la decisión del Gobierno vasco de aprobar estos terceros grados representa la trasgresión de una línea moral y una falta hacia las víctimas del terrorismo. La asociación consideró que el Estado de Derecho se ve comprometido porque, a su juicio, la reinserción de estas personas “es mentira” y el pacto entre Bildu y el PSOE “parece estar por encima de la ley, de las víctimas del terrorismo, de la democracia y de los ciudadanos”.

En relación con el proceso judicial en la Audiencia Nacional, Dignidad y Justicia resaltó que Iparraguirre sigue siendo investigada por una serie de asesinatos sin esclarecer, entre ellos los de Miguel Ángel Blanco, Pedro Antonio Blanco, Gregorio Ordóñez, Silvia Martínez Santiago, José Francisco Querol y Jesús María Pedrosa. La asociación subrayó que, aunque la ley requiere que los beneficiarios de progresiones penitenciarias colaboren en la resolución de los delitos sobre los que tengan conocimiento, Iparraguirre “no ha aportado información” relevante para esclarecer estos crímenes.

Dignidad y Justicia precisó que Iparraguirre fue condenada a 717 años de prisión por su participación en catorce asesinatos. Según consignó el medio, la asociación afirma que la exdirigente de ETA podría tener información sensible, dado que tras asumir la jefatura de la organización en marzo de 1992, después de la caída de la cúpula de Bidart, ETA perpetró treinta y tres asesinatos aún sin resolver. Dignidad y Justicia insiste en que “sobre los que ella tiene seguro información sensible para colaborar en su esclarecimiento”.

La organización denunció que la liberación anticipada de miembros de ETA ocurre sin que estos hayan solicitado perdón ni ofrecido colaboración con la justicia. Según detalló la asociación, existen actualmente 376 casos de asesinatos sin resolver en la Audiencia Nacional y sostienen que ninguno de los excarcelados ha proporcionado ayuda que permita el avance en la resolución de estos expedientes. Dignidad y Justicia lamentó en su comunicado que las investigaciones continúan estancadas en ausencia de cooperación real por parte de los beneficiados con el tercer grado.

En su declaración, Dignidad y Justicia insiste en que estas semilibertades no solo reflejan problemas en el sistema judicial, sino que suponen un nuevo agravio para quienes han sido víctimas directas de la violencia de ETA. Según publicó el medio, la asociación mantiene su postura crítica ante las autoridades implicadas y cuestiona el sentido de las medidas de reinserción cuando no existe voluntad de esclarecimiento ni colaboración por parte de los exdirigentes y miembros de la organización armada.