El acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, resultó decisivo para superar las diferencias que impedían la apertura de la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros destinada a responder a los efectos económicos del conflicto en Irán. Este entendimiento permitió que la reunión, inicialmente fijada para las 9:30 horas, comenzara pasadas las 11:30, tras más de dos horas de retraso, según informó Europa Press. La urgencia y complejidad del debate se centró en el alcance de las medidas relacionadas con vivienda y energía, dos temas que generaron roces entre las fuerzas que integran la coalición gubernamental.
Tal como publicó Europa Press, la demora en el inicio del Consejo de Ministros se debió a la negativa de los ministros de Sumar a iniciar la sesión sin la inclusión en el decreto de propuestas sobre vivienda y regulación de márgenes empresariales, impulsadas —según el propio partido— para reforzar el plan anticrisis ante el impacto que genera el conflicto en Oriente Próximo. El Ejecutivo, además, tenía previsto finalizar la sesión con una comparecencia pública de Pedro Sánchez para detallar el alcance de la normativa aprobada.
El principal escollo giró en torno a la propuesta de prorrogar los contratos de alquiler y establecer límites a los beneficios empresariales, medidas que Sumar buscaba incorporar al paquete legislativo. Los ministros de la formación han defendido la necesidad de mejorar el acceso a la vivienda y establecer mecanismos para controlar los precios. Su posición contrastó con la del sector socialista del Ejecutivo, que optó por centrar las actuaciones en el ámbito energético para asegurar el respaldo parlamentario de fuerzas como el PNV y Juntos, que se habían manifestado contrarios a aprobar un decreto “ómnibus” de carácter muy generalista, según detalló Europa Press.
Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, manifestó, según consignó Europa Press, su descontento con la postura del PSOE respecto a las rebajas fiscales, opinando que el partido “se escuda excesivamente en las derechas” y no impulsa acciones sobre vivienda. Ibáñez criticó la negativa de los socialistas a contemplar esas medidas en el decreto debatido este viernes por el Gobierno.
El plan económico aprobado contempla, según fuentes citadas por Europa Press, una reducción del IVA para los carburantes, que bajará del 21% al 10%. Esta acción sustituye la bonificación universal previamente adoptada por el Ejecutivo en 2022, que consistía en una compensación de 20 céntimos por litro de combustible durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania. La actual rebaja se focaliza exclusivamente en el impuesto, modificando el mecanismo de ayuda empleado en el pasado.
Además, el gobierno prevé aplicar reducciones fiscales en la factura eléctrica, incluyendo mejoras en el bono social eléctrico y asegurando la continuidad del suministro de energía. Estas medidas, de acuerdo con Europa Press, buscan mitigar el impacto que la guerra en Irán está teniendo sobre los precios y garantizar protección para los consumidores más vulnerables.
La aprobación de este decreto está sujeta a convalidación parlamentaria en la próxima semana. Para ello, el Ejecutivo trabaja en la construcción de alianzas con diferentes grupos parlamentarios. Según publicó Europa Press, fuerzas como el PNV y Juntos transmitieron al Gobierno la necesidad de evitar normas excesivamente generales y priorizar medidas focalizadas, particularmente en materia energética, para facilitar el consenso necesario.
La estrategia del Ejecutivo apunta a equilibrar las reivindicaciones de Sumar, interesadas en políticas sociales y de vivienda, con la exigencia de los grupos parlamentarios que condicionan su apoyo a la aprobación del decreto en el Congreso de los Diputados. La articulación de este acuerdo y la selección final de las medidas fueron objeto de intensas negociaciones directas entre Sánchez y Díaz, dada la relevancia y sensibilidad de los puntos en discusión.
A la conclusión del Consejo, se espera que el presidente Sánchez ofrezca detalles sobre las medidas definitivas que integran el plan, así como las proyecciones del Ejecutivo frente a la situación generada por la guerra en Irán, informó Europa Press. Todo ello tiene lugar en un entorno político marcado por la necesidad de respuestas a la inflación y la preocupación social por el coste de la energía y la vivienda, dos áreas centrales en las disputas al interior de la coalición gobernante.
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