Condenan a 22 años de prisión a un acusado de participar en el asesinato del senador Miguel Uribe

El abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay, Víctor Mosquera, declaró que la condena contra Simeón Pérez Marroquín representa un avance en la búsqueda de justicia, aunque resaltó la persistencia de estructuras criminales detrás del asesinato. Tras la sentencia, la atención se ha dirigido hacia la posible existencia de redes delictivas más amplias vinculadas con el caso, lo que ha marcado el desarrollo de la investigación sobre el atentado que terminó con la vida del senador.

La Justicia de Colombia impuso este viernes una pena de 22 años y cuatro meses de prisión a Simeón Pérez Marroquín, conocido como "El Viejo", quien fue hallado responsable de participar en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay durante un evento en Bogotá en agosto de 2025. Según informó el medio Semana y ratificó la Fiscalía mediante un comunicado, la condena incluye los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El proceso judicial detalló que Pérez Marroquín habría asumido la planificación del ataque y proporcionado el arma utilizada para cometer el crimen. Los documentos del caso afirman que "El Viejo" actuó como articulador logístico y enlace con quienes ordenaron la ejecución del homicidio por precio, contribuyendo además con la integración de menores en la acción delictiva. La Fiscalía sostuvo que esta estructura delictiva contribuyó a la violencia que rodeó el caso desde el inicio de la investigación.

El asesinato de Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto de 2025 y perpetrado por un adolescente de 15 años, generó una fuerte reacción social y política en Colombia. Many sectores del país recordaron los años en los que la violencia política marcaba la vida nacional, especialmente durante las décadas de los ochenta y noventa. De acuerdo con datos suministrados por el medio Semana y confirmados por autoridades, el impacto mediático y social del crimen originó intensas protestas, debates parlamentarios y el refuerzo de dispositivos de seguridad para figuras públicas.

Posteriormente, otras personas fueron procesadas en relación al asesinato. Carlos Mora González y Katherine Martínez recibieron sendas condenas de 21 años por su participación en los hechos, informó el medio Semana y ratificaron los voceros judiciales. Entre los detenidos por el caso figuran un total de nueve personas, lo que refuerza la hipótesis sobre la existencia de una red de sicarios encargada de ejecutar el atentado. No obstante, las circunstancias y motivaciones detrás del homicidio permanecen bajo investigación, con elementos pendientes por esclarecer.

Semana publicó que Pérez Marroquín confesó que la autoría intelectual corresponde a la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC. "El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia", señaló el procesado el 9 de febrero, según consta en registros judiciales y confirmaron funcionarios a Semana. Pérez Marroquín también responsabilizó a José Manuel Sierra Sabogal, conocido como "Zarco Aldinever", quien habría dado la orden directa para ejecutar el asesinato. Sierra Sabogal fue posteriormente asesinado en territorio venezolano por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el contexto de disputas relacionadas con el control de rutas de narcotráfico, según informó el Gobierno colombiano en agosto del año pasado.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la sentencia a través de sus redes sociales, solicitando a quienes acusaron al Gobierno de estar involucrado en el crimen una rectificación, “ahora que hay una persona confesa”. Petro reiteró que la resolución judicial señala una responsabilidad clara de los implicados y refuerza la posición del ejecutivo de desvinculación respecto a los hechos.

La investigación, según consignó el medio Semana, ha profundizado en los vínculos entre los autores materiales y posibles instigadores asociados a organizaciones armadas ilegales. Las autoridades revisan conexiones y flujos financieros que puedan revelar el alcance de la estructura, así como la identificación de otros actores que pudieran estar involucrados. Las líneas de investigación incluyen, además, el uso de menores como instrumentación en crímenes graves, una práctica que sigue en la agenda de preocupaciones en el país.

Familiares del senador asesinado y sus representantes legales han reclamado la continuación de las pesquisas, argumentando que no se han esclarecido todos los niveles de dirección y financiación del crimen. El abogado Mosquera enfatizó la necesidad de identificar a quienes operan desde la clandestinidad y asegura que la investigación debe ocuparse de “una organización criminal con niveles de dirección, coordinación y financiación que trascienden a los ejecutores ya judicializados, y conlleva a un grupo armado ilegal”.

El proceso contra Simeón Pérez Marroquín, Carlos Mora González, Katherine Martínez y otros detenidos constituye uno de los episodios más relevantes en la lucha jurídica contra estructuras de sicariato político en Colombia en los últimos años. La Fiscalía, según informó Semana, sigue acumulando testimonios y evidencia que permitan dilucidar si existen responsables adicionales por el asesinato de Uribe Turbay y de qué modo dichas organizaciones armadas continúan operando.

La muerte de José Manuel Sierra Sabogal, “Zarco Aldinever”, a manos del ELN en medio de un conflicto por el control de rutas de narcotráfico entre carteles en la frontera colombo-venezolana, añadió un elemento internacional a la indagación judicial. Fuentes oficiales citadas por Semana remarcaron que la geografía fronteriza y la presencia de grupos armados de diversos orígenes complejizan la identificación de los verdaderos responsables de la cadena de mando.

La investigación impulsada por la Fiscalía y la Policía Nacional, de acuerdo con la información publicada en Semana, sigue activa, con el propósito de ubicar eventuales mandos medios y superiores de la estructura que planificó y ejecutó el asesinato. Por ahora, la condena a Simeón Pérez Marroquín representa uno de los logros principales de la justicia en el caso, aunque para los allegados de la víctima y diversas voces del ámbito político, la verdad judicial permanece incompleta hasta que se logre identificar a todos los responsables intelectuales y financieros del atentado.