La decisión de liberar los primeros 3,75 millones de barriles de petróleo en España implica la disposición de reservas equivalentes a cuatro días de consumo nacional. Según detalló la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, este paso se enmarca dentro del acuerdo multilateral coordinado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para tratar de estabilizar los precios de los combustibles, luego de que los 32 países miembros de la organización pactaran la salida conjunta de 400 millones de barriles del mercado internacional. Tal como informó la agencia EFE, España cumple así con el primer tramo de su compromiso total de liberar 11,5 millones de barriles, cifra que representa poco más de 12 días de consumo interno.
La medida, según informó EFE, responde al acuerdo adoptado por la AIE el 11 de marzo, que fijó la mencionada cantidad a liberar de modo escalonado. Para la primera etapa, España aportará los citados 3,75 millones de barriles durante un plazo de 15 días. La segunda fase, destinada a alcanzar el resto del compromiso —8 millones de barriles, equivalentes a 8,3 días de suministro habitual—, se implementará en los 90 días posteriores, como establece la coordinación internacional. La orden de liberar esta segunda cuota corresponderá al Ministerio para la Transición Ecológica, que deberá definir sus modalidades y condiciones en coordinación con el sector petrolero, siguiendo la pauta acordada en el entorno multilateral de la AIE.
La ministra Aagesen, citada por EFE, señaló que este despliegue se producirá bajo la supervisión directa de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), entidad dependiente de su ministerio. CORES realizará el seguimiento y verificará la trazabilidad de los productos puestos a disposición para el mercado durante todo el proceso. Además, Aagesen indicó que mantendría reuniones con representantes tanto de CORES como de los principales operadores petrolíferos para ajustar detalles y asegurar la transparencia en la aplicación de la medida.
La desagregación de la cantidad total de barriles que el país pondrá progresivamente en circulación muestra una distribución por tipo de producto energético. Según publicó EFE, del total de 11,5 millones de barriles de crudo, aproximadamente 2,2 millones corresponden a gasolinas, mientras que la mayor parte —9 millones de barriles— son de destilados medios, dentro de los que se encuentran los gasóleos de automoción, otros tipos de gasóleo y querosenos de uso industrial y doméstico. El resto, unos 297.000 barriles, será fuelóleo. Este desglose permite abordar las necesidades específicas de diferentes sectores y ajusta la medida a la demanda real de productos petrolíferos en los distintos ámbitos de la economía española.
En cuanto al fundamento normativo de la operación, EFE detalló que España, de conformidad con los compromisos multilaterales adquiridos tanto en el entorno de la AIE como en la regulación europea, debe mantener una reserva estratégica de productos derivados del petróleo equivalente a 92 días del volumen de ventas o consumo registrado durante el año anterior. En la actualidad, CORES gestiona directamente reservas equivalentes a 42 días de consumo, mientras que el resto —es decir, las existencias para otros 50 días— permanece a cargo de la industria privada.
Durante el anuncio, la vicepresidenta tercera insistió en la naturaleza coordinada y multilateral de esta medida, en la que participan los miembros de la AIE con el objetivo de reducir la volatilidad en los mercados internacionales de materias primas energéticas. Según detalló EFE, España ha seguido el procedimiento acordado para esta intervención, que requiere el cumplimiento de las obligaciones en fases y bajo control de las autoridades nacionales y europeas, así como de los órganos técnicos especializados como CORES.
El seguimiento de la medida y la colaboración entre la administración pública y las empresas del sector energético resultan fundamentales para garantizar la disponibilidad y adecuada utilización de las reservas estratégicas, en línea con el compromiso del país ante la AIE. Este procedimiento busca limitar el impacto de posibles crisis coyunturales en el suministro energético, evitar presiones adicionales sobre los precios al consumidor y contribuir a la estabilidad del sector y de la economía en su conjunto, como recogió EFE.
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