El Gobierno reconoce la necesidad de nuevas herramientas "eficaces" para un trato "digno" a personas con discapacidad

Durante el encuentro celebrado en el Congreso de los Diputados, la urgencia de implementar protocolos específicos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue uno de los puntos destacados por Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y experta del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Peláez instó a que estos procedimientos aseguren la detección, identificación y asistencia adecuada para mujeres y niñas con discapacidad que enfrentan situaciones de trata y explotación sexual, abarcando también casos de prostitución. A partir de esta demanda, el debate en el Congreso se centró en la necesidad de reforzar medidas de protección, prevención y acceso a recursos específicos para este colectivo.

Según publicó el medio Europa Press, la conferencia temática sobre la trata y explotación de mujeres y niñas con discapacidad sirvió de escenario para que diferentes responsables del Gobierno y representantes institucionales analizaran los desafíos actuales y las estrategias en desarrollo. Durante su intervención, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, destacó el progreso conseguido en la atención de personas con discapacidad, reconociendo el avance pero también subrayando las carencias detectadas en cuanto a herramientas verdaderamente eficaces. Calvo enfatizó que la atención debe regirse por el reconocimiento de derechos y el trato digno, y no únicamente por el enfoque de la compasión.

Aina Calvo señaló, tal como consignó Europa Press, que la labor policial de lucha contra la trata de personas representa un reto considerable, pero admitió que la magnitud de la tarea pendiente aún supera los esfuerzos realizados hasta el momento. Además de la intervención directa a las víctimas, Calvo subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención, la detección temprana de casos, la protección efectiva y la reparación del daño causado por estas violencias. Remarcó, además, la necesidad de garantizar una adecuada canalización y derivación desde las fuerzas policiales, con el fin de que las personas con discapacidad accedan sin barreras a los apoyos y recursos especializados.

Por otra parte, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, anunció que el Gobierno está finalizando el primer estudio en España dedicado a analizar de forma integral las violencias específicas que sufren las mujeres con discapacidad. Según detalló Martín Blanco ante la Cámara, este informe empleará una metodología mixta: combinará datos cuantitativos procedentes de la macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Igualdad, ampliada con preguntas adaptadas, y análisis cualitativos para comprender a fondo la realidad de quienes padecen mayores niveles de abuso y maltrato. El objetivo es llegar a aquellas mujeres que presentan mayores necesidades de apoyo y que, históricamente, han enfrentado obstáculos para visibilizar su situación y recibir ayuda.

Jesús Martín Blanco también resaltó, según informó Europa Press, que se están reforzando los programas de formación y sensibilización especialmente dirigidos a mujeres con discapacidad. Estos iniciativas ayudan a identificar y denunciar episodios de violencia con mayor claridad. Citó el caso de mujeres que no logran reconocer como agresiones ciertos comportamientos inadecuados dentro de su entorno, enfatizando la importancia de ofrecer información sobre sus derechos y los mecanismos para solicitar ayuda.

Durante la jornada, el enfoque de género y los derechos humanos centraron parte de las intervenciones. Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, advirtió que es fundamental abordar la trata de personas desde una perspectiva interseccional, considerando tanto el género como la discapacidad, para asegurar que ninguna mujer quede fuera del sistema de protección. Martínez Perza explicó que la trata con fines de explotación sexual está intrínsecamente ligada a la violencia estructural derivada del machismo y de sistemas patriarcales, que convierten a mujeres y niñas en herramientas de explotación económica. Advirtió que las heridas físicas y psicológicas que deja la trata perduran y requieren respuestas más sostenidas por parte del Estado.

El medio Europa Press reportó que Martínez Perza informó sobre la elaboración de la Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, actualmente en desarrollo. Esta legislación contemplará medidas específicas para abordar la explotación sexual y prevé garantizar una atención sensible a la diversidad, incorporando el enfoque interseccional en sus artículos y protocolos. Además, Martínez Perza recordó que servicios telefónicos como el 016, especializados en atención a víctimas, son accesibles para personas con discapacidad, gracias a aplicaciones y herramientas tecnológicas adaptadas que aseguran la accesibilidad universal de estos recursos.

En el plano institucional, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, expresó su apoyo a las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad a través de un mensaje en vídeo difundido durante la jornada. Armengol agradeció que el Parlamento haya sido el espacio elegido para la celebración del evento y valoró el rigor del trabajo que llevan a cabo las entidades participantes, centradas en combatir la múltiple discriminación y en afianzar la defensa no solo de las propias afectadas, sino también de sus familias. En su intervención, puso especial énfasis en la necesidad de afrontar de manera urgente la problemática de la trata y la explotación, aludiendo a la importancia de abordar el fenómeno desde diversos frentes: legislativos, de detección, protección y atención social especializada a las víctimas.

Las distintas aportaciones realizadas durante la conferencia coincidieron, según detalló Europa Press, en la importancia de avanzar hacia un sistema de garantías más sólido y efectivo que responda a las demandas específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. Tanto la Fundación CERMI Mujeres como responsables gubernamentales y expertos presentes plantearon que los esfuerzos actuales deben concentrarse en el diseño y ejecución de protocolos que aseguren la detección temprana, la atención adecuada y la reparación integral de los daños sufridos. Además, reclamaron que la prevención y la formación lleguen hasta los entornos más vulnerables, donde persisten altos niveles de abuso y escasa visibilidad.

Se evidenció, tras los diferentes testimonios y exposiciones, que los recursos disponibles continúan siendo insuficientes para afrontar la dimensión del problema y que es indispensable una mayor implicación de todos los poderes públicos, tanto legislativos como ejecutivos y judiciales, para elaborar respuestas acordes a la complejidad de la situación. Europa Press consignó que entre las medidas prioritarias se contempla maximizar la accesibilidad de los servicios de atención a víctimas, adaptando los materiales, los canales de comunicación y los procedimientos de derivación para superar las barreras que enfrentan especialmente quienes presentan discapacidad intelectual o psicosocial.

En cuanto al contexto legal y protocolario, Europa Press indicó que la articulación de una estrategia que incluya manuales y procedimientos claros tanto para los cuerpos policiales como para los servicios sociales y sanitarios aparece como objetivo clave. Así, se pretende garantizar la protección y la obtención de justicia para estas víctimas, quienes actualmente sufren invisibilidad y desprotección ante los circuitos institucionales convencionales.

El Gobierno, en voz de diferentes portavoces en la conferencia, reconoció que resulta imprescindible desplegar nuevas herramientas que logren un trato respetuoso y adaptado a la realidad de las personas con discapacidad, erradicando de raíz el enfoque asistencialista y avanzando hacia la afirmación y garantía de derechos. Entre las prioridades enumeradas, figuraron la actualización permanente del personal involucrado en la intervención y la preparación de campañas de sensibilización y prevención orientadas específicamente a las mujeres y niñas con discapacidad.

La jornada en el Congreso, coordinada por la Fundación CERMI Mujeres y con la presencia de representantes de diversos organismos públicos, puso en el centro de la agenda la problemática múltiple que enfrentan mujeres y niñas con discapacidad ante la trata y la explotación. Además, remarcó la necesidad de continuar el trabajo en red, de mantener la presión sobre los responsables políticos y de consolidar proyectos normativos y sociales que permitan avanzar en la erradicación de estas formas de violencia y discriminación.