
El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora anunció la apertura de un expediente sancionador contra La Falange tras determinar que, durante una manifestación celebrada el 12 de octubre de 2025 en Vitoria-Gasteiz, se exhibieron banderas, expresiones y consignas que pueden vulnerar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. Según informó el medio, la actuación de Gogora contempla la evaluación de posibles sanciones económicas y la espera de alegaciones por parte de la organización tras notificársele el proceso abierto.
De acuerdo con el comunicado divulgado por el organismo, dependiente del Gobierno Vasco, las diligencias informativas previas se iniciaron el 27 de octubre del año pasado, como consecuencia de los hechos observados durante la manifestación convocada por La Falange en la capital de Álava. Tal como publicó la fuente, el análisis de estas diligencias llevó a la conclusión de que las conductas detectadas podrían suponer una infracción de la normativa aplicable en el territorio.
El medio detalló que la Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi establece en su artículo 47.3 que se consideran infracciones graves el uso o la emisión de expresiones ofensivas, vejatorias o que atenten contra la dignidad de las víctimas tanto de la Guerra Civil como de la dictadura franquista, así como la de sus familiares, en diferentes ámbitos, incluidos los discursos públicos, plataformas digitales y medios de comunicación. Además, especifica como infracciones graves la organización y realización de actos u homenajes cuyo propósito sea conmemorar o exaltar de manera individual o colectiva el golpe militar de 1936, las celebraciones relacionadas con el 18 de julio y cualquier tipo de exaltación del franquismo, sus dirigentes o las organizaciones vinculadas a ese régimen.
Según consignó el medio, la mencionada ley establece sanciones económicas en casos de infracciones graves, que pueden oscilar entre los 2.001 y los 10.000 euros. El Instituto de la Memoria realizó estas actuaciones tras evaluar que, durante la manifestación del 12 de octubre, se llevaron a cabo acciones que podrían encajar en las conductas penadas por la normativa vasca.
Tras comunicar a La Falange la apertura del expediente, Gogora abrió el plazo legalmente previsto para que la organización presente sus alegaciones. Este trámite permitirá que la entidad convocante de la marcha pueda defender su actuación ante la autoridad competente antes de que se adopte cualquier decisión sobre una eventual sanción. El medio informó que el proceso sancionador continúa en curso y que el Instituto de la Memoria analizará los argumentos presentados antes de resolver sobre la posible imposición de una multa.
Las autoridades incluyeron en su comunicado recordatorios sobre los límites legales aplicables a la libertad de expresión en contextos públicos, en especial cuando existen riesgos de ofensa o menoscabo a la memoria y dignidad de las víctimas del franquismo y sus familias. El expediente supone una de las primeras actuaciones destacadas en aplicación de la Ley 9/2023 desde su entrada en vigor, lo que pone en foco las obligaciones y restricciones que deben observar las organizaciones al convocar eventos en el espacio público en Euskadi.
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