Montero desliza que el decreto de Irán no incluirá la prohibición de desahucios ni la prórroga de alquileres

La responsable de Hacienda confirma que el documento para responder al impacto financiero del conflicto en Oriente Medio solo contará con propuestas respaldadas en el Congreso y descarta incluir iniciativas vinculadas a vivienda solicitadas por formaciones progresistas

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María Jesús Montero, responsable del Ministerio de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, explicó que, a pesar de que el Ejecutivo consideró incorporar iniciativas en materia de vivienda como parte del nuevo decreto destinado a responder a los efectos económicos del conflicto en Irán, la falta de respaldo parlamentario suficiente ha limitado el alcance de estas medidas. Montero apuntó que solo serán incluidas aquellas propuestas que cuenten con el apoyo de una mayoría en el Congreso, subrayando que la prohibición de los desahucios a personas vulnerables y la extensión de los contratos de alquiler quedan fuera del texto por no reunir el consenso necesario entre los grupos parlamentarios. Según informó el medio El Mundo, esta definición condiciona el alcance del documento al contexto de una aritmética parlamentaria particularmente fragmentada.

La vicepresidenta indicó en declaraciones en los pasillos del Congreso, recogidas por El Mundo, que “nosotros incorporaremos las medidas que cuenten con consenso”, en referencia directa a los contenidos sociales que algunos partidos, como Sumar y otros socios de izquierda, defendieron para que el decreto incluyera salvaguardas adicionales en materia de vivienda. Según publicó El Mundo, María Jesús Montero recordó que en instancias anteriores ya se intentó aprobar un decreto-ley con medidas como el denominado “escudo social”, y que este incluyó, por ejemplo, la prohibición de desahucios para colectivos vulnerables. No obstante, esos intentos fracasaron debido al voto en contra del Partido Popular, Vox y Junts, por lo que la ministra insistió en que resulta imprescindible aglutinar el máximo consenso posible antes de introducir estas propuestas en el texto.

La vicepresidenta reconoció que aunque desde el Gobierno existiría la aspiración de avanzar en un paquete más amplio de medidas, la composición actual del Congreso marca los límites del debate. “En esta ocasión, tenemos que ser capaces de situar a aquellas que cuenten con la aprobación y con el consenso de los grupos. No vamos a tener un decreto ley para que otros grupos lo rechacen. Eso es lógico”, subrayó Montero, citada por El Mundo. Esta situación provoca que el Gobierno priorice aquellas actuaciones capaces de reunir suficiente respaldo parlamentario, dejando fuera propuestas impulsadas por formaciones progresistas, que no logran sumar los votos necesarios de otras formaciones.

El medio El Mundo detalló que, debido a los antecedentes de rechazo parlamentario, los intentos previos para sacar adelante decretos con amplias medidas de protección en vivienda no prosperaron por la oposición de distintos grupos, lo que hace improbable la inclusión de nuevas disposiciones vinculadas a alquileres o desahucios en la normativa que el Ejecutivo prepara frente al impacto económico derivado de la inestabilidad en Oriente Medio.

La dinámica parlamentaria, según consignó El Mundo, obliga al equipo de Hacienda a diseñar documentos centrados únicamente en aquellas medidas que puedan ser aprobadas por una mayoría suficiente, acotando los márgenes del Ejecutivo en la legislación de emergencia social y económica. Ante las reiteradas solicitudes de Sumar y otros socios para que se refuercen las garantías de vivienda, Montero sostuvo frente al propio Congreso que el Ejecutivo debe ceñirse a las propuestas que obtengan el visto bueno del mayor número posible de representantes, dado que el objetivo es evitar el rechazo y asegurar medidas pragmáticas y aplicables.

En función de lo relatado por El Mundo, las decisiones de la responsable de Hacienda sobre el alcance del decreto obedecen en última instancia a la necesidad de dotar de eficacia y viabilidad parlamentaria a la respuesta española ante los efectos económicos del conflicto en Irán, descartando, por falta de apoyos, colocar en estos textos los puntos más reclamados por los partidos progresistas en materia de vivienda.