Uno de cada tres inquilinos dedica más del 50% de sus ingresos a pagar la renta y el 61% no logra ahorrar

El fenómeno de los “desahucios invisibles” afectó durante el último año a cerca de tres millones de personas arrendatarias en España, según consignó Oxfam Intermón en su informe “La vivienda, cimiento de desigualdades”. Este tipo de desalojos no implica procesos judiciales formales sino la finalización de contratos de alquiler o subidas de renta que impiden a los inquilinos permanecer en la vivienda, lo que con frecuencia los obliga a mudarse de manera forzada. Dichas mudanzas se produjeron, en seis de cada diez casos, fuera del barrio o municipio original, debilitando las redes sociales y comunitarias de los afectados. El informe, además, alerta sobre el impacto de esta problemática en grupos vulnerables, entre ellos los jóvenes menores de 35 años, el 31,9% de los cuales experimentó una mudanza por estas razones, y las personas extracomunitarias, que representaron un 37% de los casos. El medio Oxfam Intermón enfatizó que la mitad de los jóvenes menores de 35 años que perdieron su vivienda de alquiler tuvieron que regresar al hogar familiar.

Oxfam Intermón detalló en su informe que las personas que residen en régimen de alquiler enfrentan una serie de barreras económicas que amplían la brecha social entre propietarios y no propietarios. Según los datos publicados, una de cada tres personas que alquila destina más del 50% de sus ingresos al pago de la renta, mientras que el 85% de los inquilinos dedica más del 30% de sus ingresos a esta finalidad. Además, el 61% de las personas que viven de alquiler no consigue ahorrar debido a estos elevados costes.

La organización destacó que más de la mitad de los arrendatarios, un 58%, considera improbable poder acceder a una vivienda en propiedad en el futuro, mientras únicamente el 14,4% mantiene expectativas optimistas sobre esta posibilidad. Según publicó Oxfam Intermón, la herencia se perfila como un mecanismo cada vez más determinante para obtener una vivienda: el 21,2% de los propietarios prevé heredar otra en algún momento, frente al 11,6% de los inquilinos.

La presión financiera también afecta a quienes tienen una hipoteca. El informe reportó que un 62% de los hogares con hipoteca destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda y uno de cada cinco supera el 50%. El contraste resulta mayor al analizar la situación de quienes ya han terminado de pagar su casa, ya que el 60% de ellos logra ahorrar cada mes, una diferencia que según Oxfam Intermón refleja hasta qué punto el régimen de vivienda influye sobre la capacidad de acumular ahorros.

Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón y uno de los autores del informe, puso de relieve que quienes viven de alquiler encuentran especiales dificultades a la hora de reunir un fondo suficiente para la entrada de una hipoteca, lo que perpetúa lo que describió como la “trampa del alquiler”. García-Gil también advirtió que el creciente peso de la herencia como vía de acceso a la vivienda provoca desigualdades profundas y sembraría las bases para que aquellos que ya poseen una casa tengan más posibilidades de heredar otra, mientras que los no propietarios quedan en clara desventaja.

El análisis de Oxfam Intermón subraya la fuerza del régimen de vivienda como factor de desigualdad. Con niveles salariales iguales, el régimen de alquiler grava de forma significativa la capacidad de ahorro. La diferencia es especialmente notable en los segmentos de menores ingresos: entre quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), cuya cuantía será de 1.184 euros en 2025, la brecha en la posibilidad de ahorrar supera los 25 puntos porcentuales. Así, el 58,6% de quienes poseen vivienda pagada puede ahorrar, frente al 32,4% de quienes pagan alquiler. Incluso una persona propietaria con ingresos equivalentes al SMI presenta más probabilidad de ahorrar que un inquilino que gana 2.000 euros. Además, un arrendatario con ingresos de 2.000 euros mensuales tiene una capacidad similar de ahorro (51,9%) a la de alguien con hipoteca que recibe 1.500 euros (50,2%).

El informe también destaca que el alquiler afecta otros aspectos de la vida cotidiana. La carga de los precios y la dificultad para acceder a una vivienda estable han llevado a que el 13% de quienes alquilan compartan su vivienda con personas no emparentadas, cifra que se eleva al 22% entre personas migrantes y al 27,7% en el tramo de 25 a 34 años. La vivienda compartida no se limita exclusivamente a los sectores juveniles, ya que afecta al 10% de la población de entre 35 y 54 años.

La precariedad alcanza también a los gastos esenciales: el 19,2% de la población no pudo pagar suministros básicos como electricidad, gas o agua durante el último año. La carencia energética afecta a casi tres de cada diez inquilinos, jóvenes o personas migrantes, lo que implica dificultades para mantener el hogar en condiciones adecuadas en invierno o cubrir los recibos principales. Según reportó Oxfam Intermón, este contexto se traduce en un deterioro de la calidad de vida y una mayor exposición al riesgo de exclusión social.

Ante esta situación, Oxfam Intermón instó a una respuesta coordinada entre el Gobierno, autonomías y ayuntamientos, solicitando la protección de los 60.000 hogares vulnerables que podrían enfrentarse a desahucios debido al reciente rechazo del “escudo social”. La organización propone reforzar las garantías para los inquilinos mediante la regulación de los precios y la ampliación de la duración de los contratos de alquiler. Entre las medidas señaladas se encuentran el freno a prácticas especulativas, la revisión de la fiscalidad orientada al uso de la vivienda, la ampliación del parque público y el impulso de alternativas habitacionales. Según manifestó García-Gil y publicó Oxfam Intermón, se requiere una acción urgente y coordinada para asegurar que el alquiler se convierta en una opción asequible, digna y estable, y para facilitar que quienes quieren acceder a una vivienda en propiedad puedan hacerlo en condiciones asumibles.