La reciente denuncia de la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, sobre la instalación de un consejo de seguridad con presencia de las fuerzas de orden público y el ministerio público para hacer frente a los ataques en localidades como Santa Rita y San José de Palmar, ilustra el aumento de la tensión en el departamento. Según informó Europa Press, la región se enfrenta a un nuevo paro armado declarado de forma indefinida por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que afecta principalmente a la zona del Bajo Baudó, incluyendo los ríos Ocampadó, Ijuá y Orpúa.
El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN ha atribuido esta decisión a una supuesta complicidad entre grupos paramilitares, en concreto el Clan del Golfo comandado por Pablo Antonio Borja, conocido como ‘Piernas Limpias’, y el Ejército colombiano. Tal como publicó Europa Press, la guerrilla acusa a las tropas estatales de colaborar de forma activa con estos grupos armados, lo que, en palabras del ELN, representa una “clara alianza” contra las comunidades locales.
La declaración de paro armado indefinido emitida por el ELN responde, según la organización insurgente citada por Europa Press, a la necesidad de evitar incidentes violentos dado que consideran difícil distinguir embarcaciones civiles de aquellas utilizadas por grupos paramilitares en los ríos intervenidos. El comunicado del ELN sostiene que, hace una semana, las fuerzas del Clan del Golfo avanzaron a través de los ríos Ocampadó e Ijuá presuntamente con el apoyo del Ejército, lo que motivó la actual parálisis de las actividades fluviales y el refuerzo de las restricciones a la movilidad local.
Esta situación se enmarca dentro de una prolongada disputa territorial influida por la geografía estratégica del Chocó para las rutas del narcotráfico y el acceso al Pacífico. Según consignó Europa Press, la lucha armada entre guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales se ha intensificado especialmente en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó. Como resultado, miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en los últimos años, siendo Bajo Baudó una de las zonas más afectadas por los desplazamientos forzosos y la violencia.
En la víspera de la declaración del paro armado, el municipio de Santa Rita sufrió un ataque a una comisaría que, de acuerdo con información aportada por Europa Press, representa el tercer incidente violento consecutivo en la localidad. Otros municipios, como San José de Palmar, también registran episodios similares. Ante estos hechos, la gobernadora Córdoba utilizó sus redes sociales para denunciar el nuevo “constreñimiento ilegal” y subrayar la urgencia de una respuesta coordinada por parte de las autoridades departamentales y nacionales.
El historial delictivo reciente de la región incluye otros paros armados, como el ocurrido en diciembre del año anterior. Según reportó Europa Press, en aquella ocasión el ELN convocó una suspensión de actividades en respuesta a amenazas internacionales y arrestos de figuras políticas de relevancia. Ese paro, que duró 72 horas, dejó al menos cinco víctimas fatales, causó bloqueos en carreteras e implicó agresiones físicas, explosiones y restricciones de circulación para la población civil en más de una decena de departamentos.
Las acciones armadas periódicas del ELN y del Clan del Golfo siguen afectando la vida cotidiana de las comunidades asentadas en los márgenes de los principales ríos del oeste colombiano. El paro vigente impone limitaciones a la navegación y genera incertidumbre en poblaciones dependientes de la movilidad fluvial para sus actividades económicas y su acceso a servicios básicos, informó Europa Press.
Los llamamientos de la administración departamental para restaurar la normalidad se consolidan en paralelo al despliegue de dispositivos de seguridad aumentados por la reciente escalada conflictiva. Mientras tanto, persiste la preocupación por una posible extensión del conflicto a otros municipios y por el impacto acumulativo de los desplazamientos sobre la estabilidad social y el acceso a derechos fundamentales en el Chocó. Tal como publicó Europa Press, la correlación entre la presencia de actores armados, las restricciones impuestas por paros y los ataques a la infraestructura de orden público mantiene una presión constante sobre las autoridades y la sociedad civil regional.
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