Quito, 18 mar (EFE).- Las fuerzas de seguridad ecuatorianas detuvieron a 72 personas durante la tercera jornada del toque de queda nocturno que concluyó esta madrugada y que rige en cuatro provincias en las que se registra un alto índice de violencia que el Gobierno atribuye a la disputa entre grupos criminales.
Entre los arrestados figura un presunto integrante de la banda criminal Los Tiguerones, identificado como Gilmar Osvaldo G.V., alias Coqui, y considerado por las autoridades como un Individuo de Interés Penal Relevante (IIPR).
Asimismo, las fuerzas de seguridad capturaron a un Objetivo Criminal Priorizado, conocido con los alias de Wiwi o Teniente, durante un operativo realizado en un presunto centro de acopio de armas y logística supuestamente destinado a secuestros, extorsiones y sicariatos del grupo criminal Los Choneros, ubicado en la ciudad costera de Guayaquil, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
Durante estas operaciones también se incautaron cinco armas blancas y de fuego, se registraron 115 vehículos y se recuperaron otros tres, se retuvieron once motocicletas y se destruyó un objetivo militar "del narcoterrorismo" en la provincia de Los Ríos; una intervención que se ejecutó en presencia del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
El toque de queda comenzó el pasado domingo en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, entre las 23:00 y 05:00 hora local (04:00 y 10:00 GMT).
Esta disposición se enmarca dentro de lo que el Gobierno ha definido como "una nueva fase" de la "guerra" contra las organizaciones criminales, declarada en 2024 por el presidente Daniel Noboa, en respuesta al incremento sin precedentes de la violencia que ha situado al país con la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica.
Según datos oficiales, únicamente en 2025 se contabilizaron 9.235 asesinatos, la cifra más alta registrada hasta ahora en la historia del país.
La medida se mantendrá en vigor hasta el 31 de marzo y, durante el horario de restricción, únicamente pueden movilizarse militares, policías y personal sanitario de emergencia.
Las autoridades han advertido que cualquier otra persona que permanezca en la vía pública sin autorización podrá ser detenida, incluidos los periodistas, a quienes se les impide cubrir o dar seguimiento a los operativos de las fuerzas estatales.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo sostiene que desarrolla operativos militares contra la minería ilegal en áreas limítrofes con Perú y Colombia.
Estas acciones han provocado fricciones con este último país, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciara el lunes que estaban siendo bombardeados desde territorio ecuatoriano, una acusación que Noboa rechazó.
El presidente Petro aseguró posteriormente que una bomba sin explotar fue localizada cerca de la frontera con Ecuador y que pertenecía al Ejército ecuatoriano, por lo que ambas administraciones mantuvieron este miércoles una reunión para intercambiar y verificar la información.
El Gobierno ecuatoriano señaló que se coordinó la conformación de una Comisión Técnica Binacional para verificar in situ los motivos por los que el explosivo apareció en Colombia.
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