Bruselas propone simplificar y digitalizar la creación de empresas para que puedan operar en 48 horas

La introducción de procedimientos electrónicos y la eliminación de requisitos tradicionales como la presencia física y la documentación en papel para la constitución y gestión de empresas en la Unión Europea representan un cambio significativo en el entorno empresarial del continente. Esta transformación, según reportó la Comisión Europea, permitirá que las nuevas sociedades puedan establecerse en un plazo máximo de 48 horas y sin necesidad de aportar un capital mínimo obligatorio, gracias a la iniciativa presentada este miércoles en Bruselas.

De acuerdo con la información difundida por la Comisión Europea, el denominado 'régimen 28' introduce un sistema opcional que funcionará de manera paralela a las regulaciones vigentes en los Estados miembro. Este régimen permitirá a las empresas optar por un conjunto de reglas armonizadas bajo una nueva figura jurídica creada a nivel europeo, denominada 'EU Inc'. El objetivo declarado de esta propuesta es simplificar los trámites para emprendedores y reducir los costes asociados a la creación y gestión de sociedades en el mercado único. Hasta ahora, las empresas deben adaptarse a normativas nacionales diversas y a múltiples formas jurídicas, lo que, como manifestó el Ejecutivo comunitario, genera gastos adicionales y retrasos en sus operaciones.

El vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, subrayó que "durante demasiado tiempo, las empresas europeas han tenido que enfrentarse a la complejidad de 27 sistemas distintos para realizar trámites básicos como registrarse o expandirse a nuevos mercados. Han perdido tiempo y dinero en abogados, notarios o traducciones. EU Inc. pone fin a esta situación", según consignó el medio oficial.

Entre las características principales de la propuesta se encuentra la digitalización integral de todos los procedimientos relacionados con el ciclo de vida empresarial. En este nuevo modelo, el registro de la empresa se podrá realizar a través de una única interfaz europea, conectada a los registros mercantiles de los distintos países. Con ello, la información se presentará una sola vez y será válida para trámites posteriores relacionados con el desarrollo de la empresa. El comisario de Democracia, Justicia y Estado de derecho, Michael McGrath, señaló que esta medida "reducirá las cargas burocráticas y permitirá centrarse en hacer crecer el negocio", además de apoyar la gestión de las empresas durante toda su existencia y contribuir a la retención de talento e inversión en el territorio europeo.

El intercambio automatizado de datos cubrirá, entre otros aspectos, la obtención del número de identificación fiscal, la inscripción en el registro de titularidad real, la seguridad social y el registro para el IVA. Esto evitará que las empresas deban presentar repetidamente la misma información ante diversas autoridades. Además, la Comisión Europea adelantó la creación, en una etapa posterior, de un registro central europeo para estas nuevas sociedades, aunque la verificación de la documentación seguirá correspondiendo a los entes nacionales, ya sean administrativos, judiciales o notariales, que tendrán que resolver en los plazos establecidos.

La iniciativa también fija un límite máximo de 100 euros para los gastos de constitución simplificada de la sociedad, siempre que se utilice documentación estándar definida por la autoridad europea. Este tope representa un importante descenso respecto a las modalidades de registro existentes en la actualidad. Simultáneamente, se elimina la obligatoriedad de un capital social mínimo –que ahora podría ser de cero euros– y se abre la posibilidad de emitir acciones sin un valor nominal predefinido, lo que otorga mayor flexibilidad a empresas de reciente creación o en fases de crecimiento. La propuesta, detalló la Comisión, contiene cláusulas de protección para acreedores, apoyadas en pruebas de solvencia y de balance, que deberán certificar los administradores antes de acordar distribuciones de beneficios.

En términos de funcionamiento interno, el reglamento plantea cambios que permiten la existencia de distintas clases de acciones con derechos económicos o de voto diferenciados, y simplifica la transferencia de participaciones. De acuerdo con la información difundida por la Comisión Europea, se elimina la obligación de utilizar intermediarios para la transmisión de acciones, aunque las compañías pueden continuar recibiendo ese tipo de asesoría si así lo deciden. Además, habilita a estas sociedades a cotizar en bolsa, siempre que cumplan la normativa de cada mercado nacional.

La iniciativa incorpora, además, un marco común para los planes de acciones destinados a empleados a nivel europeo. Se armoniza el momento de tributación de estos títulos, estableciendo que los impuestos correspondientes se aplicarán en el momento de la venta de las acciones, evitando imposiciones previas, sin modificar los regímenes fiscales de cada Estado miembro.

Respecto al cierre de empresas, la propuesta introduce un procedimiento simplificado para la insolvencia, dirigido especialmente a startups tecnológicas o innovadoras acogidas a este régimen. El proceso de liquidación podrá iniciarse en caso de incapacidad de pago generalizada y se efectuará usando formularios estándar y comunicaciones electrónicas, sin requerir siempre la intervención de abogados. La duración estimada del proceso, desde la solicitud, es de seis meses y podrán organizarse subastas judiciales digitales para la venta de activos a través del portal europeo de justicia electrónica.

Desde Bruselas aclararon que esta nueva fórmula legal no sustituirá a las figuras existentes en los países, ni modificará cuestiones relativas a la fiscalidad, los derechos laborales, o la seguridad social, que continuarán rigiéndose por las leyes del país donde la empresa realiza sus actividades o donde se desempeñan los trabajadores. Según puntualizó la Comisión, el texto normativo no podrá emplearse para eludir los derechos de los trabajadores y seguirá respetando la participación de los empleados en los órganos de dirección allí donde este requisito esté recogido en la legislación nacional. Adicionalmente, la propuesta enumera una serie de reglas que impiden la imposición de requisitos adicionales a estas sociedades cuando se trasladen o actúen en otro país europeo, impidiendo que se les exijan condiciones no pedidas a las empresas nacionales equivalentes.

Junto a la propuesta legislativa, el órgano ejecutivo de la UE presentó otras medidas encaminadas a acrecentar la digitalización de los trámites entre el sector privado y la administración pública, facilitar el acceso a la financiación y fomentar la movilidad del talento profesional. Entre estas se cuentan el lanzamiento de una cartera digital empresarial europea, la revisión del régimen de capital riesgo y la posibilidad de habilitar mecanismos que favorezcan el teletrabajo transfronterizo en startups y empresas en expansión. La Comisión recomendó también que los Estados miembros consideren la creación de tribunales o salas especializadas para aplicar de forma coherente la nueva normativa.

Las estimaciones oficiales difundidas por la Comisión Europea indican que este marco legal podría significar una reducción de cargas administrativas de entre 328 millones y 440 millones de euros en los próximos diez años, beneficiando potencialmente a alrededor de 300.000 nuevas sociedades durante una década y generando, si el modelo se amplía, cerca de 1,6 millones de empleos relacionados.

El expediente presentado inicia ahora su recorrido legislativo en el Parlamento Europeo y en el Consejo, que analizarán y negociarán el texto mediante el procedimiento ordinario, con la meta de alcanzar un acuerdo político antes de finalizar este año.