El proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), que solo cuenta con un avance del 38%, ha sido señalado como una pieza clave para atender vulnerabilidades en la infraestructura energética de Perú. La necesidad de expandir la red gasífera y establecer una planta regasificadora en Melchorita surge ante el reciente desabastecimiento nacional tras la detonación ocurrida el 1 de marzo en el yacimiento de Camisea. Según informó la agencia Andina, el presidente interino del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Aurelio Ochoa, explicó que la Transportadora de Gas del Perú (TGP) se encuentra bajo investigación y podría enfrentar sanciones por la situación.
Ochoa indicó a ‘Económika’, citado por la agencia Andina, que no se descarta la posibilidad de una sanción para TGP si se determina que hubo negligencia en la operación de la planta. “Lo ocurrido no es fortuito: pudo existir alguna negligencia. Todo ello está bajo investigación y, de ser el caso, definitivamente habrá una sanción”, afirmó el funcionario. El episodio provocó una interrupción relevante en el suministro de gas a nivel nacional, lo que reavivó el debate sobre la necesidad de contar con sistemas redundantes y medidas preventivas ante emergencias.
El titular interino de Osinergmin abordó el dilema que supone la existencia de un único gasoducto para el transporte de gas natural y otro para líquidos en la zona de Camisea. Señaló que, aunque el contrato obliga a TGP a realizar las instalaciones necesarias y a garantizar el mantenimiento del sistema, la expansión de la infraestructura corresponde al Estado peruano. Tal como detalló Ochoa y según publicó la agencia Andina, la redundancia de ductos no se abordó en administraciones previas porque el gobierno del momento retiró esa obligación a la concesionaria.
La respuesta ante la emergencia incluyó la participación coordinada del Ejecutivo, Osinergmin, TGP y la Fuerza Aérea del país, que transportó repuestos para restaurar los tramos afectados del gasoducto. Ochoa destacó que este trabajo conjunto permitió una rápida solución parcial, pero calificó las consecuencias del desabastecimiento como notables, sobre todo debido a la coyuntura internacional marcada por el conflicto en Oriente Próximo.
El escenario de vulnerabilidad energética revelado por este incidente llevó a Osinergmin a proponer medidas para disminuir el riesgo de crisis futuras. Entre las acciones sugeridas figuran la reanudación de la construcción del GSP, la instauración de una infraestructura redundante tanto para el gas natural como para el líquido, y la construcción de una planta regasificadora en Melchorita, en la provincia de Cañete, con el fin de contar con la capacidad de importar gas natural licuado si se presentan nuevas interrupciones en el sistema nacional.
En relación al perfil empresarial de TGP, el medio Andina consignó que la empresa cuenta con la participación de tres actores principales: el fondo estadounidense EIG, la petrolera estatal argelina Sonatrach y la firma española Enagás. Según el reciente informe anual de Enagás, esta última poseía el 28,95% del capital social de TGP. Al mismo tiempo, Enagás continúa enfrentando litigios ante el Estado peruano por las dificultades para repatriar dividendos generados en TGP, esperando un fallo favorable en el futuro.
Los resultados financieros de TGP en 2024 reflejaron una reducción en ingresos y beneficio neto. La compañía registró ganancias de 269,7 millones de dólares (234,9 millones de euros) y facturó 768,5 millones de dólares (669,4 millones de euros), con variaciones negativas del 7,4% y el 2%, respectivamente, según reportes recogidos por Andina.
La investigación en curso analizará las causas del incidente en la planta de Camisea y definirá las responsabilidades operacionales. Osinergmin advirtió la necesidad de reforzar la planificación y la inversión estatal en infraestructura energética, para evitar que situaciones similares pongan en riesgo el abastecimiento nacional de hidrocarburos en el futuro, conforme consignó la agencia Andina.
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