Tegucigalpa, 19 mar (EFE).- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) informó este jueves de que en 2025 persistieron en el país las amenazas y el hostigamiento contra la población, con unas 2.050 denuncias de ataques a la vida e integridad personal en un entorno de violencia contra defensores, impunidad y restricciones al espacio cívico.
En su informe anual, presentado por su titular, Blanca Izaguirre, el organismo detalla que 929 denuncias corresponden a presuntas violaciones al derecho a la vida y 1.121 a la integridad personal, lo que refleja que miles de personas siguen expuestas a "amenazas, hostigamientos y otras formas de violencia".
Izaguirre señaló que la reducción de homicidios en 2025 "no equivale por sí sola a una garantía integral del derecho a la vida ni a la superación de los factores estructurales que sostienen la violencia".
La titular del Conadeh le entregó el informe al presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, quien reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho, y anunció que buscará mejorar el presupuesto del organismo, actualmente de 116,6 millones de lempiras (unos 4,4 millones de dólares).
"No lo vemos solo como un compromiso, es más que eso, es que creemos firmemente en los derechos humanos, en la protección del ser humano, de la vida, sino también de la democracia y un Estado de derecho", afirmó Asfura.
Izaguirre indicó que el informe recoge los principales hechos de 2025 sobre Estado de derecho, democracia y derechos humanos, así como recomendaciones a instituciones, a la vez que un llamado a "no normalizar" violaciones que debilitan la democracia.
Agregó que el Conadeh recibió 1.359 quejas por deficiencias en el acceso a la justicia, lo que evidencia que "la vulneración no termina con el hecho que origina la denuncia, sino que se prolonga cuando la justicia tarda, no responde o resulta inaccesible".
El organismo alertó, además, sobre el deterioro del espacio cívico y mediático, con un "patrón de hostigamiento e intimidación" contra la prensa y 208 denuncias por vulneraciones de libertades fundamentales.
Según el documento, las agresiones han favorecido "la autocensura y restringido la deliberación pública", en un contexto de amenazas, campañas de descrédito, violencia digital y el uso de acciones judiciales como presión, junto a discursos estigmatizantes de funcionarios y mandos militares.
Izaguirre subrayó que en "una democracia la libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana no deben ser vistas como amenazas, sino como condiciones esenciales para la vigencia del Estado de derecho".
El estudio también señala que en 2025 al menos once defensores ambientalistas y dos periodistas fueron asesinados en un contexto de alta conflictividad territorial y debilidad institucional, con 51 incidentes de violencia.
Resalta que la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, siguió expuesta a agresiones, amenazas, criminalización, conflictividad socioambiental y agraria, así como a la impunidad persistente.
En ese sentido, las comunidades, apunta Izaguirre, continúan enfrentando "obstáculos para la protección de sus territorios, su seguridad y sus derechos colectivos", ante una respuesta institucional que "sigue siendo insuficiente".
El documento alerta igualmente sobre la violencia "letal, política y digital" contra las mujeres, las barreras para su protección, la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+ y el incumplimiento de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos emblemáticos.
También denuncia amenazas y conflictos que afectan a pueblos indígenas, afrodescendientes y garífunas, ante un "serio déficit" en el cumplimiento de obligaciones estatales y la falta de una ley de consulta previa, libre e informada.
Además, alerta sobre la desprotección de personas con discapacidad y adultos mayores, así como del estigma hacia quienes viven con VIH, lo que compromete la sostenibilidad de su respuesta sanitaria. EFE
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