Montero anuncia un cambio legal para que el accidente de Adamuz tenga consideración de accidente laboral

El Ejecutivo español ya comenzó el desembolso de compensaciones destinadas a trabajadores autónomos y empresas que resultaron afectadas por las inundaciones recientes en Andalucía y Extremadura. Tal como consignó RTVE y la Agencia EFE durante ‘Los Desayunos’, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que este proceso de apoyo económico dio inicio hoy mismo. A este anuncio se suma la noticia principal: el Gobierno aprobará próximamente una modificación legal para que el accidente de Adamuz reciba la consideración de accidente laboral.

Según informó el medio citado, Montero detalló que esta reforma permitirá que las personas heridas puedan acceder a prestaciones superiores, entre ellas pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad, en las mismas condiciones que se otorgan en siniestros profesionales. Explicó que, siguiendo el precedente de la catástrofe causada por la DANA, el Ejecutivo planea igualar los derechos y el acceso a indemnizaciones a los afectados de Adamuz, argumentando que la medida responde a “la justicia” para las víctimas y sus familias.

RTVE y Agencia EFE reportaron que la ministra ejemplificó con el caso de la DANA, recordando que en aquel momento se tomaron decisiones similares para proteger los derechos de los damnificados. El impacto de esta política, según señaló Montero, consiste en elevar las coberturas sociales más allá de lo previsto en situaciones tradicionales, para integrar a quienes sufren consecuencias de hechos extraordinarios en el ámbito laboral o asociativo.

En cuanto al cumplimiento de las metas fiscales nacionales, la vicepresidenta anunció que España finalizó el año 2025 con un déficit público próximo al 2,5% del Producto Interior Bruto, cifra que incluye los gastos derivados de la crisis de la DANA. Informó también que esta meta coincide con los compromisos establecidos por el Gobierno frente a la Comisión Europea. Según la responsable del área de Hacienda, este resultado se logró sin recurrir a recortes en el gasto social, a pesar de que durante la pandemia el déficit ascendió al 10% del PIB.

Montero atribuyó parte de este avance a los cambios implementados en la política fiscal, indicando que la administración ensanchó las bases impositivas y recuperó la progresividad en los tributos. “Quiero dejar claro que el mantra del infierno fiscal que predica la ultraderecha sencillamente no se sostiene: hemos bajado los impuestos a los que menos tienen, pero sí los hemos subido a grandes empresas y patrimonios”, afirmó, según publicaron RTVE y EFE. Subrayó que la estabilidad de las cuentas públicas permite que el Estado responda ante situaciones imprevistas, como el reciente conflicto en Oriente Próximo y la aprobación de nuevos paquetes de medidas urgentes.

Respecto a la gestión de las ayudas tras las inundaciones de febrero en Andalucía y Extremadura, la ministra recordó que el Gobierno ya prometió respaldo incluso después de la cobertura mediática inicial, asegurando que los pagos a autónomos y empresarios empezaron a materializarse. De acuerdo con RTVE y EFE, Montero enfatizó que la rápida respuesta en estos contextos es posible debido a la solidez financiera alcanzada en los últimos años.

En relación a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, Montero anunció que la presentación experimentará un retraso “de unas semanas” en comparación con el plazo previsto durante el primer trimestre del año. Precisó que el Ejecutivo mantiene la intención de disponer de cuentas públicas vigentes en 2027 y que aprovechará cualquier oportunidad parlamentaria para aprobar los presupuestos cuando surja una “ventana” para ello, reiterando su compromiso público al respecto.

La ministra destacó que el cumplimiento de las metas fiscales y el saneamiento presupuestario tienen un papel esencial en la capacidad de reacción del Ejecutivo ante crisis y emergencias, como ocurrió con la pandemia y los sucesos recientes de catástrofes naturales. Además, explicó que estas políticas contribuyen a crear un margen de maniobra para mantener e incluso reforzar las políticas sociales en situaciones de emergencia, un objetivo que el Gobierno se muestra decidido a preservar.

Según han relatado fuentes de RTVE y la Agencia EFE, la modificación legal que equiparará el accidente de Adamuz con un accidente laboral tiene efectos directos y concretos en la protección prevista para trabajadores y sus familias, situando a los damnificados en un marco normativo que favorece compensaciones más amplias y estables en el tiempo. Esta decisión fue presentada durante un encuentro informativo donde también se repasaron los principales datos económicos del último ejercicio y la estrategia presupuestaria futura del Ejecutivo.