El Gobierno de El Salvador propone una reforma constitucional para introducir la cadena perpetua

En la actualidad, el régimen de excepción implementado en El Salvador se extiende desde hace cuatro años, permitiendo que las fuerzas de seguridad ejerzan facultades extraordinarias en la lucha contra la criminalidad. En este contexto, la administración encabezada por Nayib Bukele ha presentado ante la Asamblea Legislativa una propuesta que busca introducir la cadena perpetua en el marco legal del país, según consignó el medio Europa Press.

La iniciativa presentada por el Gobierno salvadoreño implica una reforma a la Constitución nacional para permitir la imposición de la cadena perpetua específicamente en casos de homicidio, violación y terrorismo. De acuerdo con información proporcionada por Europa Press, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, acompañado del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, detalló que la propuesta se centra en la modificación del segundo inciso del artículo 27 de la Constitución. En la redacción actual, este artículo prohíbe la presión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La modificación que plantea el Ejecutivo incluiría la salvedad de que “solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”.

El alcance de la iniciativa no se limita únicamente a la reforma constitucional, sino que comprende también un paquete de ajustes legislativos. Según explicó Europa Press, el plan contempla cambios al Código Penal, a la Ley Penal Juvenil, a la Ley contra Actos de Terrorismo y a otras disposiciones pertinentes, con el objetivo de homologar las sanciones y asegurar la aplicación efectiva de la cadena perpetua en los casos indicados.

Durante la presentación de la propuesta, Villatoro argumentó que esta medida responde a las condiciones derivadas del estado de excepción vigente en el país, que originalmente se impulsó para hacer frente a las organizaciones criminales. Según reportó Europa Press, el ministro declaró: “Hemos tenido todos los embates y todos los ataques de todas estas organizaciones criminales también, que defienden a criminales violentos, donde se nos ha cuestionado el uso legítimo de las herramientas de un Estado de derecho para poder brindarle paz y seguridad a los salvadoreños”.

La reforma se presenta como una respuesta directa a las demandas de seguridad de la ciudadanía y como una estrategia para disuadir la comisión de delitos graves. Europa Press citó a Villatoro cuando sostuvo que la “guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene”, así como su afirmación de que la meta es evitar la presencia de homicidas y violadores en las comunidades. Villatoro explicó que la cadena perpetua representa una política coherente con lo que denominó “el rescate mismo del derecho penal”.

El presidente Nayib Bukele se pronunció de inmediato sobre la propuesta a través de sus perfiles en redes sociales. Reproduciendo palabras publicadas por Europa Press, Bukele planteó: “Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”.

Desde la declaración del régimen de excepción, diferentes organismos y representantes de la sociedad civil han mostrado preocupación por la contundencia de las medidas adoptadas, incluyendo la aplicación masiva de detenciones y la aplicación de castigos severos. Sin embargo, representantes del Ejecutivo han insistido en la legitimidad del uso del régimen excepcional como herramienta para mejorar las condiciones de seguridad en todo el territorio.

La propuesta, cuya discusión recae ahora en la Asamblea Legislativa, reabre el debate acerca de los límites a la sanción penal en El Salvador. En los últimos años, el país ha sido escenario de intensas controversias judiciales y políticas sobre la constitucionalidad de las sanciones, el debido proceso y la efectividad de las penas para disuadir el crimen organizado y los delitos de alto impacto.

El medio Europa Press indicó que la aprobación de una reforma constitucional de este alcance requeriría mayorías calificadas y posteriores períodos de revisión, conforme al diseño institucional salvadoreño. La atención ahora se dirige tanto al proceso legislativo como a las reacciones políticas y sociales que pudiera suscitar la adopción de la cadena perpetua para los delitos mencionados.

Las reformas sugeridas por el Ejecutivo buscan adaptar el sistema jurídico a las nuevas realidades en materia de seguridad, según expusieron los funcionarios en las comparecencias recientes. La administración de Bukele ha destacado la utilidad práctica de reforzar penas como mecanismo para asegurar la paz interna y como componente clave en la política estatal de “tolerancia cero” ante los delitos que generan mayor alarma social, un posicionamiento que, según Europa Press, mantiene al país en un punto de inflexión alrededor de los derechos y garantías fundamentales.

La discusión que se abre en El Salvador plantea posibles consecuencias sobre el sistema de justicia penal y la protección de derechos, según se desprende del seguimiento de los acontecimientos hechos por Europa Press. La reforma y el paquete legislativo asociado continuarán atravesando etapas de análisis parlamentario y debate público, lo que permitirá observar la evolución institucional ante los desafíos que en materia de seguridad enfrenta la nación centroamericana.