Sumar pide al Congreso que la UE condene las sanciones de Trump al Tribunal Penal Internacional y neutralice sus efectos

Las restricciones estadounidenses han tenido como consecuencia bloqueos en el acceso a servicios bancarios, plataformas de pago, transporte, alojamiento y comercio digital para jueces y otros funcionarios vinculados a la Corte Penal Internacional (CPI), lo que ha generado daños económicos significativos y ha dificultado incluso las transacciones dentro de la Unión Europea. Según informó Europa Press, esta situación motivó que el grupo parlamentario Sumar registrara una proposición no de ley ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, buscando que el Parlamento español inste a la Unión Europea a condenar de manera oficial las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump a miembros de la CPI y que se promuevan acciones que neutralicen estos efectos en territorio comunitario, garantizando protección a ciudadanos europeos que se vean afectados.

El medio Europa Press detalló que la iniciativa de Sumar solicita, entre otras medidas, que el Gobierno español impulse en el ámbito europeo el reconocimiento de estas sanciones estadounidenses como un caso de coerción económica por parte de un tercer país. Para ello, el grupo pide que se active el reglamento europeo 2023/2675, cuyo artículo 2 recoge que se considera coerción económica cuando un Estado externo adopta o amenaza con adoptar acciones que interfieran con el comercio o la inversión en la Unión, con el objetivo de forzar o impedir decisiones concretas de la UE o de alguno de sus Estados miembros. Además, Sumar pide que se valore la gravedad, extensión y duración de estas medidas, además de su impacto directo en personas físicas o jurídicas dentro de la Unión, como contempla el artículo 4 del reglamento mencionado.

El texto presentado denuncia que las sanciones decididas por el Gobierno de los Estados Unidos funcionan, según Sumar, como represalia por la cooperación con la CPI y ante las investigaciones en curso sobre denuncias de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza. La proposición considera que estas acciones buscan influir en el trabajo jurisdiccional de la Corte Penal Internacional y servir de intimidación. Europa Press señaló que esta percepción se apoya en declaraciones públicas de jueces afectados que atribuyen graves prejuicios económicos a la aplicación de las sanciones, señalando que estas constituyen medidas extrajudiciales y arbitrarias, dado que se aplican fuera de todo proceso legal y generan consecuencias materiales inmediatas en la cotidianeidad de los afectados.

Por su parte, la proposición de Sumar sostiene que no se trata apenas de un ataque institucional contra la justicia internacional y el sistema de Naciones Unidas, sino que, según publicó Europa Press, los ciudadanos europeos y los intereses clave de la Unión Europea y de sus Estados miembros se ven igualmente impactados. El enfoque del grupo parlamentario exige a las instituciones europeas y españolas una respuesta coordinada para proteger estos intereses e insiste en la necesidad de reafirmar el respaldo de España tanto a la CPI como al sistema de Naciones Unidas orientado a la defensa de los derechos humanos.

El medio Europa Press reportó que la proposición también subraya el carácter intimidatorio de estas medidas, pues obstaculizan el acceso de los afectados a servicios básicos como cuentas corrientes y plataformas digitales, lo que ha conllevado el cierre de cuentas y la imposibilidad de realizar transferencias, incluso en países de la Unión Europea. El texto resalta que estas restricciones imponen limitaciones también en materia de transporte, alojamiento y comercio electrónico, lo que agrava la situación financiera y personal de los sancionados.

Paralelamente, Europa Press difundió que Sumar ha presentado ante la misma Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso otra iniciativa centrada en denunciar la situación de los presos palestinos bajo custodia israelí. Con esta propuesta, el grupo urge al Gobierno español a manifestar una condena explícita a la situación actual, reclamar el acceso inmediato, pleno y sin restricciones de entidades humanitarias y organizaciones independientes de derechos humanos a los centros de detención y exigir que delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja puedan visitar regularmente y sin trabas todas las prisiones y centros de reclusión.

Europa Press consignó que tras el anuncio el 14 de enero del comienzo de la segunda fase del denominado Plan de Paz para Gaza por parte de Estados Unidos, los ataques israelíes se han intensificado, alterando los términos de la primera fase y provocando, según la iniciativa de Sumar, la muerte de casi 600 palestinos y heridas a más de 1.500 personas en ese periodo. Desde octubre del año 2023, el balance recogido por Sumar en su propuesta alude a más de 72.000 fallecidos y a 171.000 heridos palestinos, alertando sobre la persistencia de un escenario de hambre crítico y la existencia de 100.000 personas que continúan viviendo en condiciones que define como catastróficas.

El texto impulsa la denuncia de “detenciones masivas, torturas y violencia sexual” contra mujeres prisioneras, citando situaciones como las vividas por el pediatra Hussam Abu Safiya y el dirigente Marwan Barghouti, casos empleados por Sumar para insistir en la obligación del respeto pleno al Derecho Internacional Humanitario y la salvaguarda de los derechos de la población palestina recluida bajo las autoridades israelíes.

De acuerdo con lo señalado por Europa Press, la batería de iniciativas registradas por el grupo parlamentario Sumar refuerza su línea de actuación frente a decisiones externas que puedan tener efectos directos o indirectos sobre derechos fundamentales, el funcionamiento de la justicia internacional y la protección de nacionales europeos, mientras reclama a las instituciones españolas y comunitarias una reacción que mantenga la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de la legalidad internacional.