Mónica García ve en la reforma de la ley de profesiones sanitarias una vía para "seguir negociando" mejoras

El inicio de la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias surge como uno de los compromisos adquiridos recientemente entre el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica, marcando un paso clave para atender reivindicaciones históricas de los trabajadores sanitarios. Según indicó este martes Mónica García, ministra de Sanidad, el nuevo trámite de consulta pública representa una oportunidad para extender el proceso de negociación y diálogo sobre el desarrollo profesional en el sector sanitario. Así lo detalló el medio en referencia a las declaraciones previas de García antes de su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

El periódico informó que la ministra calificó como “muy buena noticia” el comienzo de la reforma normativa al considerar que habilita el espacio legal y político para avanzar en la modernización de legislaciones que, según sus palabras, llevan “encasilladas más de 20 años”. Además, recalcó que desde su llegada al Gobierno y al Ministerio de Sanidad se propuso rescatar las normas obsoletas, entre ellas el Estatuto Marco y la propia Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, para dar paso a cambios que respondan a las demandas de los profesionales.

Según destacó García en declaraciones recogidas por el medio, la negociación del Estatuto Marco, que regula una parte importante de las condiciones laborales de los sanitarios, ha alcanzado sus “límites” tanto legales como competenciales para atender las peticiones consideradas “legítimas” por los trabajadores del sector. Ante este escenario, sostuvo que el trámite de la nueva ley surge para abrir “otras vías de cauce de mejora”, planteando alternativas regulatorias orientadas a resolver problemáticas que permanecen sin respuesta desde hace décadas.

El arranque del procedimiento de consulta pública, indicó la ministra, pretende ofrecer soluciones a muchas de las demandas estancadas, así como fortalecer los procesos de diálogo y negociación en los que participan los diferentes colectivos sanitarios. Sanidad remarcó que estos avances forman parte de un proceso conjunto que busca “seguir negociando” y “seguir dialogando” mejoras del desarrollo profesional, involucrando a todos los actores del ámbito sanitario.

Respecto al conflicto con el Comité de Huelga médico, que sostiene movilizaciones en todo el país una semana al mes hasta el mes de junio, García expresó su postura sobre la posibilidad de que la reforma propicie una mayor aproximación entre las partes. Según publicó el medio, la ministra aseguró que “diálogo y acercamiento ha habido en todo momento” con los representantes de los profesionales en huelga. Añadió que, pese al incremento de medidas legislativas, acuerdos y espacios de conversación, una parte del Comité de Huelga ha optado por mantener el conflicto. En sus palabras, “yo lo siento mucho, pero a más acuerdos, a más diálogo, a más medidas transformadoras, a más leyes que abrimos, hay una parte del Comité de Huelga que ha decidido ponerle más conflicto y yo aquí niego la mayor, es que necesitamos todavía abrir más puertas”, enfatizando así su llamado a continuar impulsando iniciativas para la resolución de diferencias.

El medio añadió que García puntualizó que la vía del Estatuto Marco ya se encuentra “cerrada”, lo que sitúa el foco en otros espacios institucionales donde deben adoptarse decisiones para avanzar con las mejoras. En este sentido, subrayó que las comunidades autónomas ostentan “la llave” para implementar y concretar las reformas impulsadas por el Ministerio de Sanidad y trasladadas al marco jurídico nacional.

Según consignó la publicación, la ministra insistió en que las administraciones autonómicas deben asumir la responsabilidad de materializar progresos en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Recalcó que “necesitamos que las comunidades se hagan cargo de sus competencias. Y hacerse cargo de sus competencias es materializar la mejora de las condiciones laborales de los profesionales”, concluyó García.

La reforma de la ley, en este contexto, aparece como un movimiento orientado a superar obstáculos legales y administrativos que limitaron la respuesta a viejas reivindicaciones del personal sanitario, a la vez que fomenta la colaboración entre el Gobierno central y los interlocutores autonómicos y profesionales para modernizar el sistema de salud. Según reportó el medio, esta actualización normativa también persigue fortalecer el marco de derechos y obligaciones del personal sanitario y aumentar la eficacia de la gestión de recursos humanos en el sector, reafirmando la perspectiva de diálogo continuo con las organizaciones que representan a los profesionales.