(AMP) Agricultores, ganaderos y pescadores se descontarán 20 céntimos por litro de combustible

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispondrá de más atribuciones para vigilar de manera estricta el uso de las ayudas implementadas tras la crisis generada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El Ejecutivo busca frenar posibles prácticas especulativas por parte de empresas beneficiarias de los subsidios estatales y garantizar que el dinero público se utilice para amortiguar el impacto económico en los sectores afectados. Según publicó el medio, las organizaciones agrarias han señalado que en las semanas recientes se detectó un incremento en la especulación y el alza de precios del gasóleo agrícola, lo que motivó a los productores a exigir la intervención de la CNMC.

Como parte de las acciones para mitigar el efecto de la guerra sobre la economía nacional, el Gobierno implementó un plan de 5.000 millones de euros compuesto por 80 medidas, según informó la agencia oficial. El paquete aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario tiene como fin apoyar a sectores esenciales y preservar el poder adquisitivo de los hogares españoles, en especial en lo relacionado con los productos básicos de la canasta familiar.

El plan contempla descuentos de 20 céntimos por cada litro de combustible para agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas, quienes podrán beneficiarse al repostar en sus vehículos, camiones, autobuses, ambulancias o furgonetas. El medio consignó que estos descuentos, sumados a la rebaja del IVA en carburantes del 21% al 10% —el mínimo que permite la normativa de la Unión Europea—, podrían traducirse en una reducción final de hasta 30 céntimos por litro, lo que representa un ahorro aproximado de 20 euros por vehículo.

La medida no solo se aplica a carburantes, sino que también incorpora un apoyo de igual cuantía destinada específicamente a la compra de fertilizantes para el sector agrícola, dado que la guerra ha encarecido estos insumos, lo que incide en el valor final de productos como el aceite. El descuento por la reducción del IVA será asumido por los consumidores finales que adquieran los carburantes y la ayuda se canalizará a través de la Agencia Tributaria y de las administraciones forales de País Vasco y Navarra.

El Ejecutivo fijó como plazo para la vigencia de estas ayudas el 30 de junio, periodo tras el cual se evaluará la situación. Según detalló el Gobierno, estas medidas buscan atender las demandas expresadas por los agricultores, ganaderos y pescadores ante el encarecimiento de los costos de producción como resultado del conflicto internacional.

Para facilitar la liquidez, el Gobierno amplió en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-Saeca, orientada al sector agroalimentario y marítimo-pesquero. De acuerdo con lo reportado por fuentes oficiales, con esta medida se pretende fortalecer la financiación de las empresas afectadas y garantizar la continuidad del suministro de alimentos.

El presidente Sánchez declaró en conferencia de prensa que los sectores beneficiados desempeñan un papel significativo en el tejido productivo del país y se han visto especialmente perjudicados por el contexto internacional, por lo que consideró prioritario evitar aumentos de precios adicionales en la cesta de la compra. Sánchez sostuvo que el Gobierno actuará con firmeza para castigar a cualquier empresa que obtenga un lucro indebido de las ayudas estatales, afirmando: “Es un dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos y debe volver íntegro a ellos. Por tanto, creo que un Gobierno y las autoridades competentes, lo que no podemos tolerar es que, por pura codicia, algunos intenten sacar tajada de esta guerra”.

La intervención de la CNMC responde, según publicó el medio, a las denuncias de organizaciones agrarias que han reclamado una vigilancia rigurosa tras detectar abusos de algunas compañías y una afectación directa en sus explotaciones debido al encarecimiento del gasóleo y demás insumos. El paquete de medidas, subrayó el Gobierno, está diseñado para beneficiar directamente a los 20 millones de hogares que existen en España, así como a tres millones de empresas.

El plan aprobado incluye tanto ayudas directas como modificaciones fiscales, con el propósito de controlar el costo de los alimentos básicos y asegurar que la economía nacional resista los efectos del conflicto. La distribución y pago de las ayudas se efectuará a través de los mecanismos ordinarios de la Administración central y las haciendas forales de territorios con régimen fiscal propio.