El acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar contempla que el Gobierno asuma la facultad de establecer límites a los beneficios de las empresas dedicadas al suministro de combustible y refuerce la función de supervisión por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según informó Europa Press, este avance se materializa en el contexto del decreto de medidas fiscales orientado a mitigar el impacto de la guerra en Irán, donde el control de los márgenes empresariales de las distribuidoras energéticas se vuelve una prioridad para el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.
De acuerdo con Europa Press, la negociación entre las formaciones de la coalición estuvo marcada por la presión ejercida por Sumar, que se negó a iniciar el Consejo de Ministros extraordinario convocado para este viernes, provocando un retraso superior a dos horas en su inicio. El desencuentro se resolvió con la decisión de aprobar dos reales decretos separados, uno con énfasis en materia fiscal y energética, y otro relacionado con la vivienda.
En cuanto al primero, las fuentes consultadas por Europa Press detallaron que integrará una reducción del 10% en el impuesto a los combustibles, además de una rebaja de tributos aplicados a la electricidad, medidas que buscan contrarrestar los efectos de la situación internacional en los precios energéticos. La ampliación del bono social eléctrico también figura como uno de los elementos del texto junto al nuevo sistema de vigilancia sobre los márgenes de beneficio de las empresas distribuidoras de combustible.
La propuesta permitirá al Consejo de Ministros fijar límites a los márgenes empresariales cuando lo considere apropiado, explicaron fuentes oficiales a Europa Press, de tal modo que el Ejecutivo dispondrá de nuevas herramientas para intervenir en el mercado si detecta prácticas que puedan afectar a los consumidores o distorsionar la competencia. Este refuerzo supervisado por la CNMC implica que el organismo asumirá una labor más intensa tanto en la monitorización como en la elaboración de recomendaciones sobre la evolución de los márgenes y los beneficios de estas compañías energéticas.
El segundo de los reales decretos, reportó Europa Press, recoge demandas relacionadas con el ámbito de la vivienda y, principalmente, establece la prórroga automática durante dos años de los 600.000 contratos de alquiler vigentes que vencen en el transcurso del año. Esta medida había sido solicitada por Sumar durante las negociaciones previas y formaba parte de las condiciones impuestas para desbloquear la votación del paquete de medidas en el Consejo extraordinario.
Ambas iniciativas, según confirmó el medio Europa Press en fuentes de la coalición, se integran dentro de la estrategia gubernamental ante la coyuntura económica actual, donde la volatilidad internacional impacta de forma directa en los precios y en el acceso a servicios esenciales como la energía y la vivienda. La intención del Ejecutivo consiste en proteger tanto a los consumidores domésticos como al tejido productivo español frente a los incrementos que se registran en los mercados internacionales de combustibles y electricidad en el contexto de la guerra en Irán.
El acuerdo contempla, en síntesis, la adopción de nuevos instrumentos regulatorios para limitar los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible, el refuerzo de la supervisión a cargo de la CNMC y la posibilidad de que el Consejo de Ministros intervenga directamente en la fijación de estos márgenes si la situación así lo requiere. Además, introduce una serie de medidas dirigidas a incentivar el consumo eléctrico sostenible y ofrecer protección social, ampliando los beneficios de quienes se acogen al bono social eléctrico.
Según publicó Europa Press, estas decisiones forman parte de la respuesta del Gobierno de coalición ante las presiones políticas y sociales surgidas en las negociaciones, especialmente después de que Sumar condicionara su apoyo legislativo a la introducción de medidas concretas en materia de vivienda y controles más estrictos sobre los beneficios empresariales, lo que llevó a una reconfiguración del paquete normativo inicialmente previsto para la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.
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